El significado del ascenso de Milani

Editorial I
LA NACION

La sociedad argentina ha pagado muy caro su vieja propensión a convertir a las instituciones militares en el brazo armado del movimiento político gobernante

Al cabo de 30 años de su restauración, el sistema democrático está registrando una involución inquietante en una de sus dimensiones principales:
La subordinación de las Fuerzas Armadas al imperio de la ley.
Esa sujeción fue una conquista esencial y costosa de la transición que se inició en 1983.
Sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner está induciendo a un preocupante retroceso por mantener al general César Milani como jefe del Ejército promoviéndolo, además, al grado de teniente general.

En torno de Milani se desarrolla una tenebrosa discusión, referida a su conducta durante el último régimen militar.
La Presidenta ha designado superior del Ejército a un general acusado de violaciones a los derechos humanos durante la represión de la guerrilla.
Con independencia de esas imputaciones, que se están dilucidando en la Justicia, lo que llama la atención en el caso Milani, es la incoherencia del Gobierno.
Una administración que ha truncado la carrera de uniformados libres de toda sospecha por el solo hecho de llevar apellidos caracterizados de la historia reciente, mira para otro lado ante reproches gravísimos contra el jefe del Ejército.
Esa parcialidad es más llamativa porque los reproches son formulados por instituciones que adhieren al oficialismo.

Esa hipocresía y cinismo en los criterios confirman una deformación habitual del poder durante estos diez últimos años: l
La utilización de la bandera de los derechos humanos, que por definición es universal, para la persecución facciosa de aquellos a los que el Gobierno considera sus adversarios.
Sólo así puede explicarse que la revista de las Madres de Plaza de Mayo haya publicado una conversación de Hebe de Bonafini con Milani destinada a relativizar las acusaciones que pesan sobre este general. Bonafini se tutea con el entrevistado, para escándalo de una de las socias de su organización, Marcela Brizuela de Ledo. 
Es la madre de Alberto Ledo, por cuya desaparición se investiga al jefe del Ejército.

Milani también está bajo la lupa judicial por enriquecimiento ilícito a raíz de las denuncias que realizaron varios legisladores ante los indicios de un inexplicable crecimiento patrimonial.
También debería investigarse el rol de Milani luego del intento frustrado de copamiento del Regimiento de la Tablada, ya en democracia.

El deterioro institucional que se pone de manifiesto con la promoción del general Milani no tiene que ver sólo con su pasado, remoto o reciente, sino con su desempeño de estos días.
Cinco meses atrás, este militar declaró que quería "un Ejército al servicio de un proyecto nacional y popular".
En la amigable entrevista con Bonafini, especuló con que las acusaciones en su contra "por parte de multimedios monopólicos y dirigentes políticos opositores al Gobierno han buscado perjudicar a la Presidenta y tratar de impedir que el Ejército participe activamente de un proyecto nacional".

No vale la pena analizar si la obsecuencia de Milani con la Presidenta es la contracara inevitable de su vulnerabilidad penal.
Hay preguntas más relevantes.
¿Qué es para Milani un "proyecto nacional y popular"?
¿Qué sucedería si en 2015 se impusiera en las urnas un proyecto que no responde a la definición formulada por Milani?
¿El Ejército debería desconocer su triunfo y desobedecerlo?

Con la aspiración de convertir a los militares en militantes, Milani hace reaparecer la febril ensoñación carapintada de transformar al Ejército en una montonera, es decir, en la organización armada de un movimiento político.
Con la fantasía de este general, el kirchnerismo agrega otro rasgo familiar con el chavismo, que concibió a las instituciones castrenses de Venezuela no como un dispositivo de defensa sometido a la regla constitucional, sino como la dimensión castrense de una experiencia política específica.

La maleabilidad de Milani permitiría llevar al área de Defensa la sistemática vocación del kirchnerismo por la fractura.
Así como hay justicia legítima e ilegítima, periodismo militante y destituyente, empresarios del modelo y empresarios que complotan, dentro de poco podría haber militares nacionales y populares y de los otros, aún innominados.

El entusiasmo con que Milani pretende incorporarse al "proyecto nacional y popular" ha dejado a su fuerza, al ministro de Defensa, Agustín Rossi, y a la Presidenta, en una situación irregular.
Contra lo que obligan las leyes, y lo que aconsejan muchos funcionarios y asesores de Cristina Kirchner, al Ejército se le están encomendando tareas fuera de su competencia.
No sólo porque, como dejan trascender numerosos integrantes de la actual administración, Milani viene comandando desde hace años crecientes y graves tareas de espionaje doméstico, que tendrían como blanco a políticos, periodistas, sindicalistas y empresarios. 
Tan grave como lo anterior es que, bajo el mando de este militar, las Fuerzas Armadas han comenzado a involucrarse en el combate al narco tráfico.
Desprotegida la frontera por el desplazamiento de la Gendarmería a las grandes ciudades, el Ejército se ha hecho cargo de la tarea de esa fuerza de seguridad, lo que lo pone fuera de la ley.
¿Qué otras funciones policiales se le asignarán en adelante?

Estas irregularidades sorprenden menos cuando se recuerda que hoy la seguridad interior está en manos de un militar en actividad, el teniente coronel Sergio Berni, quien, además, está en uso de licencia como senador del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense.
Berni ha sido hasta ahora, en menor escala, lo que se propone ser Milani.

Las manifestaciones de Milani conspiran contra una de las conquistas colectivas más relevantes de los últimos treinta años:
El sometimiento de las Fuerzas Armadas a la Constitución Nacional, y no a las necesidades o preferencias de una facción o de un caudillo. 
La sociedad argentina ha pagado carísimo su antigua propensión a convertir a las instituciones castrenses en el brazo armado del que manda.
Y los propios militares soportan todavía una carga muy pesada por haber olvidado que sólo deben obediencia a la ley.

Por todo lo expuesto, los senadores, sin importar su pertenencia partidaria, deberían rechazar el pliego de ascenso de este militar...