La inseguridad jurídica y la política oficial

EDITORIAL Clarín 20/12/2009

La decisión del jefe de Gabinete de ordenarle al titular de la Policía Federal que desobedezca una orden judicial para proteger a una fracción gremial oficialista, reviste gravedad institucional, especialmente porque no es un episodio aislado, sino parte de una forma de hacer política y de gobernar.

En el orden constitucional, las decisiones judiciales deben ser obedecidas o, en su defecto, deben ser efectivizadas a través de la fuerza pública.
Si la Policía, dependiente del Poder Ejecutivo, incumple la orden judicial se incurre en un ilícito penal.
Pero si la desobediencia es impulsada por una autoridad política, tiene lugar, además, un conflicto de poderes que afecta a la Justicia.

La desobediencia de un órgano político a la decisión de un magistrado muestra una disposición a "imponer arbitrariamente" un poder en desmedro de la validez de las decisiones de la Justicia.

El jueves pasado el jefe de los ministros, Aníbal Fernández, afirmó -incluso- que "el límite de la obediencia, en términos de decisiones judiciales, es la Constitución" [1], con lo cual se arrogó la potestad de erigirse en intérprete de la misma, un papel que le corresponde sólo a la Corte Suprema.

La actitud del Gobierno causó un esperable malestar en la Corte Suprema.

La jueza Carmen Argibay sostuvo que la negativa gubernamental a darle apoyo judicial a un juez es preocupante y consideró que si no se acatan estas disposiciones, se vuelve a la ley de la selva. La figura utilizada es perfectamente pertinente porque el imperio de la ley, en el marco de un sistema republicano y democrático, es la única alternativa al imperio de la arbitrariedad basada en la fuerza, y cuando un poder de una república desconoce las facultades de otro promueve una cultura de ilegalidad.

De hecho, la actitud asumida por el Gobierno está condenada por la ley y otro juez de la Corte, Carlos Fayt, recordó, a raíz del hecho, que el delito de desobediencia
a la Justicia está penado con hasta un año de prisión.

Cabe recordar, además, que los gobiernos kirchneristas de la provincia de Santa Cruz mantienen la desobediencia a una orden de la Corte Suprema de reponer en su cargo a un ex procurador provincial, que fuera separado en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner, presumiblemente por sus investigaciones en un caso de corrupción.

El desmedro de la ley y la desobediencia a la Justicia, lejos de constituir problemas episódicos forman parte de una conducta política y de una forma de gobernar que ha causado una creciente incertidumbre sobre la solidez de los marcos normativos y sobre la previsibilidad y legalidad de las decisiones del Gobierno, tanto en el país como en el exterior.

Esta situación, denominada genéricamente como inseguridad jurídica, se ha convertido en una preocupación política y económica de primer orden, como surge de los reiterados reclamos de organizaciones civiles, empresarios y observadores externos.

Los comentarios realizados sobre este tema por el subsecretario para Asuntos Hemisféricos de la Cancillería de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, no hacen sino reflejar un estado de ánimo imperante.

Se trata de un escenario preocupante porque el debilitamiento del orden jurídico y del sistema de división de poderes afecta todos los órdenes de la vida social y puede tener graves consecuencias en la organización política y económica, no sólo en la actualidad, sino en el largo plazo.

El desconocimiento de una orden judicial por el Poder Ejecutivo es un acto de desobediencia y parte de una forma de hacer política y de gobernar.

"Desconocer la Justicia promueve el poder fáctico y la arbitrariedad, lo que es causa de inseguridad jurídica".

Este problema es causa de creciente preocupación, aquí y en el exterior.

El debilitamiento del orden jurídico y de la división de poderes tiene graves consecuencias políticas y económicas...