"Veo
un pueblo indolente y dormido que abdica sus derechos, olvida sus tradiciones,
sus deberes, y su porvenir. Lo que debe a la honra de sus progenitores y al
bien de la prosperidad, a su estirpe, a su familia, a sí mismos y a Dios. Con
instituciones que amenazan desmoronarse carcomidas por la corrupción y los
vicios". José
Manuel Estrada.
Hubo
dos hechos a comienzos de la semana que, en cierto modo, pasaron desapercibidos
para el gran público, pero revisten singular importancia por cuanto confirman
que nada ha cambiado respecto a la visión que, sobre la tragedia de la guerra
que sacudió al país en los 70’s, tienen los poderes públicos de la Argentina.
El primero, si
no fuera trágico, alcanzaría las cumbres más altas del ridículo.
Me
refiero a la promulgación, por la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, de la ley que obliga a publicar, en
todos los documentos oficiales, la cifra de 30.000 desaparecidos.
Ese
disparate normativo se concretó aún a sabiendas (ha sido reiteradamente
confesado por los inventores del número mágico) de que se trató de un creación
literaria destinada a la pretensión de calificar como “genocidio” lo sucedido
y, especialmente, a conmover los bolsillos de las organizaciones europeas de
derechos humanos, siempre tan generosas con el terrorismo.
La consagración
de ese falso dogma interpela a la sociedad entera, puesto que se trata de la
primera vez en que una clara falsificación, por obra y gracia de legisladores
de todos los colores –sólo uno votó en contra- se transforma en verdad revelada.
María
Eugenia Vidal se transformó en cómplice del absurdo dislate y se arrogó el
derecho de hablar ex–catedra. ¡Menuda competencia le apareció a S.S.
Francisco en su propia tierra!
El
segundo hecho que clama al cielo fue la sentencia de la Sala IV (Mariano
Borinsky y Juan Carlos Gemignani) de la Cámara Federal de Casación, el tribunal
penal más alto del país, que rechazó la concesión de la prisión domiciliaria a
Jaime Smart, luego del desconocimiento de su anterior resolución, que la había
otorgado, por la Cámara Federal de La Plata.
Ésta,
para insistir en su posición de rechazo, sostuvo que ese beneficio legal no era
aplicable porque el detenido podía fugarse, amén de poner en peligro la
investigación de los hechos.
“Jimmy” Smart
tiene 81 años de edad y las imputaciones que le formularon se refieren a
acontecimientos ocurridos hace cuarenta años.
Es
decir, un preso que siempre estuvo a disposición de la Justicia y cuya edad
excede en mucho la establecida por la ley (70) para acceder al beneficio, ahora
–según los asesinos togados- estaría presuntamente dispuesto a convertirse en
rebelde, abandonar a su familia y escapar de la acción del Estado.
Por
lo demás, ¿cómo podría poner en riesgo las pruebas de la investigación, si se
trata de hechos acontecidos hace cuatro décadas?
Que
esa extraña presunción, o mera excusa para la venganza, se conozca en la misma
semana en que la Diputada Lilita Carrió haya acusado a todo el arco político
–incluidos sus aliados del Gobierno- de proteger a su colega Julio de Vido, el
epítome de la corrupción kirchnerista, convierte
lo sucedido en aún más llamativo e irritante.
Resulta
razonable que haya muchos empresarios preocupados por la posibilidad de la
detención del zar de la obra pública de la década en que nos convertimos en
silentes esclavos:
Como
se ve en Brasil, el color político no es lo importante; en el mismo lodo, todos
se revolcaron.
La sociedad
entera reclama a gritos, todos los días, que los jueces actúen de una buena vez
contra los saqueadores que, a fuerza de chupar la sangre del país durante doce
años, han dejado a la Argentina exangüe. Estos delincuentes, encabezados por la
jefa y organizadora de la asociación ilícita que se hizo con el poder en 2003,
han alterado reiterada y probadamente las pruebas de los hechos investigados, y
las imputaciones que los afectan se refieren a delitos no excarcelables.
Sin
embargo, gozan no de detención domiciliaria sino de total libertad, hasta para
trasladarse al extranjero, y alegremente se pasean por las calles, cuando no
siguen ocupando altos cargos en alguno de los poderes del Estado.
Desde las bancas
parlamentarias, ellos mismos impiden sistemáticamente la sanción de leyes indispensables
para la lucha contra la corrupción como, por ejemplo,
la
de responsabilidad empresarial,
la
de extinción de dominio sobre los bienes mal habidos o las que, como ocurre en
Brasil, permiten lo que allí se llama “delación premiada”.
Nótese
que esta última ha llevado tras las rejas a decenas de senadores, diputados,
ministros, gobernadores, funcionarios y grandes empresarios, y que se hayan
devuelto miles de millones de reales a las arcas del Estado.
Hace
años que sabemos cómo duermen los expedientes “sensibles” para el poder de
turno en los tribunales. Entonces, lo que todos debemos preguntarnos es si
estamos dispuestos a ser juzgados, con el gigantesco riesgo que ello implica
para nuestra libertad y nuestro patrimonio, por magistrados tan ignorantes, tan
cobardes o tan corruptos como para verse impedidos (o ser “convencidos”) de
resolver con arreglo a la Constitución Nacional, los tratados internacionales,
los códigos y las leyes, sólo para proteger, por acción u omisión, intereses
bastardos.
Tengo
muchos años de ejercicio profesional, a punto tal que el Colegio de Abogados me
ha ¿elevado? a la categoría de “matriculado emérito”.
Gracias
a Dios, ya sólo llevo un único juicio, que será el último.
Porque,
cuando era joven y estaba en la facultad, aprendí
que, para que la sociedad sea realmente libre, todos debemos ser esclavos de la
ley.
Lo
que veo hoy, tanto en la calle como en los juzgados, me produce un asco tan
profundo que, a veces, hasta me impide respirar.
Por
eso, porque aquí funciona –protegida por leyes inicuas- la norma mafiosa de la
omertá, que por tanto tiempo permitió a las numerosas organizaciones mafiosas
italianas conservar sus negocios ilícitos y su poder, y porque los magistrados
y fiscales federales, amén de gozar de fortunas inexplicables, también tienen
muchos muertos en sus placares y están a tiro de “carpetazos”, la Argentina tiene un destino de
decadencia e insignificancia en el concierto mundial.
Sólo conseguirá evadirlo si logra hacerse de
una Justicia independiente, seria y rápida, y en ese monumental esfuerzo
deberíamos comprometer nuestro accionar todos los ciudadanos, cualquiera sea
nuestro signo político.
En
los próximos días, y como un buena muestra de cómo se protegen los intereses de
la sociedad, sabremos qué actitud adopta el Consejo de la Magistratura frente
al Juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal Eduardo Freiler a quien,
como sucede con los mismos Kirchner y tantos cómplices, su enriquecimiento es
tan escandaloso que impide que le cierren los números que él mismo declara
sobre su patrimonio.
Si
lo salva, como hiciera tantas veces con Oyarbide, el organismo se habrá
cubierto de oprobio una vez más, y los ciudadanos de a pie sabremos que la
Argentina ya no tiene futuro alguno.
Bs.As.,
27 May 17
Enrique
Guillermo Avogadro
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