A quienes tenemos que ejercer la práctica diaria del ejercicio de la profesión de abogado con la mayor eficiencia y celeridad posible, nos encontramos con un sinnúmero de barreras y obstáculos, que la mayoría de las veces por una cuestión, tal vez absurda de dignidad mantenemos silencio.
“...La mano del piadoso nos quita siempre honor...” dice el poeta – “Machado” –, y tiene razón
Soy tal vez para el Poder Judicial y el Colegio de Abogados que me debe representar “un lisiado”.
Este impedido como muchos otros, tiene el honor de pertenecer a dos categorías claramente definidas, la de un profesional (Abogado), con problemas y que necesita igualarse a los demás para de ese modo insertarse a la sociedad como una persona útil que precisa de un Poder – Judicial – un paso más adelante.
Y por otra parte un ciudadano común que la Constitución Nacional y Provincial le concede profusos derechos por su imposibilidad.
Es facultad y obligación de quien ejerce la Superintendencia del Poder Judicial y la del Colegio de Abogados de la Provincia no solamente la de bregar por problemas que se suscitan permanentemente como uno de los Poderes del Estado y la del Colegio de Abogados como institución, la de atender puntualmente casos especiales y concretos, y la de supervisar y controlar dentro de sus facultades taxativas todas las presentaciones de aquellas personas que necesitan de su puntual atención.
Para que cualquier discriminación no queden en saco roto (somos afiliados como todos y tenemos derecho a opinar y discrepar a pesar de nuestras deficiencias)
En ese sentido deseo destacar que la Justicia Federal ha creado con la intervención de su Colegio que brega por sus adheridos la llamada “Contraloría de Servicios”, que es una oficina que está adscrita al Consejo Superior del Poder Judicial, la cual vela para que las personas discapacitadas reciban la mejor atención en cada una de las diligencias que realiza y en cualquier dependencia del Poder Judicial.
Su objetivo general es el de contribuir a que, en la prestación del servicio público, el Poder Judicial funcione con un máximo de eficiencia a fin de satisfacer oportuna y adecuadamente las legítimas demandas de las personas usuarias, así como brindarle la información que éstas requieran para orientar y facilitar su contacto con la institución.
Toda persona física o jurídica incluidos los menores, sin costo alguno y sin necesidad del cumplimiento de formalidades especiales puede acceder a sus servicios.
En relación con la atención de personas con discapacidad, existe un Reglamento sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con problemas, al establecer el deber de las Contralorías de Servicios de supervisar que en las instituciones públicas no se limite la igualdad de oportunidades por la omisión o no prestación de las ayudas técnicas y servicios de apoyo a quienes la requieran.
No se puede obligar a personas con problemas ambulatorios o de cualquier otro tipo tener que esperar horas en los mostradores del Poder Judicial en cualquier fuero que sea y recibir la contestación indiferente de un Funcionario o Magistrado que se atiende únicamente en un horario estricto (generalmente de 08:00 a 09:00), o que venga más tarde.
Muchos de los mal llamados discapacitados nos levantamos a veces dos horas antes para situarnos en condiciones y de esa manera poder circular durante todo el día en el ejercicio de la profesión con la comodidad de cada caso.
No debe de manera alguna limitarse los derechos de los discapacitados garantizados y amparados por leyes especiales.
No queremos limosna, no deseamos favores, pedimos ejercer el derecho elemental a trabajar.
Anhelamos poder ser capaces de sostenernos a nosotros mismos y a nuestras familias.
No es caridad, es obligación la de velar por las personas con problemas.
No creo que Dios justifique a un Poder o una institución que olvida a los débiles.
(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo del Dr. Jorge B. Lobo Aragón por gentileza de su autor.
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