En Olivos se dio una misión para la batalla a cada ministro y funcionario

Ley de Medios

Alak fue vocero judicial
Abal Medina firmó denuncias
El Congreso intervino

La presidenta Cristina Kirchner decidió le encomendó una misión a cada funcionario en su guerra contra el Grupo Clarín por la puesta en marcha de los artículos 45 y 161 de la ley de medios para que el multimedio deba desarticularse desde el 7 de diciembre.

Desde hace un mes, el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, puso el programa Fútbol para Todos como canal de los sucesivos spots que sugieren la posible intervención sobre licencias del multimedio.

La Secretaría de Comunicación Pública, que dirige Alfredo Scoccimarro y depende de Abal Medina, diseña los cortos publicitarios.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que conduce Martín Sabbatella, colabora con el libreto de los cortos. Pero la edición es del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), de Liliana Mazure.

Un vocero principal es Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Por su experiencia como ex interventor del Comfer, periodista y redactor de la ley de medios, en su parte de producción de contenidos, se transformó en un polemista y defensor de la ley.

Hace 20 días, los miembros kirchneristas del Consejo de la Magistratura intentaron sin éxito designar a una funcionaria del Gobierno en el juzgado civil y comercial número 1, que tiene la causa en la que Clarín impugnó los artículos 45 y 161.

La elegida era María Lorena Gagliardi, de la Agencia Nacional de Bienes del Estado, allegada al vicedirector del área, Martín Reibel Maier. El primer intento fracasó. Recusaron entonces al consejero Ricardo Recondo, por oponerse.

Cristina Kirchner involucró de lleno en la campaña al ministro de Justicia, Julio Alak, que se presentó en el Consejo y presidió una conferencia de prensa en la que denunció una conspiración de los consejeros independientes. Ante la caída de Gagliardi, Alak recusó al juez Raúl Tettamanti, designado por la Cámara Civil y Comercial. Tettamanti renunció por "violencia moral", al tiempo que trascendieron presiones judiciales contra familiares suyos.

La Cámara Civil designó como reemplazante a Roberto Torti, del juzgado N° 3. Alak anunció que también lo recusaría porque había fallado a favor de Fibertel (Clarín) en una causa ajena a la ley de medios.

En un acto en Técnopolis, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, dijo que Clarín "prefiere voltear a un gobierno antes que cumplir con una ley que nació de un reclamo social". Zannini escribe los decretos, denuncias y estrategias legales del kirchenrismo contra Clarín.

Alak amenazó con acciones penales contra los consejeros de la oposición y contra la Cámara Civil y Comercial por el trámite de designación de jueces. Abal Medina presentó la denuncia penal contra los cinco consejeros que pidieron la anulación del concurso.

El escrito llevó también la firma de la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona. Además, Abal pidió que interviniera la Corte Suprema para nombrar jueces, pero ésta rechazó el pedido.

Otro campo de batalla fue del Senado. El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, presentó un proyecto de ley para reglamentar el per saltum y que el caso llegue a la Corte y resuelva rápido bajo el pretexto de "gravedad institucional".

Los senadores y diputados lo sancionarían en un mes. El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustin Rossi, fue designado al frente de la comisión bicameral de Medios.

Los consejeros oficialistas denunciaron además a los camaristas y jueces del fuero y los citaron al Consejo de la Magistratura.

Sabbatella adelantó que el 7-D va a "actuar de oficio" contra Clarín. Además diseña el plan de adecuación y organizó seis festivales y varios foros de debate en todo el país.

También el titular del Afsca firmó con Tomada un convenio marco de capacitación de trabajadores del sector de medios audiovisuales y se reunió con otros medios que deben adecuarse el 7 de diciembre.

YOMA RECHAZA EL PER SALTUM

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma (Frente para la Victoria), rechazó el proyecto que presentaron sus propios pares del oficialismo para regular la figura del per saltum, el mecanismo que impulsa el Ejecutivo para que la Corte se aboque al caso de la ley de medios. "A pesar de que fui uno de los primeros legisladores en proponer esa reglamentación, en las actuales circunstancias no voy a apoyar el proyecto del Senado porque implica una presión inadmisible hacia una Corte Suprema de Justicia que, a través de sus fallos y la calidad moral e intelectual de sus miembros, ha dado sobradas muestras de independencia", enfatizó Yoma a LA NACION . "No existe hoy ninguna causa cuya gravedad institucional justifique el avocamiento de la Corte salteando las instancias de un proceso judicial", concluyó