62 años después

Por Macky Arenas

A 62 años de haber sido aprobada y proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Venezuela, que fue país de refugio y sosiego para los perseguidos por sus ideas y posturas políticas a lo largo y ancho de cuanta dictadura se instaló en este continente y el mundo, hoy reencuentra este aniversario en medio de la mayor desolación.

La causa es la gran cantidad de presos de conciencia, exiliados y perseguidos que acumulamos producto de una dictadura de nuevo cuño, de esas que reptan por entre los derechos ciudadanos y van dejando su estela de veneno y hedor, en lugar de aplicar las viejas tácticas de toma y asalto características de los totalitarismos que dieron lugar a esta Declaración la cual cumple más de seis décadas de vigencia.

Sin embargo, los resultados de esta “novedad” en materia de aniquilamiento de la moral ciudadana son los mismos, la conculcación de los derechos la misma, la humillación y vejación del ser humano la misma y la confiscación de futuro para quienes la sufren, exactamente la misma.

El régimen, por ahora reinante en Venezuela, ha tomado esa Declaración para ir violando cada uno de sus Artículos, generando con su conducta una especie de contra-cartilla para el tratamiento a los derechos humanos. Son 26 Artículos sistemáticamente violados en este país desde hace 12 años.

No todos somos libres e iguales y menos en razón de nuestras opiniones.

El ejercicio de nuestra soberanía está limitado por los intereses de una revolución cada vez más ajena y entreguista.

No gozamos de seguridad y la servidumbre, bajo la forma del clientelismo político, roza la escalvitud.

Todo preso político está, por definición, sometido a un trato degradante y si de la jueza Afiuni se trata, podemos hablar de crueldad e inhumanidad.

La personalidad jurídica es desconocida cuando se niega el debido proceso. No somos iguales ante la ley: los comisarios están presos y los pistoleros de Puente Llaguno libres.

Las detenciones arbitrarias son harto conocidas y el destierro se impone para salvar las vidas de los señalados por el dedo presidencial.

No hay tribunales independientes e imparciales que escuchen a las personas, las penas son desproporcionadas al supuesto delito y en la práctica, todos somos culpables hasta no demostrar lo contrario.

La vida privada es constantemente asediada, los domicilios violados a través de allanamientos perversos, de los cuales el caso Peña Esclusa sea tal vez el más emblemático y reciente; y desde lo más alto del poder salen diarios ataques a la honra y reputación de las personas.

La familia está bajo ataque, también la educación y ni qué decir de la propiedad.

Todo el que opine libremente es molestado y el derecho a la libertad de expresión es tan limitado en Venezuela que tal vez pueda, finalmente, entenderse que si se ejerce bajo amenaza ya no es tal derecho. No tenemos igual derecho a participar en el gobierno, no se respeta la voluntad popular expresada en elecciones y menos somos amparados por la seguridad social.

Se ha acabado con la vida cultural, artística y científica, por lo que malamente podríamos aspirar a gozar de sus beneficios.

Todo lo anterior atenta contra los principios de nuestra nacionalidad pues nos priva de ella al desconocer nuestros derechos individuales.

Como podemos constatar, punto por punto, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no rige en la Venezuela “revolucionaria”

Es por ello que su verdugo y secuaces serán llevados a las Cortes Penales Internacionales y no valdrán atenuantes porque se están encargando de liquidarlos todos.

Hay 26 razones para procesarlos. Y lo veremos.


Macky Arenas
Socióloga y periodista