El árbitro que patea el penal

Por Roxana Acotto
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A veces pareciera que para el kirchnerismo las empresas privadas –y los empresarios– son un mal necesario. Y necesario, sólo a veces.
Los maltratos y exabruptos de Guillermo Moreno –que algunos creen parte de la “anécdota”– son materia remanida. Que el secretario plenipotenciario llame “boludo” a un empresario delante de sus colegas es hasta festejado como una picardía más.

Mucho más interesante es ahora detenernos en una definición del nuevo “cerebro” del kirchnerismo, Axel Kicillof, surgido al calor de la estatización del 51 por ciento de las acciones que Repsol poseía en YPF. Mientras despotricaba contra la política energética de Julio De Vido con el propio ministro a su lado (¡insólito!), la nueva estrella del firmamento K dejó caer un textual que no tuvo el eco necesario: “... Es una política deliberada del Gobierno mantener los precios bajos (del petróleo y los combustibles) para sostener el poder adquisitivo del salario y para fomentar la competitividad de la industria, del comercio y el transporte, ya que todos indirectamente viven de la energía, con el objeto de dar seguridad jurídica y clima de negocios, palabras horribles”.
Clic, foto. Recuadro. ¿Eso, exactamente eso, piensa el kirchnerismo? Cuando se reclama seguridad jurídica y se propicia un mejor clima para los negocios y las inversiones, ¿se están enarbolando palabras horribles?

Un par de semanas más tarde fue la propia Presidenta quien amplió el marco conceptual con que su gobierno analiza la actividad empresarial privada: “... Los empresarios que la levantaron en pala...”. ¿El Gobierno piensa que los empresarios son una suerte de Rico McPato angurriento que acumula dinero en un sótano para regodearse contándolo a solas? ¿La rentabilidad empresarial –sobre la que se tributaron miles de millones en Impuesto a las Ganancias– no es bienvenida como objeto imprescindible del desarrollo económico?

De un Estado bobo y ausente hemos pasado a un capitalismo de Estado donde –además de ser un árbitro de intereses– la gestión de la cosa pública no se conforma con marcar un terreno de juego y definir las reglas, sino que se regodea corriendo los arcos, cambiando las normas y –sobre todo– amonestando y expulsando a los jugadores que osan protestar un fallo o discutir una supuesta falta.

El árbitro que tenía que equilibrar intereses en aras del bien común grita, reta y sanciona a jugadores de ambos lados (empresarios y trabajadores), diciéndoles qué deben pedir, qué deben hacer y cuánto deben ganar. Es tanto el protagonismo de su figura que en cualquier momento cobra y patea el penal. Al que no le guste –ya lo dijo Moreno–, que deje las llaves de la empresa en la Secretaría de Comercio.

Fuente: La Voz del Interior (Córdoba)