Ley de Abastecimiento...

Día después: 
Arranca pelea judicial por la propiedad privada y por los dólares "encanutados"

Luego de ser aprobada en el Congreso, empezará el verdadero debate de la Ley de Abastecimiento. 

Hasta este momento, estuvieron todos los componentes políticos que juegan a favor del "efecto polarización" buscado por el Gobierno.
Ya hubo proclamas de las agremiaciones empresariales advirtiendo sobre atentados contra la libertad; ya se provocó el espanto de la clase media "cacerolera" al convocar al hijo de Nicolás Maduro para contar la experiencia venezolana;
ya se escucharon diversos exabruptos, como el del titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, que comparó la disciplina parlamentaria del oficialismo con una dictadura.

Todos estos ingredientes cumplieron el cometido político de recuperar la iniciativa y el protagonismo para un Gobierno acosado por las dificultades económicas.
Incluso, con el debate previo a la Ley, los funcionarios K tuvieron su oportunidad de justificar los problemas de inflación, de falta de inversión y de escasez.

Todos los males, según el argumento que se instaló en el debate parlamentario, residen en el hecho de que no hay una legislación que discipline y sea capaz de alinear las ambiciones de los empresarios con el interés nacional.

Esa primera etapa ya concluyó.
Ahora se viene la verdadera pelea, que consta de dos "pulseadas".

Primero, la del Gobierno con el Poder Judicial, donde el eje será la consideración de constitucionalidad de la Ley.
Es aquí donde se respira un aire familiar al de otras leyes emblemáticas del kirchnerismo, como la de medios y el paquete de reforma de la Justicia.

"Este tipo de legislaciones, por lo general, tienen un alcance bastante limitado en cuanto a su aplicación", explica el profesor de Ciencias Políticas de la UBA Julio Burdman.
Y destaca que el único objetivo de la iniciativa oficialista es "mostrar que su compromiso con los controles de precios sigue intacto".

En la misma línea, el analista político Enrique Zuleta Puceiro considera que la norma forma parte de un grupo de leyes que valen más por su guiño ríspido y hostil que por su aplicabilidad.
"Se trata de una política de gestos más que de realidades", sostiene.

Luego, en caso de que el Gobierno logre aplicar la Ley, se plantea la cuestión de hasta dónde estará dispuesto a llegar el kirchnerismo.
Tiene allí un límite interno -el temor del propio peronismo a enemistarse con el empresariado- y otro externo, una agudización del malhumor social, especialmente si se afecta a pequeños productores rurales.

En opinión del analista político Rosendo Fraga, la Ley de Abastecimiento ha generado el mayor consenso empresario en contra de toda la era kirchnerista y, con su aprobación, se avecina "un conflicto centrado en la economía que va a derivar en un enfrentamiento entre el Gobierno y todo el sector".

En tanto, en el ámbito rural se viven horas de gran nerviosismo.
"La gente del campo se asusta ante este tipo de leyes con tanta letra chica", sostiene el consultor en economía agropecuaria Salvador Di Stefano.
Si bien ve difícil que se aplique la normativa "por su inconstitucionalidad", advierte que el resultado ineludible será el de un "peor clima de negocios".

Así las cosas, si hay algo en lo que todos están de acuerdo es que, a partir de ahora, empieza la batalla jurídica.

Quienes se sienten más atemorizados por los efectos de la ley, analizaron en detalle los aspectos inconstitucionales de la legislación y manifestaron su voluntad de ir a la Justicia.

Es así que entidades y cámaras empresarias adelantaron que intentarán frenar el avance por verse afectados sus derechos de propiedad.
Anticipan que se generará un fuerte desincentivo a invertir y, por ende, a la generación de nuevos puestos de trabajo.

"Es un tema tan o más delicado que la 125 o la democratización de la Justicia: esto va a ser la colonización de la propiedad privada y la libre empresa", afirma Guillermo Lipera, integrante de la agrupación Será Justicia.

¿Qué gana Cristina Kirchner?
El interrogante que se plantea es qué rédito puede tener Cristina Kirchner.

A fin de cuentas, la judicialización de la Ley de Abastecimiento era previsible desde el mismo momento en que comenzó a ser redactada.
Y el kirchnerismo tiene la mala experiencia de dos reveses, como la Ley de Medios y la de la reforma del Poder Judicial.

Ahí es donde los analistas aportan una mirada más abarcativa: 
Hay beneficios para Cristina Kirchner incluso cuando la ley nunca pueda ser aplicada.

"Con esto la Presidenta gana control de la agenda y capacidad para acorralar a los opositores en sus propias contradicciones -muchos de ellos, en la incómoda situación de tener que votar en contra del sector empresario-", afirma Zuleta.
El analista agrega dos mensajes claros de la iniciativa del oficialismo:  
"Le transmite a la militancia que su vigencia y visión de las cosas siguen intactas y, además, les advierte a los empresarios que tengan cuidado".

Lo cierto es que, en un momento políticamente complicado, signado por la crisis económica y la sensación de fin de ciclo, el kirchnerismo logra recobrar el protagonismo de la agenda política.

Es en este contexto en el que debe entenderse lo sucedido en los últimos días, cuando el Gobierno puso en marcha la estrategia discursiva de la "re-reelección" de Cristina.
Pese a que los analistas ven como muy improbable una reforma constitucional que permita prolongar su mandato, el kirchnerismo dio muestras de que no tiene intenciones de retirarse en 2015.

Otra de las "ganancias" del oficialismo es la reivindicación, una vez más, del empresariado como el culpable de sus desventuras.

Ante la imposibilidad de negar la inflación, el enfriamiento en la producción y el consumo, la caída en la inversión y en el empleo, esta ley es funcional al argumento K de que el origen de todos sus males está en el sector privado y no en los errores de política económica.

Desde la vereda cercana al oficialismo, el analista y encuestador Artemio López se refiere a la "reticencia de la inversión privada" y remarca que el objetivo de la Ley de Abastecimiento es "moderar el traslado de costos a los precios y velar por la generación de puestos de trabajo".

Una movida arriesgada
Paradójicamente, tal como adelantan los analistas, uno de los escenarios ideales para el kirchnerismo es que la Justicia resuelva frenar la aplicación de la Ley.

De esta forma, el Gobierno habrá logrado plantarse frente a los empresarios que lo "boicotean" y mostrará que habrá perdido la batalla contra la "corporación judicial".
Todo esto, sin tener que verificar en la práctica el funcionamiento de la norma.

Suponiendo que efectivamente se aplique, es ahí donde pueden surgir los costos políticos.

El más claro es el eventual enfrentamiento con el sector empresarial, algo que internamente asusta al ala más dialoguista del peronismo.

También está vigente el riesgo de que haya efectos no deseados de la ley, como por ejemplo el cierre de empresas o situaciones violentas cuando los interventores empiecen a tomar decisiones sobre qué destino darle a la mercadería confiscada. 

Donde están más encendidas las alarmas es en el sector rural, en el que pequeños productores temen por el nuevo respaldo legal del Gobierno para poder confiscarle la producción, si así lo decide.

"Hay mucha preocupación y bronca, todo esto es interpretado como un nuevo ataque e intención de un Gobierno por entrar a los campos a sacar lo que no le pertenece", asegura Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

A fin de cuentas, existe cierto consenso entre los empresarios sobre que la finalidad verdadera -y tal vez la única- de esta ley sea la de contar con una herramienta efectiva para poder intervenir en los silobolsas.

Cabe recordar que si el Gobierno lograra obligar a los productores a que vendan la cosecha stockeada, se haría de unos u$s10.000 millones para recomponer reservas y, además, sumaría unos
$ 30.000 millones de ingreso fiscal por cobro de retenciones.
Una idea más que tentadora para oxigenar la etapa final del mandato presidencial.

Pero lo que el Ejecutivo quizás no tenga en cuenta es que el "canuto" de los silobolsas no es propiedad de las grandes empresas sino de los pequeños productores.

En consecuencia, un error de "timing" del Ejecutivo podría resucitar el fantasma de una rebelión de la población rural, en una claro reminiscencia de las protestas por la polémica resolución 125.