Preocupa un “mega decreto” de Macri que
deroga 19 leyes y modifica otras 140
Es tan extenso y complejo que a 48 horas de
su publicación todavía se analizan sus efectos.
Legisla sobre una variedad de temas, desde
los fondos de la ANSES hasta la aviación civil.
Lo más curioso es que lo firmó en vacaciones
y desde Villa La Angostura.
A 48 horas de su publicación en el boletín
oficial, el Decreto 27 de 2018, llamado de “Desburocratización
y simplificación” todavía es analizado por la oposición, que advierte un
nuevo atropello de parte del presidente Mauricio Macri al Congreso, al eludir el debate parlamentario respecto
de 19 leyes que deroga y otras 140 que modifica.
La normativa es polémica en más de un
sentido.
En primer lugar, está fechada al 10 de
diciembre, cuando el Presidente vacacionaba en Villa La Angostura, con lo cual
no falta quien se interroga sobre su validez.
En segundo lugar, se publicó con el mayor
hermetismo, sin anuncio oficial, como, se estimaría, correspondería a una norma de tal envergadura, que contiene 22
capítulos 192 artículos.
El abanico de temas que toca lo estrictamente
económico, como el estratégico Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, a
la letra chica de licitaciones, lavado, actividad financiera, seguridad vial,
policía sanitaria y varios más, todas con idéntica mirada: la búsqueda de eliminar
“regulaciones”, que son leídas por la
administración de Cambiemos como “trabas burocráticas” para atraer
inversiones.
Esto quedó por demás claro en la redacción de
los “considerandos” que preceden al articulado del Decreto.
Según enumeró el titular del Juzgado en lo
Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, el decreto modifica “diversas e importantes leyes de policía sanitaria,
sociedades comerciales, registros públicos, fomento a la pequeña y mediana
empresa, actividades portuarias, aviación civil, tránsito y seguridad vial,
sistema métrico legal, marcas y patentes, energía, obras de arte, promoción del
trabajo, administración de bienes del Estado, Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, contrataciones del Estado (licitaciones), industria, seguros,
Unidad de Información Financiera (UIF) y actividad financiera”.
Para el suspendido magistrado, con el DNU Macri
violó “el art. 76 de la Constitución Nacional que prohíbe como principio
general, el ejercicio de tales funciones”, habida cuenta de que, advirtió, “el
receso del Congreso no habilita la necesidad y urgencia que se invoca en este
Reglamento” para proceder.
Desde ATE advirtieron por algunos de los
efectos del decreto.
El Secretario General del Gremio, Hugo Godoy,
aseguró que, por ejemplo, "permite
al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del ANSES atribuciones para crear
fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado
financiero".
Además, enumeró, deroga 50 normas del SENASA
y transfiere actividades a manos privadas, con lo cual, señaló, "las
empresas van a estar de los dos lados del mostrador", produciendo,
vendiendo y, a la vez, controlando. Además, reveló que modifica la Ley 23.940
sobre el Registro Único de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Cuando una empresa era sancionada pasaba a
figurar en el Registro por entre 90 y 120 días.
Eso actuaba como mecanismo de presión para
que estas corrijan las violaciones al derecho laboral.
Ese plazo se reduce a 30 días.
Otros ítems son el pase a mano de los bancos la decisión
sobre embargos de cuentas sueldo, que hasta ahora estaba en manos de la
justicia;
se limita el derecho a huelga en el tráfico
aéreo, se transfieren a la Agencia de Administración de Bienes del Estado
cabezas de ganado y tierras, propiedad del Estado y las Fuerzas Armadas, entre
otros.
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