Por Francisco Jueguen
De la Redacción de lanacion.com
fjueguen@lanacion.com.ar
@fjueguen
La presidenta Cristina Kirchner nombró ayer a Walter Rabbia como director del Comité Directivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Pero para el flamante funcionario el cargo será simbólico, ya que de los 11.870 millones que tenía asignado ese agujero negro en el Presupuesto 2010, sólo podrá gestionar 28 millones.
Es que según confirmó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) a lanacion.com, el Gobierno ya reasignó durante este año 11.842 millones de pesos (el 99,7%) que originariamente estaban afectados a ese fondo creado para asistir a las provincias y renegociar sus deudas.
Ya reasignaron durante este año 11.842 millones de pesos (el 99,7%) de las partidas del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
El dato es relevante en momentos en que se discute la ley de Presupuesto 2011 y un proyecto para limitar los superpoderes del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para reasignar partidas discrecionalmente sin control del Poder Legislativo.
El destino de esos fondos fue variado.
El jueves pasado, 1194 millones de pesos de esa caja fueron a financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para sustentar, entre otras cosas, la Asignación Universal por Hijo. Además, sirvieron para alimentar los gastos del Ministerio de Planificación y contribuciones controladas por la cartera que dirige Alicia Kirchner.
A mediados de septiembre, 2106 millones asignados originalmente al FFDP habían terminado en las arcas de Aerolíneas Argentinas y en la dependencia que dirige Julio De Vido con el fin de financiar la crisis energética (deudas con Cammesa por la importación de electricidad).
En julio de este año, ese mismo fin había cambiado ya el destino de 1500 millones.
La letra chica y algo generalista, dicen los expertos, permitiría desviar discrecionalmente el dinero que debía ser utilizado para los salvatajes provinciales, pese a que los fondos fiduciarios tienen un fin determinado.
La letra chica y algo generalista, dicen los expertos, permitiría desviar discrecionalmente el dinero que debía ser utilizado para los salvatajes provinciales, pese a que los fondos fiduciarios tienen un fin determinado.
La utilización de estos últimos creció en importancia durante el kirchnerismo porque, al ser un patrimonio separado del resto, los fondos fiduciarios no están regidos por las mismas normas que las demás erogaciones de la administración pública.
Un caso a recordar en este sentido es el de Skanska, en el cual aún se investiga si hubo o no pago de coimas (a través de sobreprecios) a funcionarios nacionales en el proceso de ampliación de gasoductos financiado a través de un fideicomiso que manejaba el Banco Nación (BN). En ese entonces, el gerente del mismo, Néstor Ulloa fue eyectado del Gobierno por De Vido.
Un caso a recordar en este sentido es el de Skanska, en el cual aún se investiga si hubo o no pago de coimas (a través de sobreprecios) a funcionarios nacionales en el proceso de ampliación de gasoductos financiado a través de un fideicomiso que manejaba el Banco Nación (BN). En ese entonces, el gerente del mismo, Néstor Ulloa fue eyectado del Gobierno por De Vido.
El fondo destinado a las provincias no es único que utiliza el Gobierno para financiarse.
Por ejemplo, en septiembre pasado, colocó Letras (deuda) en el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas ($ 695 millones) y en el Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria ($ 136 millones) gestionado por el BN.
La historia. El FFDP nació en 1995 a través del decreto 286 "con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias", según se lee en el portal del Ministerio de Economía, jurisdicción que debería controlarlo. Entre 1998 y 2000 fue utilizado para financiar la reforma fiscal en las provincias con grandes agujeros en sus presupuestos.
Durante el estallido de 2001, el fondo resurgió con fuerza a través de una protagonista de la crisis: las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Se podían emitir hasta 3300 millones por provincia. Las Lecop fueron luego rescatadas anticipadamente entre los años 2002 y 2003.
Además el FFDP actuó en el canje de la deuda pública provincial. Su objetivo fue la disminución del costo financiero -vía tasas de interés y comisiones- que las provincias debían enfrentar, como así también el alargamiento de los plazos de vencimiento de los servicios sus deudas. Para eso se utilizaron los Bonos Garantizados (Bogar).
La información sobre el rol que cumplía el FFDP llega hasta 2006. Es que a partir del año siguiente, ya comenzó a ser una de las cajas para la distribución discrecional de fondos entre los diferentes programas del Gobierno. A fines de noviembre de 2007, por ejemplo, transfirió 901 millones. El principal ganador entonces fue De Vido, que se quedó con dos tercios de esa suma.
Superpoderes. El manejo discrecional, ya sea por la delegación de facultades que realizó año a año el Congreso por medio de las leyes de presupuesto -los llamados superpoderes (ley 26.124 de 2006)- o por la utilización de decretos por parte de los distintos presidentes, fue una operación recurrente en la administración Kirchner.
A partir de un relevamiento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) de más de 150 normas que modificaron el presupuesto 2009, se pudo corroborar que 123 de ellas involucraron variaciones sobre su monto total -que arrojaron un aumento del presupuesto por un total de $30.033 millones- o en la asignación de sus partidas.
"Se debilita mucho el rol del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de la ejecución presupuestaria".
"Es realmente mucho lo que se cambia en el total del presupuesto, pero también lo que se modifica al interior", indicó a este medio Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de Cippec. "Esto debilita mucho el rol del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de la ejecución presupuestaria", agregó.
"En cuanto a los instrumentos legales utilizados para modificar el presupuesto, puede observarse que las decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros son la herramienta más utilizada (108)", afirma el informe presentado en estos días por el centro de estudios sobre el Presupuesto 2011.
"Del total, poco más de la mitad (59) no introduce modificaciones al monto total del gasto, sino que se limita a reasignar partidas presupuestarias. De las restantes decisiones administrativas, una gran parte amplía el presupuesto en poco más de un 2% (39). Resulta llamativo que el otro 11% de ampliación presupuestaria haya sido concretado mediante un solo instrumento: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del mes de noviembre. En él, se amplía el presupuesto en $24.289 millones", estima.
La historia. El FFDP nació en 1995 a través del decreto 286 "con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias", según se lee en el portal del Ministerio de Economía, jurisdicción que debería controlarlo. Entre 1998 y 2000 fue utilizado para financiar la reforma fiscal en las provincias con grandes agujeros en sus presupuestos.
Durante el estallido de 2001, el fondo resurgió con fuerza a través de una protagonista de la crisis: las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop). Se podían emitir hasta 3300 millones por provincia. Las Lecop fueron luego rescatadas anticipadamente entre los años 2002 y 2003.
Además el FFDP actuó en el canje de la deuda pública provincial. Su objetivo fue la disminución del costo financiero -vía tasas de interés y comisiones- que las provincias debían enfrentar, como así también el alargamiento de los plazos de vencimiento de los servicios sus deudas. Para eso se utilizaron los Bonos Garantizados (Bogar).
La información sobre el rol que cumplía el FFDP llega hasta 2006. Es que a partir del año siguiente, ya comenzó a ser una de las cajas para la distribución discrecional de fondos entre los diferentes programas del Gobierno. A fines de noviembre de 2007, por ejemplo, transfirió 901 millones. El principal ganador entonces fue De Vido, que se quedó con dos tercios de esa suma.
Superpoderes. El manejo discrecional, ya sea por la delegación de facultades que realizó año a año el Congreso por medio de las leyes de presupuesto -los llamados superpoderes (ley 26.124 de 2006)- o por la utilización de decretos por parte de los distintos presidentes, fue una operación recurrente en la administración Kirchner.
A partir de un relevamiento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) de más de 150 normas que modificaron el presupuesto 2009, se pudo corroborar que 123 de ellas involucraron variaciones sobre su monto total -que arrojaron un aumento del presupuesto por un total de $30.033 millones- o en la asignación de sus partidas.
"Se debilita mucho el rol del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de la ejecución presupuestaria".
"Es realmente mucho lo que se cambia en el total del presupuesto, pero también lo que se modifica al interior", indicó a este medio Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de Cippec. "Esto debilita mucho el rol del Poder Legislativo y de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el control de la ejecución presupuestaria", agregó.
"En cuanto a los instrumentos legales utilizados para modificar el presupuesto, puede observarse que las decisiones administrativas del Jefe de Gabinete de Ministros son la herramienta más utilizada (108)", afirma el informe presentado en estos días por el centro de estudios sobre el Presupuesto 2011.
"Del total, poco más de la mitad (59) no introduce modificaciones al monto total del gasto, sino que se limita a reasignar partidas presupuestarias. De las restantes decisiones administrativas, una gran parte amplía el presupuesto en poco más de un 2% (39). Resulta llamativo que el otro 11% de ampliación presupuestaria haya sido concretado mediante un solo instrumento: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del mes de noviembre. En él, se amplía el presupuesto en $24.289 millones", estima.
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