¿Coparticipación al revés...?

Por Susana Merlo
Campo 2.0

Los conflictos que se siguen generando alrededor de la intención de algunas provincias de imponer un drástico aumento del Impuesto Inmobiliario, en realidad, parece enmascarar otras realidades bastante menos evidentes.
Es que, ante la fuerte reacción de los contribuyentes, en este caso del campo, y el costo político que conlleva la actitud de los gobiernos provinciales como el de Entre Ríos (Sergio Uribarri),
Santa Fe (Aníbal Bonfatti), Buenos Aires (Daniel Scioli) o Córdoba (José Manuel De la Sota),
no cabe menos que preguntarse que puede moverlos a una decisión tan costosa (en términos políticos) y tan poco remunerativa (en términos económicos).
Este análisis parece mucho más claro cuando por ejemplo, según cálculos de las entidades, en el caso bonaerense, del incremento impositivo la provincia se quedaría “apenas” con $ 400 millones mientras que la Nación “recibiría” un adicional de $ 2.000 millones.

Esto es así porque al aumentarse la “valuación”, en lugar de la alícuota, automáticamente aumentan también los impuestos nacionales como el de Bienes Personales.
De ahí que, finalmente, el principal beneficio, y sin costo, lo termine recibiendo el Gobierno Nacional que sin ningún esfuerzo subirá su recaudación por este asunto.
Y como no sería aceptable pensar que los mandatarios provinciales, a los que les siguen retaceando la coparticipación y los aportes extraordinarios (a los que los fueron forzando paulatinamente durante todos estos años), no se hayan dado cuenta de esto, queda flotando en el ambiente la pregunta de “por qué lo están haciendo entonces”.


Claro que se podrían ensayar una serie de respuestas, y seguramente algunas de ellas tendrían bastante asidero.
Lo cierto es que así, pareciera que ahora las provincias recaudan para la Nación, aunque a diferencia de la coparticipación (antes) federal, la mayor parte se la queda el Gobierno Central.
Hay otros datos.
Por caso, en la modificación que se vota en la provincia de Buenos Aires, también se “habilita” a los municipios a hacer lo propio.
Seguramente porque la cada vez peor situación económica bonaerense tampoco permite trasladar más fondos a las comunas.
Así se puede disparar una verdadera “carrera” de los intendentes para crear nuevas “tasas” (eufemismo de “impuesto” ya que no conllevan contraprestación), que les permitan cerrar sus cuentas, generalmente desfasadas a causa de su propia mala administración.
En medio, la Nación parece retacear la homologación de las declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario, y más de uno sospecha que es, justamente, porque los distritos reconocidos oficialmente en esta situación, están eximidos del pago de muchos de los gravámenes y deudas con entidades financieras oficiales.
Resulta entonces que, mientras finalmente se va reconociendo, con cuentagotas, la verdadera magnitud del daño que causó la sequía de la campaña 2011/12 (y los volúmenes finales todavía deben caer más), sorprendentemente la cantidad de localidades a las que se les reconoce el impacto de la seca son contadas.
Pero los que no son contados, son la cantidad de productores que se verán afectados por una decisión que pone definitivamente a la presión fiscal en niveles tan extraordinarios que, si se intenta cumplir con todas las exigencias, muchas de las actividades quedan fuera de cualquier posibilidad de renta.
Por eso, también, es que el reclamo volvió a reunir a las principales entidades del campo y, como en 2008 con la 125, amenaza con generalizarse más aún, pero ahora al revés: desde las provincias hacia la Nación. 
Tal como se señalaba en Campo 2.0 del 20 de abril pasado en “Una política errónea”, este conflicto si es mal manejado puede desembocar en una rebelión fiscal, pero directamente por imposibilidad de afrontar los montos tributarios.
Especialmente en una campaña donde los resultados productivos debido a la seca pasada son de regulares a malos, y los costos para el nuevo ciclo, son sensiblemente superiores a los del año pasado, y en dólares.
Algo que los funcionarios provinciales, y más todavía los nacionales, parecen no tener en cuenta es que a los que contribuyen, aplicándoles sus poco creativas herramientas, son siempre los mismos, en este caso, los productores agropecuarios.
Tampoco parecen considerar que lo que también está en juego son los ingresos del año próximo ya que ahora se decide la siembra de la campaña 12/13, cuya cosecha comienza en diciembre próximo y se extiende hasta abril mayo del año que viene.
Y ahí no hay demasiado para inventar.
Es como la sábana corta, si se pagan más impuestos hay menos para invertir en la producción, y a eso hay que sumarle los fuertes recortes de ingresos que ya provocó la seca.
Pero, lógicamente, esto que para un agricultor es el cortísimo plazo y para los políticos es casi futurismo.
Su urgencia es hoy.
Y mañana…,
¡Dios proveerá...!