El dilema de Macri

Por Vicente Massot

Decir que el gobierno se halla en una situación delicada no representa una novedad.

Pero que así sea se debe menos al resultado de sus presuntas flaquezas, la falta de capacidad de sus elencos ministeriales o las indecisiones del presidente, que al peso de un ajuste cuya puesta en marcha era inevitable pero cuyas consecuencias —políticas y, al propio tiempo, sociales— no parecen haber sido previstas, por los ganadores de los comicios de noviembre pasado, en toda su envergadura.

Cualquiera sabía que, ni bien se aposentaran las nuevas autoridades en la Casa Rosada, resultaría imprescindible tomar una serie de medidas, de suyo impopulares.

Le tocó hacerlo a Macri como lo hubieran tenido que realizar Scioli o Massa, en igual o muy parecida proporción, de haber resultado uno de ellos el triunfador en las elecciones presidenciales.

También era de todos conocida la falta de conciencia de una parte significativa de la sociedad respecto de las dificultades por venir.

Acostumbrados como estaban los argentinos al modelo kirchnerista, quienes se daban cuenta de su fin inevitable —una vez que cambiara el gobierno— eran los menos.

A diferencia de 1989, cuando la hiper inflación obligó a Raúl Alfonsín a dar un paso al costado, y del año 2011, cuando el default barrió a De la Rúa y a Rodríguez Saá, entre otros, en esta ocasión no hubo explosión ninguna y, por lo tanto, la dimensión del desastre que heredaría Macri resultaba clara sólo para una minoría.

Cinco meses después del tránsito de una a otra administración, el ajuste —como era de esperar— se hace sentir de distinta manera, según cuál sea el sector social que se trate, pero siempre con efectos desagradables.

Es que, a semejanza de cuanto sucede con las operaciones médicas, no las hay sin sangre, dolores y sufrimientos. 

Los ajustes indoloros no existen ni siquiera en las fantasías.

El macrismo dice haberse preparado para hacer frente a las consecuencias más nocivas del ajuste, si no para evitarlas —cosa imposible— sí para atemperarlas. Y lo ha hecho a su manera. Prefirió —según dicen los entendidos, por consejo de Jaime Durán Barba— no cargar demasiado las tintas sobre el kirchnerismo. 

Contra lo que aconsejaban los duros —por llamarlos así— el presidente sólo hizo una mención del tema el 1º de marzo, en su discurso a la Asamblea Legislativa, y una promesa de publicitar más adelante el resultado de la auditoría que se realizaría acerca del estado del Estado, luego de los doce años de administración K.

Sea en razón de no herir la susceptibilidad del peronismo —que los había acompañado a Néstor y Cristina sin abrir la boca— o en razón de que mirar para atrás les parecía desaconsejable a los hombres de Cambiemos, lo cierto es que nadie anticipó con claridad, desde Balcarce 50, lo que era menester hacer, aun cuando tuviera costos sociales lacerantes.

Con lo cual, a una situación de hecho grave se le sumó la inoperancia del gobierno. No habló en el momento oportuno, no puso en claro las cosas y no quiso o no se animó a decir la verdad. Ahora debe pagar por ello un precio importante.

¿Qué tan importante?

Por de pronto, es aconsejable ponerle un candado a los análisis catastrofistas.

No hay a la vuelta de la esquina un estallido social, que sería el resultado de la desesperación popular.

El Gran Buenos Aires no se levantará un buen día, harto de soportar las inclemencias del plan económico en marcha, y marchará hacia Plaza de Mayo para imponerle sus condiciones al gobierno.

Puede que sea este el sueño del intendente de La Matanza —que lo mencionó, y no precisamente al pasar, un mes atrás, poco más o menos— pero ni siquiera como sueño resiste el análisis.

Nadie quiere ni está en condiciones de desestabilizar a Macri.

No pasa por ahí el meridiano de la cuestión política de nuestro país.

En realidad todos los actores —oficialistas y opositores por igual— piensan en los comicios del año próximo.

La prueba de fuego para unos y otros tiene, pues, fecha cierta:

Octubre de 2017.

Perderlos no significará despedirse, antes de tiempo, de la Casa Rosada.

Pero el riesgo es que —si el candidato del oficialismo llegase a quedar atrás de Massa, Randazzo, Scioli o Cristina Fernández, dentro de dieciséis meses en la provincia de Buenos Aires— la posibilidad del macrismo de continuar en Balcarce 50 luego de 2019 se acortaría.

A su vez, las banderías opositoras también jugarán una partida a suerte y verdad en esa ocasión y en ese distrito electoral.

Este es el motivo por el cual el peronismo ortodoxo y el massismo, después de apoyar sin reparos la posición adelantada por el gobierno en punto al arreglo con los hold–outs, decidieron tomar distancias y mantenerse equidistantes entre el oficialismo, al que desean vencer el año que viene, y al kirchnerismo del cual desean olvidarse.

Era natural que esto sucediese en algún momento, y no es casual que se haya producido por efecto del proyecto de ley antidespidos.

La pulseada en que se hallan empeñados el gobierno y los partidos opositores revela hasta qué punto aquél y éstos, en su derrotero, al par que desean salir airosos están dispuestos a sentarse a negociar.

Excepción hecha del kirchnerismo, ninguna de las demás corrientes políticas con asiento parlamentario o grupos de presión —como el sindicalismo— de momento plantean una estrategia en donde el conflicto eclipse totalmente a los acuerdos de gobernabilidad.

Hay posiciones diametralmente opuestas, es verdad. 

Pero no se escuchan tambores de guerra.

Aun si Mauricio Macri debiese apelar al veto, ello no implicaría necesariamente quemar las naves.

Desde el momento en que anunció cómo procedería en el caso de que la ley se aprobase tal como salió de la cámara alta, el presidente quedó preso de sus palabras.

Mientras retroceder sería contraproducente en términos del principio de autoridad, avanzar y cumplir con su promesa también tendría consecuencias en términos de la relación inestable con el peronismo ortodoxo y el Frente Renovador.

Macri enfrenta un dilema.

De eso se trata la política…