De
Carlos Pagni
Después
de escuchar la declaración del arrepentido Leonardo Fariña, el juez Sebastián
Casanello dictaminó ante un pequeño círculo de allegados:
"Si
aparecen las bóvedas donde guardaban el dinero, la causa está definida".
Fariña
amplió su confesión el martes de la semana pasada, cuando informó con precisión
los sitios donde Lázaro Báez atesoraba los billetes.
Pero
Casanello se demora en allanar esos lugares.
Tal
vez él mismo haya dado la explicación: "Si
aparecen las bóvedas, la causa está definida".
Fariña
identificó, con coordenadas de latitud y longitud, dos estancias de Santa Cruz,
cercanas al lago Argentino: Cruz Aike y La Julia.
Dijo
que en Cruz Aike el tesoro se disimuló en las cocheras.
En
La Julia, prefirieron esconderlo en el quincho, a un paso de la casa principal.
Desde allí Báez
y su hijo Martín trasladaban los caudales hasta Buenos Aires.
Los
dos campos solían estar vigilados con un sistema de custodia perimetral de
patrulleros y con personal armado cercano a las bóvedas.
Todo
provisto por la policía santacruceña.
En
su chacra de Río Gallegos, Báez recibía las mismas prestaciones.
Para
los kirchneristas, tener bóvedas domésticas es un indicador de estatus.
A
Julio De Vido le atribuyen esconder una en su finca de Puerto Panal.
Y
Francisco Larcher tiene otra en su mansión del country Abril.
Quienes
hace poco bajaron a ese sótano afirman que pasó a cobijar una bodega
multimillonaria.
Pero
Larcher está fuera de peligro.
A
él lo cuida la segunda de la AFI, Silvia
Majdalani, con quien suele pasar las tardes de domingo jugando al buraco.
A
Majdalani le abrieron una causa por lavado de dinero.
Sin
embargo, ella también se siente protegida:
A dos
interlocutores del Gobierno les adelantó que ya tiene todo arreglado con el
juez Julián Ercolini.
Apuesta
fuerte Majdalani.
La
demora de Casanello es más sorprendente cuando se relee la confirmación de la
prisión de Báez por parte de los magistrados de la Cámara Federal.
Entre
las razones que ofrecieron Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun
estuvo la posibilidad de que los imputados conserven una parte de la fortuna
que acumularon gracias a la sobrefacturación de la obra pública.
Por
eso, después de reprocharle varias negligencias, urgen al juez a investigar la
localización de esos fondos, no sólo para que sean devueltos al Estado, sino
para evitar que con ellos Báez se ponga a salvo del castigo, aprovechando sus
innumerables contactos en el poder.
Casanello,
que allanó como un relámpago varias financieras porteñas después de la primera
declaración de Fariña, tarda en llegar a
las estancias de Santa Cruz.
Tampoco
dispone la prisión de Martín Báez, sobre quien pesan los mismos indicios que
llevaron a la cárcel a su padre.
La
mujer de Báez advirtió a varios dirigentes kirchneristas que si su hijo cae en
cautiverio, ella forzará a su esposo a
ir contra los Kirchner.
Y
que si él no lo hace, lo hará ella.
El
juez analizó con su colega Daniel Rafecas la posibilidad de excluir a Cristina
Kirchner de una eventual condena. Rafecas tiene en sus manos el caso Hotesur,
sobre presunto lavado de dinero en las empresas de la ex presidenta.
Casanello
se arriesga a corroborar con su indolencia el presentimiento de los camaristas:
Los Báez pueden,
con sus vinculaciones, obstruir la investigación.
Los
Kirchner, mucho más.
El
ex secretario de Justicia Julián Álvarez, que está afiliado a La Cámpora, la
organización que lidera Máximo Kirchner, llamó
a Casanello cinco veces horas antes de la detención de Báez.
El
juez no le contestó.
Álvarez
estaba interesado en acordar la designación de los abogados del constructor.
Pretendía
que fueran abogados de su confianza, capaces de adelantar desde dentro del
expediente el rumbo que iba tomando la pesquisa.
Entre
los candidatos a esa función estaba Fernando Susini, a quien Álvarez confió en
su momento el asesoramiento legal del general César Milani.
Pero
Báez fue detenido en el preciso instante en que llegaba a Buenos Aires para
participar de esas transacciones. En los tribunales de Comodoro Py sospechan
que las negociaciones pueden seguir abiertas.
Y
ponen la lupa en el abogado Ignacio Palazuelos, muy allegado al magistrado.
Es
curioso: Palazuelos es funcionario del gobierno porteño.
Pero
tiene un viejo vínculo con la justicia federal gracias a su amistad con el
embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.
La
lentitud de Casanello para perseguir la corrupción contrasta con su velocidad
frente a la tragedia de la fiesta Time Warp, de Costa Salguero.
Como
se encontraba de turno, el domingo se encargó de las primeras actuaciones.
Pero
el lunes olvidó enviar la causa a sorteo, para que se establezca qué juez
estará al frente de la investigación.
Es
lo que estableció la acordada 37 de la Cámara Federal para evitar el forum
shopping, es decir, la selección del magistrado por parte de un delincuente o
de un denunciante.
Casanello
debería leer el libro Forum Shopping, de Pablo Slonimsqui.
Lo
tiene en la biblioteca del despacho.
¿Posible
reemplazo?
Las
dilaciones de Casanello en el caso Báez inquietan a sus colegas de Comodoro Py.
No
porque sientan aversión por la impunidad.
Temen
que la Cámara lo reemplace.
Nadie
quiere ser juez en esa causa.
Además,
Casanello produjo el efecto opuesto al que se esperaba con la captura del
empresario:
Su pachorra
expone de nuevo a todo el fuero.
Y
la supervivencia de esos magistrados es incompatible con la luz.
Este
fin de semana volvieron a intranquilizarse con una advertencia del ministro de
Justicia, Germán Garavano. Dijo que el Poder Ejecutivo está esperando que otros
jueces presenten su renuncia, en la senda de Norberto Oyarbide.
Es
la jugada más conservadora de las que Mauricio Macri tiene en la cabeza.
También
está previsto que, apenas se configure una mayoría de dos tercios favorable en
el Consejo de la Magistratura, caiga la cabeza de un par de magistrados.
¿El
motivo?
Sencillo:
un proceso por enriquecimiento ilícito.
La
última acusación de este tipo afectó al camarista Eduardo Freiler.
Jugarretas
del azar: es uno de los padrinos de Casanello.
Freiler
fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por su opulenta acumulación
patrimonial:
Mansión
multimillonaria en Olivos, colección de autos de lujo, campos, yates y caballos
de carrera.
No
se descartan relojes.
La
causa se abrió en lo de Marcelo Martínez de Giorgi.
La esposa de
Martínez de Giorgi, Ana María Juan, es secretaria de la Sala I de la Cámara, a
la que pertenece Freiler.
Aun
cuando, aclaran allí, trabaja en vinculación con Jorge Ballestero.
La
acusación se produjo el 31 de agosto de 2015.
Para
el 17 de marzo pasado Martínez de Giorgi lo
sobreseyó, a pedido del fiscal Ramiro González.
A
Freiler le gusta la velocidad.
A
Martínez de Giorgi se ve que también.
Ni
siquiera se dio tiempo para un peritaje.
Casanello
podría tomar clases.
¿Estrenarán
con Freiler la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta?
Es
la teoría según la cual el principio de la cosa juzgada debe ser relativizado
si el proceso fue irregular o estuvo sometido a manipulaciones.
A
Martínez de Giorgi le serviría profundizar en esa tesis:
Está subrogando
el juzgado de Norberto Oyarbide, donde se absolvió a los Kirchner por
enriquecimiento ilícito después de que el ex presidente citó al juez en Olivos
para darle una reprimenda.
Tal
vez no haga falta innovar.
Freiler
todavía debe dar explicaciones por la propiedad de una financiera, donde es
socio de María Carla Lago.
Es
la esposa de Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo.
María
Carla Lago ganó alguna notoriedad
porque a uno de sus teléfonos llamó
Alberto Nisman horas antes de denunciar a Cristina Kirchner.
La
acusación de Nisman recaló en el juzgado de Lijo.
María
Carla y Alfredo Lijo viven en Abril, así que en cualquier momento se suman al
buraco.
"Freddy"
mantiene una estrecha relación con Julio De Vido, a quien le ofreció durante
años un cómodo blindaje en los tribunales.
El
amor por los canarios aproxima a las personas.
La
situación de Freiler y la señora de Lijo debe ser juzgada por Rodolfo Canicoba
Corral.
Dicen
que sobre su escritorio hay un dictamen absolutorio del fiscal Juan Pedro Zoni.
Justicia Legítima.
Los
detalles de estos vínculos, que incluyen al juez, suelen animar las tertulias
del tercer piso de Simonetta Orsini. Reaparecen los relojes.
Allí,
en Cerrito y Posadas, entre el humo de los puros, algunos jueces celebran
reuniones privadísimas.
Gracias
a un recibo de Simonetta Orsini, Oyarbide pudo eludir su propia causa por
enriquecimiento:
Parece
que allí adquirió por pocos pesos un anillo valuado en más de 200.000 dólares.
La
joyería Orsini pertenece a Miriam Kohen.
Es
la esposa de Gerardo Luis Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería.
Esta empresa,
que tuvo una expansión inigualable durante el kirchnerismo, fue acusada en
Brasil de recibir coimas de Petrobras por la adquisición de Transener.
En
la compañía lo niegan.
Pero
en la causa que sigue el juez Sergio Moro están mencionados Ferreyra y su gran
benefactor, De Vido.
Algunos
funcionarios de los tribunales comienzan a temer que muchas de las entrevistas
celebradas entre diamantes y relojes de alta gama estén grabadas.
Freiler,
Lago, Lijo, Kohen, Oyarbide, De Vido, Ferreyra.
Las
conexiones entre estos nombres insinúan que algunos jueces federales fueron
algo más que complacientes con el esquema de negocios montado por el
kirchnerismo durante más de una década.
Formaron parte.
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