INSEGURIDAD JURÍDICA: Se va contra el Estado de Derecho...

Por Daniel Sabsay - Profesor de la UBA
Fuente: Clarín

El total desconocimiento de los derechos adquiridos de los actuales titulares de licencias de los servicios es uno de los aspectos más reñidos con el Estado de Derecho que exhibe el proyecto de ley de medios.

Su artículo 152 obliga a los licenciatarios legales "a ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la Autoridad de Aplicación establezca los mecanismos de transición".
En este punto la iniciativa hace tabla rasa con un principio fundamental del constitucionalismo: la seguridad jurídica. [1]

Se trata precisamente de una de las claves para lograr que el derecho impere sobre la voluntad de los gobernantes.
Además, se apunta a satisfacer el interés general, en tanto el respeto que se logre permitirá el desarrollo normal de las diferentes iniciativas.
Así las cosas, la evolución del constitucionalismo ha demostrado que gracias a esta certeza, las sociedades que han adoptado sus reglas logran un mayor desarrollo en sus diferentes planos.
Cabe así mismo señalar que un país en el que se atropellan los derechos de una manera tan evidente, sus consecuencias trascenderán el plano nacional. [2]

La falta de cumplimiento de la adecuación a la nueva normativa en el plazo de un año dará derecho al PEN a sancionar el incumplimiento.
Agregando un elemento más a la incertidumbre, será el "Príncipe" quien determinará las modalidades de la sanción, ya que la norma no la prevé.
Esta disposición intenta forzar a los actuales titulares de licencias a que se adecuen, sin tener en cuenta que por ser titulares de licencias, esto es de derechos concedidos para un fin determinado, gozan de protección constitucional para resistir la imposición de la adecuación.

Estas afirmaciones se apoyan en la jurisprudencia ya antigua que de manera pacífica viene aplicando nuestra Corte Suprema.

En efecto, ella se ha pronunciado en contra de la retroactividad de la ley, respecto de la cual ha manifestado que si bien es un principio legislativo, adquiere carácter constitucional cuando la aplicación de la nueva ley priva a un habitante de la Nación de algún derecho incorporado a su patrimonio.
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[1] La Justicia dejó de hacer tabla rasa con el principio constitucional desde que el ungido presidente Eduardo Duhalde sancionó el DNU 214/2002… Éste decreto de necesidad y urgencia fue aplicado con retroactividad a la Ley 25.466 (cuando un “decreto” JAMÁS puede superponerse a cualquier Ley)

Ley 25.466. Intangibilidad de los depósitos -
Sancionada: Agosto 29 de 2001. Promulgada: Septiembre 24 de 2001.

Régimen al que se ajustarán todos los depósitos ya sean en pesos o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1º — Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus modificatorias, quedan comprendidos en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles...

[2] Y, gracias al don Duhalde "militante del Partido Justicialista desde muy temprana edad" y electo Concejal en 1974, vicepresidente de Carlos Menem, gobernador de la provincia de Buenos Aires (1991 – 1999)… la “inseguridad jurídica” es la que se ha enseñoreado de nuestra Patria y (sí por mí fuera) a continuación transcribiría los improperios del modisto Roberto Piazza…

El Dr. Daniel Sabsay tiene razón…

El proyecto del matrimonio reinante va en contra del Estado de Derecho, pero fieles a la condición de estos administradores de la Argentina, quienes tienen razón son llevados presos, los matan o se suicidan (cómo por ejemplo el Dr. René Favaloro)

Corina Ríos