Gualeguaychú: Se resisten a liberar la ruta

Foto: LA NACION Santiago Hafford

En Gualeguaychú amenazan con denunciar apoyos del Gobierno
Quieren revelar la "asistencia económica indirecta" y otros respaldos oficiales

Marcelo Veneranda
Enviado especial / LA NACION

GUALEGUAYCHU.- En un nuevo giro que intensifica la tensión en Gualeguaychú, los asambleístas que mantienen cortado el paso a la ciudad uruguaya de Fray Bentos decidieron contraatacar ante la embestida judicial de la Casa Rosada. Advirtieron que si son acusados en la Justicia denunciarán a funcionarios del Gobierno como partícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Se basarían en los apoyos que en su momento brindaron a la protesta varios ministros, funcionarios y gobernadores, además de la "asistencia económica indirecta", resumió un dirigente de los asambleístas a La Nacion.

La propia Presidenta y, sobre todo, el ex mandatario Néstor Kirchner, "no quedarían exentos de esta acusación", dejaron trascender voceros de los manifestantes.

La reacción de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que exige el desmantelamiento o, al menos, el monitoreo conjunto de la pastera UPM (ex Botnia), se dio a conocer al mediodía durante una marcha al municipio local, en la que fueron recibidos por el intendente, Juan José Bahillo, quien les transmitió su apoyo y se diferenció del gobierno nacional.

"Mis vecinos no son delincuentes, persiguen fines nobles", dijo el jefe comunal, que milita en el kirchnerismo.

Apenas unas horas antes, el jefe de Gabinete volvió a arremeter contra los asambleístas. Además de exigirles que "se hagan cargo de sus responsabilidades penales", Fernández calificó de "capricho" la continuidad del piquete en Arroyo Verde.

Un día antes, el propio Fernández había anunciado que el Poder Ejecutivo se constituiría como querellante penal y denunciante civil en la causa en la que el juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, dispone que se libere el corte, montado en noviembre de 2006 en el kilómetro 28 de la ruta internacional 136, en Arroyo Verde, paso obligado para acceder al puente General San Martín.

"De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios, lo que demuestra lo ridículo de este planteo", señalaron los asambleístas en la carta que presentaron al intendente Bahillo.
En declaraciones a medios locales, los dirigentes de la asamblea reforzaron esa idea. "Iremos desarrollando las estrategias defensivas, pero también va a haber imputaciones hacia quienes son responsables de llevar al ámbito judicial un conflicto ambiental que, en realidad, está en manos de los presidentes resolverlo", sostuvo el abogado Osvaldo Fernández a una FM de Gualeguaychú.

En diálogo con LA NACION, un dirigente con influencia en las acciones judiciales del grupo eligió una imagen más directa para ejemplificar la estrategia.
- "¿Te imaginás a un asambleísta en el banquillo de los acusados, declarando que tal o cual mandatario lo alentó a mantener el corte de ruta o que aquel ministro le prometió y consiguió apoyo?", sostuvo, mientras no hay en la ciudad atisbos de la llegada de efectivos de la Gendarmería Nacional.

Y deslizó, casi al pasar: "Sin mencionar la asistencia económica indirecta que, más de una vez, nos proveyeron los mismos que hoy nos quieren condenar"

También Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Kirchner, expuso en un comunicado los mismos argumentos de los asambleístas.
Dijo que el Gobierno no exigió el fin del corte y apoyó la lucha contra UPM/Botnia.

"Cuando ser verde era políticamente correcto, ni el oficialismo, ni la oposición ni el Poder Judicial cuestionaban la legalidad del corte y mucho menos pedían la liberación de la ruta", dijo la ex funcionaria en una declaración.

A lo largo del conflicto por la instalación de las pasteras Botnia y ENCE, iniciado en 2003 y que derivó en el bloqueo de Arroyo Verde en 2006, el kirchnerismo pasó de la indiferencia a definir como "una causa nacional" la lucha de los asambleístas.

El distanciamiento llegó en los últimos meses, con el fallo de la Corte Internacional de La Haya, en momentos en que el gobierno argentino necesitaba el voto de Uruguay para conseguir la elección del ex presidente Kirchner como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

Anteayer, mientras Aníbal Fernández leía la acusación penal del Gobierno, en Gualeguaychú se exhibían dos fotos del matrimonio presidencial, tomadas el 20 de junio de 2007 en Rosario, en la que tanto Néstor como Cristina Kirchner aparecen agitando banderas argentinas con la inscripción "Viva la Patria-Fuera Botnia".

"Llamativamente, el propio Ministerio Público Fiscal no alentó la investigación y se sentó sobre varios expedientes", fue el ejemplo que eligió, por su parte, el abogado Luis Leissa.
Visita presidencial

Lejos de atender los reiterados reclamos de varios comerciantes que alzaron su voz contra el corte, muchos vecinos de Gualeguaychú prefieren recordar la visita del matrimonio presidencial, a comienzos de 2007, cuando concurrió al acto organizado por la asamblea en el corsódromo de esta ciudad.

"Acompañaron y hasta alentaron nuestra lucha", indicó un dirigente, quien advirtió que los Kirchner asistieron a la protesta junto con ministros y gobernadores.

La conclusión del grupo que se resiste a abandonar el puente fronterizo, que impide el paso a Uruguay, es clara: el Gobierno y varios de sus ministros son partícipes necesarios de los mismos delitos que hoy les intentan imputar. Y así buscarán demostrarlo los asambleístas en su presentación a la Justicia, según advirtieron a LA NACION.

Tampoco faltaron quienes se tomaron en clave de humor la nueva estrategia.
- "Ya elegí como compañero de celda a Aníbal Fernández, porque no imagino un compañero de truco más mentiroso", bromeó José Pouler, aunque inmediatamente aclaró, ya sin sonreír: "Fernández se reunió con nosotros y, durante tres años, no dio curso a los oficios judiciales. Los 18 cargos penales también son para él..."

En tanto, los diputados provinciales Jorge Busti y Juan Bettendorff presentaron en la Legislatura un proyecto de resolución para que la Cámara se pronuncie y pida "el monitoreo real y efectivo de la planta UPM (ex Botnia), con participación amplia de académicos y de acceso irrestricto a los informes"