Las
paradojas de la política y la corrupción
Por
Martín Sivak
The New York Times
Uno de los grandes misterios de la política argentina es cuál será el
destino de su ex presidenta.
Cristina
Fernández de Kirchner enfrenta múltiples causas por corrupción:
Se
le investigan irregularidades millonarias en la adjudicación de la obra pública
y fue procesada por “asociación ilícita” y “defraudación a la administración
pública”.
El
7 de marzo será interrogada mientras que un día antes comparecerán por primera
vez sus dos hijos:
El
diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, ambos imputados por
lavado de dinero y con sus bienes congelados.
Aunque
se trata de una situación única, las conclusiones que se pueden extraer no son
obvias.
En
el caso de CFK, algunas pesquisas tienen una evidencia abrumadora y otras
parecen débiles.
Las
dudas que generan ciertos procedimientos de los oficiales de justicia le quitan
legitimidad a las investigaciones y generan dudas en la sociedad argentina.
Es
muy posible que Fernández de Kirchner, quien ya fue senadora entre 1995 y 2007,
se presente como candidata al Congreso Nacional en las elecciones legislativas
de octubre.
Si
adopta una posición audaz se presentará por la provincia de Buenos Aires, el mayor
distrito electoral del país, donde la contienda será pareja y los riesgos de
una derrota son mayores.
Según
sondeos de opinión, tendría un tercio de los votos, un porcentaje similar al
del oficialista Cambiemos y el opositor Frente Renovador.
Si
opta por actuar de manera conservadora, se postulará por la provincia
patagónica Santa Cruz que gobernó su marido, el fallecido Néstor Kirchner,
también expresidente, donde tiene mejores probabilidades de ganar.
Si
no se candidatea, la carencia de otro liderazgo podría acentuar el declive del
kirchnerismo.
Pero, desde ya,
un posible corolario de este caso es que en Argentina las causas por
corrupción no extinguen las carreras políticas.
La
indignación ciudadana frente a la corrupción no ha tenido un impacto electoral
concluyente en la historia argentina reciente.
En
2001 el expresidente Carlos Menem (1989-1999) estuvo preso por la venta ilegal
de armas a Ecuador y Croacia y, sin embargo, ganó la primera vuelta electoral
año y medio más tarde.
En
contraste, partidos anticorrupción que en su momento gozaron de un considerable
apoyo ciudadano, son hoy electoralmente marginales.
Fernández
de Kirchner fue procesada por la adjudicación de obras de gobierno con
sobreprecios al empresario Lázaro Báez, importante beneficiario de contratos de
infraestructura de los Kirchner, quien está preso desde hace ocho meses.
Los
fiscales creen que la ex presidenta cobró comisiones de Báez a través de
contratos para los hoteles de la familia Kirchner que se habrían utilizado para
el lavado de dinero.
Su
ex secretario de Obras Públicas, José López, fue detenido en un monasterio
cuando intentaba ocultar nueve millones de dólares en bolsos.
Estos
elementos —y muchos otros— conectan a la presidenta con un esquema de
recaudación ilegal que se extendió durante los tres gobiernos de la dinastía
Kirchner.
En
cambio, la imputación de Fernández de Kirchner en la causa “dólar futuro”
parece ser más producto de la obsesión de un juez que un acto de Justicia.
Como
presidenta, Fernández de Kirchner había indicado al Banco Central que vendiera
dólares a un precio mayor que el del mercado para atenuar la depreciación del
peso argentino.
Aunque
la medida tuvo un perjuicio para el estado de más de tres millones de dólares,
fue una acción gubernamental.
El
30 de diciembre de 2016 la cámara de Casación ordenó la reapertura de la
investigación originada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la que
acusaba a la presidenta de un presunto pacto con Irán para encubrir el atentado
a la AMIA de 1994, en el que murieron 85 personas.
Durante el
mandato de Fernández de Kirchner, el juez federal Daniel Rafecas la había
archivado sin dar lugar a ninguno de los pedidos de Nisman.
El
18 de enero de 2015, el fiscal apareció muerto en su departamento.
Al
día siguiente debía exponer su endeble denuncia en el Congreso.
Dos
años después, aún no se ha establecido si fue suicidio o asesinado.
El
60 por ciento de los argentinos desconfía de esa pesquisa judicial.
El nuevo
gobierno no ha podido revertir esa desconfianza hacia el poder judicial.
El
presidente Mauricio Macri ha mantenido un patrón del kirchnerismo:
La
designación de jueces probos para la Corte Suprema de Justicia y la continuidad de un toma y daca con la
Justicia Federal (que investiga la corrupción) en la que la varios jueces y
fiscales actúan de acuerdo a los vaivenes del tiempo político.
La
demolición judicial de la ex presidenta es un ejemplo del funcionamiento de los
tribunales federales.
A
pesar de las causas de corrupción que se le siguen, al gobierno le conviene que
CFK se candidatee al Congreso: puede
provocar cierto daño, pero también divide los votos de la oposición.
La
“judicialización de la política”, como se llama en Argentina a la
extraordinaria influencia de las decisiones judiciales en el sistema político,
ha puesto a la política en manos de fiscales, jueces y agentes de inteligencia.
Esto
se evidencia con la difusión reciente de conversaciones privadas captadas para
causas judiciales y difundidas por la prensa a riesgo de violar el derecho a la
privacidad.
En
una de grabaciones, difundida hace un par de semanas, Cristina Fernández habla
con su ex jefe de inteligencia, Oscar Parrili, sobre Antonio Stiuso, un
funcionario de inteligencia con gran influencia sobre Nisman y de estrechas
relaciones con los Kirchner durante años.
Esa
judicialización de la política es parte integral de la refriega política y no
está exenta de episodios tragicómicos.
Hace
dos semanas también se conocieron escuchas ilegales de Daniel Angelici,
presidente del club Boca Juniors y operador judicial del gobierno de Macri, en
las que intentaba influir sobre un juez, quien resultó ser el juez de un
partido de Boca contra Vélez Sarsfield en 2015.
Con
todo, las causas de corrupción que afectan a la ex presidenta no parecen determinantes para su
futuro político ni para las elecciones de mitad de periodo.
El aumento de la
pobreza y la desocupación y la división de la oposición son hoy variables más
decisivas.
Y
es difícil que este juego cambie sin una reforma integral de la Justicia
Federal que garantice más infraestructura y presupuesto para avanzar sobre los
delitos de corrupción pública más allá de las coyunturas políticas.
Esa
reforma podría tener una consecuencia paradójica:
Una
vez restaurada la confianza en la justicia, los argentinos podrán ejercer su
derecho legítimo de elegir representantes procesados y condenados por actos de
corrupción.
Una
manera de sincerar que la honestidad no es determinante en los comportamientos
electorales de los argentinos.
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