Los
fiscales Pollicita y Mahiques se lo reclamaron al juez Ercolini.
también
solicitaron que se inhiban sus bienes
Hernán
Cappiello
Los
fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques urgieron al juez Julián
Ercolini a que indague a la ex
presidenta Cristina Kirchner e inhiba todos sus bienes, y para ello
enviaron una lista de 227 puntos de prueba que la tienen como responsable de un
"plan sistemático ideado y
ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del
Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial" a
Lázaro Báez.
Los
fiscales insistieron en este pedido de indagatoria y lo respaldaron con pruebas
que anexaron a su dictamen para que se tomen medidas "de manera
urgente".
De
lo contrario, le dijeron a Ercolini que reasuma la investigación del caso y
haga él lo que estime necesario antes de interrogar a la ex presidenta.
Esta pulseada
entre los fiscales y el juez se nota en el tono del escrito, en el que le
recuerdan al magistrado que sus superiores de la Cámara Federal ya lo instaron
a actuar y le dicen que debe hacer sin dilaciones.
Además,
invocaron la necesidad de hacerlo porque de lo contrario la Argentina
incurriría en violaciones de los pactos internacionales que la obligan a
perseguir los delitos de corrupción.
Para
encontrar la razón de este cruce hay que remontarse al 16 de agosto, cuando
Pollicita y Mahiques pidieron la indagatoria de la ex presidenta por primera
vez.
Allí,
el juez les dijo que le enviaran detalle de las pruebas en que se basaban y
luego les hizo algunas observaciones.
La
respuesta del juez no les gustó a Pollicita y a Mahiques, que ahora elaboraron un índice de 227 documentos, resoluciones,
notas periodísticas, carpetas, biblioratos y otras evidencias que acompañan
este dictamen en el que reiteran su interés en interrogar a Cristina Kirchner
como sospechosa.
Los
fiscales enviaron seis carpetas con tres anexos,
dos cajas con documentos de
las rutas nacional N° 3 y provincial N° 9,
cinco expedientes de la Dirección
Nacional de Vialidad referidos al pago de obras a Báez,
tres
biblioratos y un disco compacto de la Dirección Nacional de Vialidad que
respaldan el informe de auditoría y dos informes ampliatorios realizados por
Vialidad en los que se analizan nuevas obras viales adjudicadas a Báez.
"Matriz de
corrupción"
En
esta causa Pollicita y Mahiques investigan el direccionamiento de la obra
pública hacia Báez y argumentaron que desde que Néstor y Cristina Kirchner
llegaron al poder nombraron a Julio De Vido y a otros funcionarios en el área
con el plan de saquear las arcas del Estado mediante esta maniobra.
Habían
expresado que los Kirchner habían exportado a sus funcionarios desde Santa Cruz
a la Nación para replicar el mecanismo que habían montado en la provincia.
Por
eso dijeron que en este expediente se investiga "la matriz de corrupción
que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración
estatal con intervención en materia de obra pública -el Ministerio de
Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de
Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz-
se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de
fondos públicos, a partir de la cual se habría asignado en forma discrecional
prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa
Cruz, lo que representó la contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio
Báez por más de 16.000 millones de pesos".
Entre
las personas cuya indagatoria se solicita se cuentan, además de Cristina
Kirchner, el ex ministro De Vido, Lázaro Báez y su hijo Martín, y José López,
ex secretario de Obras Públicas, entre otros.
Los
fiscales analizaron 13 casos testigo de obras públicas adjudicadas a Báez, con
supuestos sobreprecios y sin concluir, y afirmaron, además, que en este período
el empresario giró dinero a los Kirchner como parte del alquiler de sus
hoteles, lo que se investiga en el caso Hotesur, también en sus manos.
"No resulta
ocioso destacar que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, el
juzgamiento y la sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa no
resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del
Estado Argentino", remarcaron. en alusión a los pactos internacionales
suscriptos.
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