Restan sólo cinco días para la última fecha en que debe hacerse el pago a los bonistas que adhirieron al canje, y el gobierno argentino aún sostiene que el banco intermediario debe transferir solamente a esos bonistas el dinero ya consignado.
Las conversaciones mantenidas ayer por el mediador Daniel Pollack con funcionarios argentinos y con representantes de los fondos, por separado, continuarán y se sigue esperando algún tipo de acuerdo.
Sin embargo, por ahora nada puede asegurarse.
El pedido de nuestro gobierno de un amparo que suspenda y extienda el plazo del cumplimiento de la sentencia fue rechazado por el juez Thomas Griesa.
Los fondos Aurelius y NML, por el momento, han negado que ese pedido pueda venir de ellos, aunque esto pudiera suceder si se llega a un acuerdo.
De no alcanzarse ese acuerdo, tanto nuestro gobierno como el banco pagador quedarían en desacato si no se incluye también el próximo 30 de julio el pago a los holdouts que ganaron el juicio.
Si no recibe ese banco una transferencia adicional de dinero para cumplir también con ellos, seguramente no podrá hacer los desembolsos y deberá sujetarse a un embargo de los fondos.
Más allá de los reclamos cruzados que pudieran sucederse, esa situación implicaría un default.
El gobierno argentino encaró este litigio como una falsa guerra épica entre el bien y el mal, sin considerar que fue él mismo quien estableció la sede judicial de Nueva York.
En todo el proceso, no privilegió los resultados, sino la búsqueda del rédito político interno.
El discurso oficial ha transitado por estilos agresivos que han incluido al propio juez.
Hubo sentencia en primera y segunda instancia, y la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomó el caso.
Hoy los hechos han avanzado y sólo queda cumplir la sentencia.
Se han estrechado los márgenes para una solución distinta de pagar al contado, que sea libre del riesgo de la aplicación de la cláusula RUFO (rights upon future offers).
Esta cláusula establece que, si luego de la fecha del cierre del canje de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2014 la Argentina voluntariamente hiciera una oferta de compra o canje o solicitara consentimiento para modificar cualquier título que no haya entrado en el canje (los holdouts), los tenedores de bonos que entraron en el canje tendrán derecho a que se los iguale.
El temor no es infundado.
Se estima que los reclamos alcanzarían los 120.000 millones de dólares en caso de que esa cláusula fuera aplicable.
La Argentina estaría exenta de ese riesgo si les paga a los holdouts en cumplimiento de una sentencia tal cual la exija el juez.
No se trataría en ese caso de una oferta voluntaria.
Si el juez no establece motu proprio otra forma distinta de pago que hacerlo en dinero efectivo, el default sólo podría evitarse empleando dólares de las reservas del Banco Central u obteniéndolo en préstamo de otros bancos.
Si fuera el propio juez Griesa el que estableciera otra forma de pago, por ejemplo, en bonos, la Argentina podría pagar de esa forma sin riesgo que gatille la cláusula RUFO.
No habría "ofrecido voluntariamente", sino acatado una sentencia.
Las zonas de duda aparecen cuando el gobierno argentino toma la iniciativa de negociar formas de pago.
Un juez podría entonces interpretar que hay una oferta voluntaria.
En este dilema parece estar encerrado el Gobierno.
No desea pagar de contado para no afectar las reservas y para no crear un antecedente ante futuras sentencias de otros holdouts.
Además, después de un reiterado discurso tan confrontativo, seguramente tendría mayor pérdida de imagen interna si paga de contado.
Pero nuestras autoridades no están planteando el problema con franqueza, en términos que resultarían más comprensibles.
La Presidenta persiste en decir que no habrá default porque se paga a los que adhirieron al canje cuando sabe que la sentencia judicial no se cumpliría de esa forma.
Insiste, además, en atacar al juez Griesa, lo que enerva el proceso sin ningún beneficio.
Éste es el peor camino si se pretende la reimplantación de la cautelar para poder negociar formas de pago después de diciembre de 2014.
Se camina por la cornisa sin que hasta hoy se pueda asegurar que el default será evitado.
No hace falta insistir en las negativas consecuencias que acarrearía un default.
Ya lo hemos hecho desde esta columna editorial.
El default puede y debe evitarse.
Luego de haber resuelto el pago al Club de París, a Repsol y a otros acreedores, si se cumple esta sentencia seguramente habrá fondos para resolver los reclamos de los holdouts remanentes sin uso de las reservas.
Lo único que se pide es sensatez en la conducción de las conversaciones que se están manteniendo
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