El kirchnerismo da por hecho que hoy la reforma del Consejo será ley
El kirchnerismo intentará sancionar hoy uno de los proyectos más criticados de la reforma judicial sobre la que avanza.
Ya se aprobó la creación de nuevas Cámaras de Casación y límites a cautelares, con importantes consecuencias para los ciudadanos, ahora asegura contar con los votos para aprobar los cambios en la Magistratura y otros tres proyectos más, con consecuencias no menores.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El kirchnerismo se dispone a avanzar hoy en el Senado
con la controvertida reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo, con el
tratamiento de cuatro de los seis proyectos que integran el paquete legislativo
y cuya constitucionalidad fue cuestionada ayer en duros términos por juristas,
magistrados y organizaciones profesionales y no gubernamentales convocados a la
Cámara alta por los bloques de la oposición.
El objetivo más anhelado por el oficialismo es la reforma del Consejo de la
Magistratura, proyecto que convertirá en ley si alcanza 37 votos
afirmativos.
Ayer, fuentes kirchneristas se mostraban confiadas en que repetirán las 39
voluntades obtenidas el 17 de abril último, cuando la iniciativa se discutió por
primera vez en la Cámara alta. Aquel texto fue modificado en Diputados, por lo
que volvió al Senado en segunda revisión.
El mismo destino, aunque sin la exigencia de una mayoría agravada, quiere
darle el oficialismo a las iniciativas de acceso por Internet a las
declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Judicial y a las sentencias
de los juzgados nacionales. El kirchnerismo también pretende aprobar el régimen
de acceso de personal a la Justicia por concurso y sorteo, pero como esta
iniciativa será modificada deberá volver a la Cámara baja en segunda
revisión.
La ofensiva judicial kirchnerista en el Senado se completará con el acuerdo
a una lista de 21 conjueces para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal
de Comodoro Rivadavia, tribunal de revisión de todas las causas de corrupción de
las provincias de la Patagonia austral. La nómina está plagada de funcionarios
oficialistas, en su mayoría provenientes de Santa Cruz.
En un último intento por detener el embate oficialista sobre el Poder
Judicial, la oposición organizó ayer una reunión en la que participaron
camaristas federales, miembros del Consejo de la Magistratura y de la Auditoría
General de la Nación (AGN), políticos y referentes de organizaciones civiles y
no gubernamentales en la que se escucharon fuertes advertencias sobre las
consecuencias del paquete legislativo pergeñado por la administración de
Cristina Fernández.
Las críticas más fuertes apuntaron al proyecto que amplía de 13 a 19
miembros el Consejo de la Magistratura, relaja las mayorías para designar y
destituir jueces (se reducen de dos tercios a la mitad más uno de los miembros)
e impone la elección por voto popular de los representantes de los estamentos de
jueces, abogados y académicos.
"Esta ley es, sin dudas, una manera de hacer fraude a la ley. La ley de
cobertura es la del Consejo de la Magistratura, la ley defraudada es la
Constitución Nacional", denunció Gabriela Medina, presidente de la Cámara Civil
y Comercial. Su colega de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal,
destacó, por su parte, que con la sanción de esta reforma "con apenas diez
miembros, que encima pueden no ser abogados, se puede acusar y suspender a un
juez de su cargo". Agregó además que "con esto se afecta la inamovilidad de los
jueces".
También expusieron el consejero por los abogados Daniel Ostropolsky; el
presidente de la AGN, Leandro Despouy; el legislador porteño Julio Raffo
(Proyecto Sur), representantes de asociaciones de abogados y el presidente de la
Sociedad Rural, Luis Etchevehere, entre otros invitados.
Etchevehere relacionó la reforma judicial con otras medidas adoptadas por
el Poder Ejecutivo, en particular las relacionadas con el campo, al afirmar que
"muestran la inseguridad jurídica de la Argentina y crean un riesgo adicional al
clima y a los mercados para invertir y producir".
Los referentes políticos también cuestionaron el requisito, introducido por
el oficialismo en Diputados, que obliga a los partidos a competir bajo la misma
denominación en al menos 18 distritos para poder participar de la elección de
consejeros. "Es un traje a medida del kirchnerismo", denunció la senadora
Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), organizadora de la reunión celebrada ayer
en el Salón Illia de la Cámara alta.
Del total de seis iniciativas que integran la reforma judicial, dos ya
fueron sancionadas: la limitación a la posibilidad de presentar medidas
cautelares contra el Estado y la creación de tres cámaras de casación. Ambas
leyes, como la del Consejo de la Magistratura que buscará sancionar hoy el
kirchnerismo en la Cámara alta, prometen convertirse en eje de una ardua y
extensa disputa sobre su constitucionalidad en los tribunales de todo el
país.
Como sea, la oposición pese a que continúe con las críticas parece haber
perdido las energías ya para encauzar un fuerte pronunciamiento ciudadano -en la
calle, como hace pocos días- en contra de esta reforma, entre otros
reclamos.
La nula transparencia en la elaboración de esta reforma que afecta a uno de
los tres poderes del Estado –al día de hoy no se sabe quién ni con qué idoneidad
redactó estos proyectos- tampoco fue un obstáculo para que el Congreso aprobara
ya dos de estas leyes y diera media sanción a las cuatro restantes.
# Casación y cautelares
La primera iniciativa, al crear una tercera instancia judicial, implicará
una extensión de todos los procesos de entre 2 y 3 años. Si, como lo señala
Fernando Frávega, secretario de la organización Será Justicia, “en el fuero de
la seguridad social los juicios duran hoy siete años en promedio”, gracias a
esta ley rondarán los nueve.
El otro aspecto inquietante es que las nuevas cámaras podrán conformarse
con jueces subrogantes y/o conjueces, lo que deja su designación al arbitrio del
Ejecutivo con la sola aprobación del Senado. Esto da una idea del grado de
presión a la que serán susceptibles, lo que, combinado con la facultad que
tienen los jueces de prorrogar sus propios plazos, autoriza a pensar que la
finalidad de la creación de estas nuevas instancias no es aligerar el trabajo
–eventual- de la Corte Suprema, sino quitarle poder y oficiar de tapón para
aquellas causas que el Ejecutivo no desee ver avanzar. Por caso, los juicios por
ajustes jubilatorios.
En definitiva, cuesta ver los beneficios para los ciudadanos de una ley que
tendrá por consecuencia un alargamiento de los procesos que en la práctica se
emparienta con la denegación de justicia.
La reglamentación de las cautelares en los juicios contra el Estado
completa la indefensión ciudadana. La acción de amparo que un individuo inicia
ante una ley o medida del Gobierno que considera lesiva a sus intereses –caso
del corralito en 2001- no tendría efecto si no existiera la medida cautelar que
dicta un juez para que se suspendan los efectos del acto administrativo que
originó la demanda ciudadana hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En el
mismo ejemplo del 2001, las cautelares habilitaron a los damnificados a retirar
parte de sus ahorros atrapados en los bancos.
Con la nueva ley, para que una medida cautelar contra el Estado avance, el
particular deberá demostrar que están en juego la vida, la seguridad del medio
ambiente o la libertad de la persona. Es fácil ver hasta qué punto se restringen
las posibilidades de obtener cautelares.
Además, de dictarse, tendrán un plazo de seis meses para el dictamen sobre
la cuestión de fondo, con el “detalle” de que la sola apelación del Estado
suspende la cautelar, con lo cual la finalidad de la misma –evitar el daño que
le puede causar al ciudadano una ley o medida arbitraria del Estado- queda
desvirtuada.
# Reclutamiento democrático del personal judicial (no del ejecutivo)
La ley que establece que el acceso al escalafón judicial se haga mediante
examen y luego sorteo ya tiene media sanción. No se aprobará este miércoles en
el Senado por algunas modificaciones menores que obligan a un nuevo paso por
Diputados. Es el proyecto menos objetable. Desde 1994, los jueces se eligen por
concurso, pero no sucede lo mismo con los demás funcionarios judiciales, de
secretarios para abajo. Con esta reforma, los aspirantes deberán pasar un examen
y entre quienes aprueben se hará un sorteo de las vacantes a cubrir.
Lo que no se entiende es por qué el Ejecutivo, que recluta
discrecionalmente a su personal, no adopta para sí la modalidad que va a
imponerle al Poder Judicial. Salvo algunos nichos en los cuales pesan los
antecedentes técnico-profesionales –léase, Banco Central, Banco Nación, AFIP- en
el resto de los organismos del Estado la incorporación de personal se hace por
adscripción, es decir, “a dedo”, lo que permite que pese más la afinidad
política o personal que la idoneidad.
# Menos publicidad en las declaraciones juradas
El proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción y posiblemente
se apruebe hoy, extiende la obligatoriedad de dar a conocer las declaraciones
juradas a los miembros del Poder Judicial –hasta ahora las de los jueces se
presentaban pero no se publicaban. Al mismo tiempo las uniformiza con las de los
otros poderes, lo que sería positivo si no fuera porque al mismo tiempo reduce
la cantidad de información exigida.
Más grave aún, deja el control de las mismas en manos de la ciudadanía,
algo que puede sonar a mayor transparencia pero en la práctica es al
revés.
La finalidad original de estas declaraciones no es solamente prevenir el
enriquecimiento ilícito de los funcionarios sino también controlar
incompatibilidades entre cargos e intereses. Sin embargo, los nuevos formularios
no requerirán los antecedentes previos –cargos públicos y privados- del
funcionario, datos que permiten detectar incompatibilidades. Sin mencionar que
el ciudadano común carece de conocimientos técnicos para ejercer un control
eficiente de estas declaraciones.
# Transparencia sí, informatización no
Otro proyecto del paquete de reforma judicial prevé la obligatoriedad de
dar a publicidad en Internet los fallos, acordadas, resoluciones y sentencias
del Poder judicial, el mismo día de su dictado. Aunque esta medida no recibió
críticas, la mayoría de los jueces y abogados recordaron que ya se aplica en
buena parte del país y de las instancias judiciales.
La consulta de las causas por Internet es algo que ya existe en buena
medida. En cambio, no se contempla en el proyecto una verdadera informatización
de la Justicia que redundaría en un acortamiento de los procesos.
# Control político del Consejo de la Magistratura
Finalmente, el principal proyecto que el Senado debatirá en la sesión de
este miércoles es el que consolida el avance del Ejecutivo sobre un organismo
cuya independencia quedará así definitivamente comprometida.
La reforma presentada por la Presidente eleva de 13 a 19 los miembros del
consejo: 3 jueces, 3 abogados, 6 académicos (no necesariamente juristas), 3
senadores, 3 diputados y 1 representante del Ejecutivo. De esos 19 cargos, 12
serán elegidos directamente por voto popular: los 3 jueces, los 3 abogados y los
6 académicos. Los otros 7 se seguirán designando igual que ahora: 4 legisladores
seleccionados por la mayoría parlamentaria, 2 por la primera minoría, y 1
representante del Ejecutivo. Esto significa que en adelante ni los jueces ni los
abogados serán elegidos por sus pares, como es hasta ahora. Es uno de los puntos
por los que los expertos tildan de inconstitucional esta ley.
Otro cambio para nada menor es que el Consejo ya no necesitará el voto de
dos tercios de sus integrantes para designar o promover a los jueces: bastará la
mitad más uno, es decir, diez.
El nuevo Consejo debería entrar en vigencia tras las elecciones de 2015,
cuando vencen los mandatos de los actuales miembros. Pero como el oficialismo
está urgido por aumentar su peso en ese organismo, agregó una cláusula
excepcional al proyecto, por la cual en las próximas elecciones se votará
consejeros con mandato especial de 2 años en vez de 4. Por lo tanto, en la
transición, la composición del consejo será de 25 miembros.
La elección de los consejeros se hará por medio de boletas de los partidos
políticos en elecciones generales. La fuerza que obtenga la mayor cantidad de
votos colocará 8 consejeros y la que le siga, cuatro.
Esta nueva composición del Consejo de la Magistratura le permitirá al
Gobierno controlar a los jueces con sólo obtener el 40% de los votos en las
próximas legislativas.
Actualmente el oficialismo no dispone de los dos tercios que le permiten la
remoción de jueces. Este límite quedará sorteado mediante la ampliación del
Consejo y el cambio de mayorías exigidas. El resultado es que los jueces
quedarán a merced de los consejeros designados por el poder político.
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