Las leyes de la Argentina son "optativas"...

Por Enrique Szewach


Ignacio Zuleta publicó el viernes próximo pasado, en Ámbito Financiero, un brillante artículo sobre el deterioro y la crisis terminal del régimen electoral argentino.
Allí se destacaba el hecho de que en estas elecciones, prácticamente todos los candidatos han sido elegidos “a dedo” de arriba hacia abajo.
Muchos, ni siquiera sabrán si pueden ser candidatos el día de las elecciones.
Otros, no sabrán si tendrán o no que asumir, eventualmente, de ser electos y los votantes tampoco sabremos si participamos, al menos en algunos distritos, en una interna justicialista, mezclada con una elección legislativa, o en una elección legislativa, disfrazada en medio de una interna justicialista, o de una amplia interna de los desmembramientos del justicialismo y de la UCR.

Tampoco sabremos a quién votamos y quienes asumirán finalmente.

Lo cierto es que, como se subraya en las líneas citadas, lo que queda como evidente del diseño de esta elección, es que la crisis de representatividad y el rechazo de la sociedad hacia el poder político, es de enormes proporciones.
Al punto que, como dice una publicidad, “las leyes en la Argentina son optativas”.

También es cierto que el proceso de “internas abiertas y simultáneas” o algo parecido, está enfocado a un sistema bipartidista de grandes partidos y no para la conformación política actual, que asemeja más a la reproducción de las amebas que estudiábamos en el secundario.

Y también es cierto, finalmente, que existe una gran contradicción institucional entre una constitución que consagra el monopolio de los partidos políticos para acceder a cargos electivos y una realidad en dónde surgen protagonistas mediáticos que se “asocian” a aparatos o estructuras preexistentes o, como se mencionara, pequeños desprendimientos de grandes partidos que luego de cada elección se rearman o se desmembran, dependiendo de cada caso.

Pero este contexto político tiene consecuencias económicas gravísimas.
La más obvia se vio reflejada en la crisis con el sector agrícola del año pasado.

Aquí paso a otra cita.

Ésta fue rescatada en su blog (Frenos y contrapesos) por Agustín Mackinlay, “…En el elogio fúnebre (por la muerte de Montesquieu) escrito por d'Alembert, leemos estas palabras notables: "El tamaño de los impuestos debe estar en proporción directa a la libertad. Así, en las democracias, pueden ser mayores que en otros lados sin resultar onerosos; porque cada ciudadano los percibe como un tributo que se paga a sí mismo…”.

No hay imposición, sin representación.
Es por eso que cualquier proyecto impositivo entra por la Cámara de Diputados (los representantes).
Pero si la sociedad no se siente representada por sus elegidos.
Si esa representación no se construye a partir de la interacción de liderazgos respetados, programas puestos a consideración de los ciudadanos, y ciudadanos que aceptan esa representación como legítima, lo que hay es una mera transferencia de recursos a los gobernantes, desde los gobernados, para que los gasten a su antojo, sin control, sin prioridades, sin fundamentos, sin transparencia.

Esa transferencia, por definición es “subóptima”

Tanto es así que los propios gobernantes, en sus discursos, explicitan este uso particular de los “recursos del pueblo”.
La Señora Presidenta en una reciente alocución dijo, más o menos así, “…y siempre le digo a Máximo: recorré Río Gallegos y mirá lo que tu padre te hizo”.
O el Gobernador Scioli que después del repudiable escrache en Loberías dijo “...¿Y que quieren (los que lo atacaron), que no vaya, que no les lleve cloacas, ni asfalto?…”.
Ambos párrafos dejan en claro lo que es el manejo de los fondos públicos para los gobernantes.
Son favores que “te hago”.
O son prebendas de campaña electoral que “te llevo”.

Una sociedad en dónde quienes fijan los impuestos, no representan a los que tienen que pagarlos y dichos impuestos no surgen de un consenso democrático, sino de coyunturas particulares. En dónde, en cada momento, se elige quién paga, y quién recibe, en función del poder de turno, es una sociedad con crónicos problemas fiscales. Más aún, si esos mismos “no representantes” delegan la misión de fijar ingresos y gastos en el Poder Ejecutivo y se carece de una justicia independiente, el cocktail para un desastre fiscal estructural está plantado.

La resolución de ese conflicto de financiamiento permanente y de la falta de prioridades y acuerdos en ingresos y gastos llegó siempre a través de la inflación, y la devaluación, destruyendo el mercado de capitales y la moneda local.

Por momentos, una favorable coyuntura internacional permitió el endeudamiento, o ganar la lotería de precios extraordinarios de exportación.
Cuando el ciclo se dio vuelta, y mientras se retrasaba el “ajuste licuador” vino el default explícito, como en el 2001 o el "implícito actual", en dónde se miente en el coeficiente de ajuste por inflación, y se acumulan deudas (no documentadas en forma de bonos) con jubilados actuales o futuros.
Con proveedores del Estado.
Con exportadores.
O se elude a la justicia internacional, para destrabar fondos, al punto de ser declarados en “desacato” por un Juez de New York.

Por supuesto que esto no impide hacer buenos negocios, ganar plata y prosperar, en la Argentina. Pero está claro que si no se soluciona, en serio, esta crisis de representatividad, no habrá una mejora permanente para el bienestar de sus habitantes, en especial los más necesitados.

Ya nos hemos caído de la clasificación de país “emergente” en el sistema financiero global y pasado a la difusa categoría de “mercados fronterizos” con la misma ponderación que Kenya y por debajo de Lituania.

Curioso, mi padre emigró de algún lugar en el entorno de Lituania a mediados de la década del 30, porque la Argentina prometía mucho más, en especial libertad y posibilidades de progreso. Mi padre murió antes de la crisis política terminal de la Argentina que relata Zuleta.

Ayer hubiera cumplido 92 años...

¿Cómo le hubiera explicado esta decadente parábola?