Teodoro Kreckler
Adalberto
Russo
A
comienzos de 2020, el Gobierno informaba a la población que el coronavirus no
llegaría a la Argentina y que no era necesario el uso del barbijo.
La
situación fue variando rápidamente con el correr de los días, hasta imponerse
una cuarentena insoportable por su extensión y limitación, que fundió a la
mayoría de los argentinos y no evitó contagios y muertes.
El Gobierno sabía –o debió saber– que la solución era vacunar a la población.
No
ha previsto la real situación en la que nos encontramos o, habiéndose previsto,
no adoptó las medidas conducentes para evitar la grave situación actual.
Más
de 73.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
De
esa cantidad, más de 40.000 se han producido en los últimos cinco meses.
Esto
quiere decir que si el Gobierno hubiera cumplido con su obligación de ingresar
al país la cantidad de vacunas que anticipó, la realidad sería evidentemente
otra.
El Gobierno es responsable al menos de esas 40.000 muertes que se han producido entre diciembre de 2020 y mayo de 2021, y de las que sigan ocurriendo.
Ello
constituye un verdadero crimen de lesa humanidad, en tanto todos los
funcionarios han actuado a sabiendas y con dolo eventual.
El
mismo Estado se calificó como “un gobierno de científicos”.
La situación es más grave aún porque a las muertes actuales les seguirán más fallecimientos, siempre motivados en la desidia del Gobierno, debido al retraso de la vacunación, a las mutaciones virales y a las posibles reinfecciones.
Es
sabido que la falta de vacunación oportuna generará, porque así ha pasado en
otros países, mutaciones virales.
En
lo que respecta a la Argentina, se están dando las variantes andina y Manaos
principalmente.
La
variante andina es desconocida por los fabricantes de vacunas porque no existe
un estudio en esos países ni en la Argentina que haya analizado a fondo la
situación.
Dichas
mutaciones pueden producir otras variantes que pueden no estar cubiertas por
las actuales vacunas.
En
otras palabras, si la población se hubiera vacunado como correspondía, se
estarían evitando las mutaciones del virus.
Lo
cual significa, a su vez, evitar las reinfecciones con una nueva cepa del
virus.
También se sabe –porque así se estudió en otras regiones– que el encierro de la población no va a detener el virus.
Lo
único que puede terminar con él (y con las mutaciones y reinfecciones) es la
aplicación de la vacuna.
Es
decir, con las dos dosis de cualquiera de las disponibles.
En
la Argentina, la inmensa mayoría de la población vacunada ha recibido solo una
dosis y existe una gran incertidumbre sobre la aplicación de la segunda.
Entendemos que
la Justicia debe investigar a fondo este crimen de exclusiva responsabilidad
del Gobierno.
La
Argentina se encuentra en los primeros puestos en cuanto a la cantidad de
muertes por Covid por millón de habitantes.
Dentro de esa investigación, se debería llegar a fondo también con los motivos por los cuales la Argentina no accedió a algunas vacunas, mientras que otros países, incluso vecinos, sí lo hicieron.
Por
qué las vacunas de Pfizer o Moderna no se compraron y sin embargo otras,
llegadas de Rusia, China o Cuba, ganaron la posición.
Hoy las vacunas
provenientes de Rusia y China están llegando con cuentagotas, a tal punto que
no pueden entregar las segundas dosis para aplicar a más de 8 millones de
vacunados solo con las primeras dosis.
La vacuna de Pfizer parecía prometedora, pero también lo parecía la desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.
El
20 de julio 2020 se publicó en la revista The Lancet un estudio que trazaba un
nivel preliminar de eficacia del 95 por ciento.
Así,
para cuando Pfizer acudió al Ministerio de Salud, el 28 de julio de 2020, y
presentó su primera oferta para que la Argentina comprara dosis de la vacuna de
manera anticipada, la respuesta no fue la que esperaba.
El
laboratorio le comunicó al ministro que podía entregarle vacunas en 2020, a
pesar del “contexto de oferta global limitada de dosis”, pero el ministro al
parecer no concretó esa entrega.
Parecía
inclinarse por la opción de AstraZeneca y delegó las deliberaciones con Pfizer
en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman,
vinculado a su vez a AstraZeneca.
Es
decir, un competidor directo.
Tarragona
fue directora general de la Fundación Mundo Sano, que dirige Silvia Gold, la
esposa de Hugo Sigman y cofundadora del Grupo Insud.
Todos los laboratorios que hacen la vacuna contra el Covid-19 tienen antecedentes internacionales.
El Gobierno ha
generado una expectativa y ha ideologizado el tema como si se tratara de
geopolítica en lugar de un tema científico.
Bajo
ese esquema, desechó comprar vacunas que necesitaba para evitar muertes.
Ya sea por
ineptitud o viveza, el pueblo es rehén de la grave situación que vive hoy la
Argentina, en la cual algunos pagan con la vida, lamentablemente, y otros lo
hacen con su libertad.
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