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Caricatura de Alfredo Sabat

jueves, 21 de agosto de 2014

La crisis de la deuda, más lejos de una solución

EDITORIAL / LA NACION

La presidenta de la Nación ha señalado con todas las letras que su gobierno no cumplirá la sentencia de la justicia de los Estados Unidos contra nuestro país
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso anteanoche fin a las esperanzas que todavía cobijaban algunos inversores y analistas financieros en un default corto.
Al anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para promover el cambio de lugar de pago de los bonos emitidos bajo la legislación de Nueva York y reabrir el canje para los holdouts, la primera mandataria puso de manifiesto que su gobierno no tiene mayor voluntad para acordar con los bonistas que fueron beneficiados por la justicia de los Estados Unidos y sumó un nuevo problema a la ya grave crisis de la deuda.

La iniciativa oficial plantea la posibilidad de que el Ministerio de Economía remueva al Bank of New York (BoNY) como agente fiduciario y designe en su lugar a Nación Fideicomisos, con el fundamento de que la entidad bancaria extranjera se encuentra impedida por un fallo del juez Thomas Griesa de girar fondos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 y poseen títulos emitidos bajo legislación neoyorquina. No obstante, el proyecto contempla el derecho que asiste a los tenedores de bonos de "designar un nuevo agente fiduciario que garantice el cobro".

Según el anuncio presidencial, se abriría por tercera vez el canje de deuda en condiciones similares a los dos anteriores, para que pueda ingresar el 7,6% de bonistas que hasta ahora no lo hicieron y que, mayoritariamente, optaron por iniciar demandas judiciales contra el Estado argentino.

En uno de los puntos más controversiales del proyecto, la Presidenta señaló que a esos bonistas que no ingresaron a los anteriores canjes de deuda se les depositará la cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los nuevos bonos que en el futuro se emitan, en una cuenta de Nación Fideicomisos.
Se trata de una propuesta absurda, en tanto que quienes litigaron contra la Argentina lo hicieron porque no aceptaban las condiciones de aquellos canjes.

Con este paso, la jefa del Estado no hizo más que confirmar que su gobierno no reconocerá la sentencia del juez Griesa, y no -como se dijo en un primer momento- porque su cumplimiento fuera a activar la cláusula RUFO, sino simplemente porque considera que el fallo es injusto.
La norma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional lo señala con nitidez.
Expresa que la sentencia del magistrado neoyorquino es de "imposible cumplimiento", además de ser "violatoria tanto de la soberanía como de las inmunidades [del país] y los derechos de terceros".

De este modo, el gobierno argentino se propone desoír el fallo y hacer lo que el juez pidió enfáticamente que no hiciera: "Buscar evadir la sentencia..."

Incluso desde el punto de vista instrumental, la propuesta del gobierno argentino ofrece flaquezas.
Entre otras cosas, por las dudas sobre la viabilidad del canje por cuestiones logísticas, ya que las instituciones que deberían habilitar la transferencia de los bonos para ser cobrados en el extranjero se hallan alcanzadas por el fallo de Griesa.

Como hemos expresado otras veces en esta columna editorial, no puede ignorarse que a algunos de los holdouts puedan guiarlos apetencias desmesuradas.
Del mismo modo, puede discutirse el nivel de razonabilidad del fallo del juez neoyorquino.
Lo que no puede debatirse es que el Estado argentino se sometió voluntariamente a la justicia norteamericana y que, más aún, las actuales autoridades nacionales apelaron el primer fallo, que data de febrero de 2012, ante la Cámara de Apelaciones, que ratificó la decisión de Griesa, e incluso recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que resolvió no tratar el caso argentino, lo que convirtió en firme y definitivo el fallo adverso a nuestro país.
En otras palabras, cada apelación de la sentencia implica un reconocimiento por parte de la Argentina de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana.

Ahora, el gobierno de Cristina Kirchner, embanderado en un falso nacionalismo, se coloca a un paso del desacato, lo cual afectará aún más la imagen internacional del país.

Se ha dado un salto muy peligroso que amenaza con profundizar el default y con alejar del todo a la Argentina de la posibilidad de reinsertarse en el mercado de crédito internacional, algo que no sólo afectará las arcas del Estado nacional, sino que también comprometerá el financiamiento de las provincias y la posibilidad de que no pocas empresas privadas puedan obtener recursos genuinos para invertir en el país. Así, el gobierno kirchnerista no sólo parece haber renunciado a negociar con los llamados fondos buitre, sino también a buscar financiamiento, exponiéndose a las consecuencias que sobre la economía del país está provocando el creciente déficit fiscal, motorizado por el descontrolado aumento del gasto público.

Tal vez la única decisión presidencial atinada haya sido darle participación al Congreso, que tiene la facultad de arreglar la deuda, de acuerdo con la Constitución Nacional.
Es de esperar que los legisladores debatan ampliamente la cuestión, convocando a los muchos especialistas en negociaciones de deuda que hay en el país, de manera de suplir la improvisación y la falta de profesionalismo que exhibió el Poder Ejecutivo en este trámite.

El peor remedio sería la reiteración de los insensatos festejos de fines de 2001, cuando diputados y senadores aclamaron aquel triste anuncio del efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá de que la Argentina dejaría de pagar su deuda externa..

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