Horizonte con más litigios y una venganza

Por Fernando Laborda | LA NACION

Cuando a un chico se le rompe un juguete, su primera reacción será tratar de arreglarlo.
Pero al descubrir rápidamente que no puede hacerlo, lo más probable es que se ponga a llorar desconsoladamente y canalice su bronca arrojando con fuerza el juguete al piso.
Así, terminará de destrozarlo.
En cierta medida, los empresarios que critican el manejo de la crisis de la deuda por parte del Gobierno y la oposición que, con matices, rechazó el proyecto oficial, parecen sugerir que quienes conducen la economía estarían actuando como aquel chico.

Aunque no exenta de dudas, la oposición se distanció del sendero trazado por Cristina Kirchner anteanoche, cuando ésta impulsó una ley para cambiar el lugar de pago a los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera y reabrir el canje para los holdouts, incluidos aquellos beneficiados por la sentencia de la justicia estadounidense.

A la rotunda negativa de Mauricio Macri a aprobar esa iniciativa se sumó el titular de la UCR, Ernesto Sanz, quien consideró que se trata de "una ley innecesaria, que trae más incertidumbre" y contribuirá a "empeorar la mala situación económica que la impericia del Gobierno ha provocado".

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó que el Gobierno "ha planteado un camino", pero lo juzgó "equivocado y peligroso".

Pero lo cierto es que, si es convertida en ley por el Congreso -hoy por hoy, la alternativa más probable, en virtud del número de legisladores del oficialismo-, la iniciativa de la Casa Rosada podría abrir una nueva etapa de litigios judiciales.

Esta posibilidad va más allá de las nada sorprendentes críticas que ayer formuló al proyecto kirchnerista el juez neoyorquino Thomas Griesa.
El magistrado norteamericano postergó para "más adelante" un pronunciamiento acerca de si la Argentina debería ser declarada en desacato.

Pero esta calificación podría producirse tan pronto como quede sancionada la ley con la cual el kirchnerismo busca evitar los efectos de la sentencia favorable a los llamados fondos buitre.
A menos, claro está, que Griesa todavía confíe en que el gobierno argentino esté dispuesto a retomar las negociaciones en las próximas semanas.
Algo que parece harto improbable.

Los nuevos conflictos judiciales podrían sobrevenir por varias razones.
Una de ellas sería que algunos fondos de inversión que, por cuestiones estatutarias, no pueden canjear bonos argentinos emitidos bajo ley extranjera que integran sus carteras decidan litigar contra el país ante el cambio de reglas.
También podría ocurrir que decidan venderlos y que esos títulos sean adquiridos por fondos buitre con la intención de seguir haciendo lo que mejor saben.

La frágil ingeniería que el ministro de Economía, Axel Kicillof, ideó para modificar el lugar de pago de los bonos afectados por la decisión del juez Griesa busca mostrar que la Argentina quiere honrar sus compromisos con quienes entraron en el canje.
Pero, al mismo tiempo, revela una nula voluntad para negociar con quienes fueron favorecidos por los tribunales de los Estados Unidos, a los cuales el Estado argentino se sometió voluntariamente.

Las esperanzas de quienes apostaban a un default corto han comenzado a derretirse con los inesperados calores de este raro agosto.
En todos los sectores, crece la hipótesis de que el problema para buscar un acuerdo con los fondos buitre no residía en las consecuencias de la cláusula RUFO, sino en un gobierno encerrado dentro de su propio relato épico.
Y en una Presidenta que, a medida que se acerque el final de su mandato, será cada vez más esclava de sus palabras y más renuente a retomar el diálogo con los acreedores beneficiados por Griesa, al tiempo que buscará dejarle el conflicto de la deuda a quien la suceda en diciembre de 2015.

El riesgo para Cristina Kirchner es que esa bomba de tiempo para las arcas estatales le estalle en sus propias manos.
Porque nadie puede ignorar que el Gobierno está asistiendo, de la mano de la inflación, la fuga hacia el dólar, las suspensiones y los despidos de personal, a una venganza de la economía real que, lentamente, está haciendo trizas el relato presidencial..
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