Relaciones indebidas...

Editorial I
LA NACION

Los vínculos impropios en el fuero que debe investigar hechos de corrupción en el Estado representan una traba inadmisible
 
Una de las razones por las cuales se demoran las investigaciones sobre corrupción es debido al aprovechamiento que hacen muchos abogados defensores de funcionarios públicos imputados de las estructuras burocráticas de la Justicia, y a la anuencia para lograrlo por parte de los jueces y fiscales.

En el fuero federal de la Capital Federal (ámbito en el cual se investigan prácticamente todos los hechos de fraude a la administración pública que se cometen en el Estado nacional), magistrados, fiscales y varios abogados con amplia trayectoria en esa materia confluyen en el mismo edificio (situado en Comodoro Py, en Retiro), pero también en las aulas de distintas facultades y en diversas esferas sociales.

Las recientes conversaciones mantenidas por medio de mensajes de texto entre el juez Daniel Rafecas y el abogado de José Núñez Carmona en el caso Ciccone, son representativas de los vínculos impropios que existen en ese fuero judicial, al que acceden muy pocos profesionales.

Maximiliano Rusconi (abogado de los Ciccone y de Carlos Menem), quien ha sido mencionado hace pocos días en una nota de este diario como sirviendo de enlace entre sus defendidos y Núñez Carmona, está a punto de integrar una terna para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

En 2004, una de las primeras medidas de la renovada Corte Suprema de Justicia fue dictar una acordada limitando los conocidos "alegatos de oreja". Así se estableció que "cuando los litigantes y profesionales soliciten audiencia con alguno de los jueces del Tribunal, ella tendrá lugar siempre que esas personas obtengan la presencia de la contraparte o de su letrado en la causa contenciosa de que se trate". Sin embargo, esa disposición se respeta poco y las relaciones indebidas entre jueces y letrados se siguen produciendo aunque la justicia penal federal es, quizás, el ámbito en el cual éstas son más estrechas debido a ese reducido círculo y a la trascendencia política de los casos que allí se ventilan.

Los abogados defensores logran dilatar los trámites a partir de una incesante interposición de recursos procesales y, con ello, los expedientes se elevan a la Cámara de Apelaciones, a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema. Un solo recurso presentado puede hacer demorar un proceso durante más de un año.

En distintos congresos de derecho procesal se ha sostenido que el abuso de las vías procesales puede consumarse a raíz de repeticiones de conductas que aisladamente no repugnan, sino que se ajustan al ordenamiento jurídico y se configura merced a la acción coordinada de una pluralidad de conductas tendientes a dilatar los procesos.

Los jueces y fiscales tienen las herramientas para detener estas acciones. Pueden llamar la atención de los abogados, sancionarlos y remitir denuncias al Colegio Público de Abogados.

En 2010, la Procuración General instruyó a los fiscales de los tribunales orales penales a que se opongan a la posibilidad de suspender o diferir la audiencia de debate ya fijada con sustento en planteos o recursos interpuestos con fines evidentemente dilatorios. Sin embargo, los fiscales no han sido estrictos en el cumplimiento de esa disposición y los juicios orales se siguen posponiendo cotidianamente.

La circunstancia de que haya muchos jueces y fiscales subrogantes por las demoras injustificadas del Poder Ejecutivo a la hora de designar a quienes deben ocupar las vacantes en forma definitiva no hace más que aumentar los incentivos de que no se respeten este tipo de disposiciones.

A esta altura sabemos perfectamente que la impunidad de la corrupción no es responsabilidad de los defectos legislativos del Código Penal y Procesal Penal (es necesario reformar este último antes que el Código Penal) ni de la cantidad de expedientes que deben tramitar los jueces.
Debemos decir con la mayor claridad posible que esa situación es producto de la falta de voluntad política de investigar a los funcionarios corruptos por parte de jueces y fiscales y que, en ese contexto, muchos de los abogados defensores que transitan Comodoro Py juegan un rol muy poco transparente y se benefician ampliamente de las fallas conscientes e inconscientes de un sistema que cuesta demasiado dinero para lo muy poco que produce