Conspiración y asunción de los errores propios...

EDITORIAL /Clarín

En los últimos meses y de un modo sistemático y recurrente, distintos funcionarios y representantes del Gobierno nacional han estado denunciando la existencia de conspiraciones y obstáculos que impedirían el desenvolvimiento normal de la gestión presidencial, pero en estos días dicha estrategia retórica parece haber llegado a un extremo de imprudencia y desatino.

Ante los cuestionamientos que despertaron los decretos de necesidad y urgencia por los cuales se instituyó el Fondo del Bicentenario y se separó al titular del Banco Central, las principales figuras del Gobierno y, entre otros, el ex presidente Néstor Kirchner efectuaron pronunciamientos públicos en contra de las decisiones tomadas por la Justicia y atribuyendo un afán conspirador, entre otros, al Vicepresidente la Nación.

Esas expresiones también le han asignado intencionalidad política a las resoluciones judiciales adversas a los decretos del Ejecutivo.
De este modo, la oposición política, los medios de comunicación y dirigentes que en el pasado contaron con el beneplácito del oficialismo -como el Vicepresidente o el titular del Banco Central-, son los blancos elegidos para enfrentar una crisis institucional que tiene como única causa a los errores originados por el propio Gobierno.

En vez de revisar fallas originadas en la imprevisión, las falencias técnicas y en la imprudencia política de algunas sus decisiones -como es el caso de las que están provocando la actual crisis por el uso de las reservas-, se despliega la estrategia de buscar un chivo expiatorio.
En vez de asumir la tarea de gobernar con responsabilidad, ajustando las decisiones a las reglas instituidas y previendo las consecuencias de los actos, la táctica preferida parece centrarse en responsabilizar a terceros de las fallas propias.
Esta reacción imprudente, que le sigue a los frenos a decisiones que comprometen bienes de gran relevancia, suele ser la contrapartida de un ejercicio abusivo y excepcional de las competencias del poder administrador.

Para la visión conspirativa, el ejercicio de la crítica periodística, así como las impugnaciones judiciales o las negativas legislativas, son evaluadas como actitudes impertinentes, demostrando una visión estrecha de la democracia y una sensibilidad crispada, con rasgos de intolerancia a la disidencia y al juego equilibrado de los poderes.
Esta postura impide el desenvolvimiento del diálogo y la búsqueda de consensos y promueve la confrontación en una lógica en la cual solo parece haber lugar para la adhesión incondicional al Gobierno o la enemistad.

La actual crisis que se registra por los decretos de necesidad y urgencia que en principio resultarían inconstitucionales ha provocado un clima de tensión que revive los enfrentamientos registrados con el campo a partir de la frustrada Resolución 125.

Durante la gestación de la ley de medios, el oficialismo también esgrimió una retórica conspirativa y luego, ante diversos fallos que la han, prima facie, declarado inconstitucional en todo o en parte, ha insistido con esa visión.

En la actualidad, está en juego el uso de fondos públicos que no son de una gestión presidencial.
Y también se juega el respeto por las reglas constitucionales, en especial las referidas a la asignación de competencias.

Se espera que, dentro de sus atribuciones, el Ejecutivo intervenga con responsabilidad y prudencia, promoviendo el respeto a la ley y el afianzamiento de la Justicia.
El Poder Judicial, la oposición y los medios de comunicación tienen, cada uno de ellos, funciones diferentes.
El clima en el cual los diversos actores institucionales intervengan debe ser, entonces, orientado por el respeto y la prudencia.

En cambio, la imprevisión y la denuncias de conspiraciones inexistentes afectan a la sociedad y devalúan la cultura democrática.
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A través de diversos pronunciamientos públicos, el Gobierno ha denunciado la existencia de una conspiración en su contra, que incluiría a la Justicia, la oposición y los medios de comunicación.
Esta retórica, que ya ha ensayado en otras oportunidades, le impide revisar sus propios errores, dialogar y buscar consensos.
Además, debilita la cultura democrática y afecta la calidad de nuestras instituciones.