A
fines de esta semana podría resolver la suerte de la ex presidenta en la causa
del dólar a futuro
LA
NACION
Hay
ultra ctividad en el juzgado federal de Claudio Bonadio.
El
juez y su equipo trabajan a marcha forzada preparando el casi seguro
procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner, indagada acusada de haber
ordenado hacer operaciones de venta de dólar a futuro, a sabiendas de que iban
a ser ruinosas.
El
objetivo es llegar a concluir el escrito a fines de esta semana, pero es
posible que haya alguna demora de último minuto, por lo que nadie arriesga un
pronóstico firme sobre cuándo ocurrirá.
Cristina
Kirchner fue indagada el 13 de abril y, tras un breve paso por el juzgado, usó
su presencia como imputada en los tribunales para un relanzamiento político con
un multitudinario acto, en el que buscó posicionarse como líder opositora.
Bonadio
sospecha, a esta altura de la causa, que Cristina Kirchner cometió el delito de
fraude, al indicar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de
futuro a un precio bajo, que tras la devaluación iba a obligar al Estado a
pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre
del contrato.
Por
eso, indagó al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, a sus directores
y al ex ministro Axel Kicillof.
La
defensa de los imputados es que el Banco Central es autónomo y no depende del
presidente, que el perjuicio económico lo provocó el macrismo al devaluar, que
en última instancia es una decisión de política económica ajena a la Justicia y
que no hay ninguna evidencia de que la entonces presidenta haya dado esa orden.
La
estrategia judicial kirchnerista fue recusar a Bonadio.
El
juez ya rechazó ese pedido para apartarse y en la semana habrá una audiencia en
la Cámara Federal, que decidirá si lo deja o lo saca del caso.
Lo más probable
es que lo confirme,
como ya lo hizo ante un planteo anterior de otro imputado, Pedro Biscay,
integrante K del directorio del Banco Central.
Además,
el kirchnerismo denunció al juez ante la Justicia por no evitar el perjuicio
económico y ante el Consejo de la Magistratura, por dictar resoluciones
contrarias a la ley y abusar de su autoridad.
Paralelamente,
legisladores del Frente para la Victoria denunciaron al director del Banco
Central, Federico Sturzenegger, y su equipo.
Los
acusan de haber pagado los contratos tras la devaluación.
Esa
causa tramita en el juzgado de Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello ya
avanzó imputando a Sturzenegger y al propio Bonadio. Torres, hasta el viernes,
no había tomado ninguna medida de las que pidió Di Lello.
La
sospecha de los que investigan a Cristina Kirchner es que busca abrir esta
causa para pre constituir pruebas y usarlas en su defensa, además de buscar
interferir en el expediente principal para bloquearlo.
Los fundamentos
Más
allá de estas especulaciones, Bonadio trabaja en la argumentación que sostiene
la imputación.
Cuando
indagó a Cristina Kirchner. le hizo saber que la acusa de integrar un grupo de
personas que realizó estas maniobras.
La ex presidenta
se victimizó y dijo que buscan detenerla al imputarle pertenecer a una
asociación ilícita.
No
es ésta la figura legal por la que investigan a la ex presidenta, que aparece
más cerca del fraude o la administración infiel.
Para
el juez, la operación no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de
Cristina Kirchner y las máximas autoridades del Ministerio de Economía, ya que
la operación financiera carecía de toda razonabilidad económica.
Por
ello, los indagó por "formar parte de un grupo de funcionarios que de
manera sistemática, concertada y organizada llevaron adelante diversas acciones
de carácter políticas y técnico administrativas, que habrían resultado en una
violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos".
Esas
operaciones, según el juez, se concretaron
"en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre septiembre y
noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a
valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que
provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional".
El monto del
perjuicio que Bonadio dijo que se le causó el Estado es de 17.000 millones de
dólares.
Al
no haber una orden ejecutiva directa, publicada, conocida por parte de la ex
presidenta para tomar esta decisión, en el juzgado trabajan sobre una
construcción lógica para demostrar la indicación presidencial y sostener el
procesamiento.
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