"Cumplir la Ley" respetando la libertad de prensa

Por Héctor B. Trillo (*)

Esta mañana pudo oírse en una radio capitalina un extenso reportaje al actual presidente de la AGFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), que es el organismo que reemplaza, luego de la sanción de la ley 26.522, al anterior COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) que provenía de los tiempos del gobierno militar de Agustín Lanusse, sin objeción de fondo alguna.

En este reportaje, el Sr. Martín Sabatella (de él se trata) hizo una encendida defensa de la actuación del organismo (y del Poder Ejecutivo en general) en el famoso asunto del 7 de diciembre, que es la fecha en la que se vence la medida cautelar solicitada por el grupo de multimedios que comprende al diario Clarín (grupo Clarín).

Esencialmente, lo que el Sr. Sabatella vino a decir es que el grupo Clarín está incumpliendo la ley y que a partir del vencimiento de la medida cautelar dictada, el gobierno queda liberado para “concursar” las frecuencias que están en infracción según lo dispuesto en el artículo 161 de la ley.
En otras palabras, vencido ese plazo, el demandante pierde su derecho a no innovar, el plazo de un año otorgado para “desinvertir” se considera vencido, y si no hay un proyecto presentado y adecuado (no se sabe cuáles serían las condiciones), el Poder Ejecutivo dispondrá de la libertad de otorgar las frecuencias a otros concesionarios de inmediato.

Está claro que acá no se trata de defender a un grupo de medios evidentemente poderoso y que seguramente cuenta con el mejor asesoramiento legal del país, sino más bien de señalar la confusión que producen las afirmaciones del funcionario.

La insistencia en el hecho de que el grupo incumple la ley fue manifiesta.
Casi agobiante.
Incluso superpuesta con las preguntas del entrevistador y con señalamientos realmente obvios como por ejemplo ¿a Ud no le parece raro que no se cumpla la ley y nadie diga nada? (la cita no es textual, pero era la idea bien clara)

Sabatella expresó también que los demás grupos periodísticos (que estimó en 20 o 25) que también están excedidos con relación a lo que dispone la ley, han presentado o están por hacerlo antes del 7 de diciembre, los correspondientes proyectos para “desinvertir” y adecuarse a la nueva normativa.
Y que si no lo hacen seguirán la misma suerte que amenaza correr el grupo señalado.

Hecha esta breve reseña, parece fundamental dejar bien claro lo que en realidad está ocurriendo.

Para empezar, la cuestión de cumplir la ley ha sido una muletilla que vio la luz de la mano de los discursos de la presidenta Cristina Fernández pero que no resiste el menor análisis.
Y por varias razones.

En primer lugar porque la medida cautelar solicitada por el multimedios es un acto perfectamente legal y que sólo vence el famoso “7D”, y no antes.
En segundo lugar porque tal medida está referida únicamente al grupo, y no a los demás multimedios que no están actualmente encuadrados en la nueva ley; lo cual hace que la cuestión sea justamente al revés:
el único grupo que está cumpliendo la ley es el de Clarín, dado que los demás, al no haber presentado amparos, deberían haber concluido su proceso de desinversión hace dos años, puesto que el plazo era de uno y ya van tres.

Para seguir con el análisis, una medida cautelar o de no innovar significa detener el tiempo.
Es decir que implica que los plazos legales se interrumpen si existieren.
Y por lo tanto el plazo de un año señalado (y que es el meollo de todo este entuerto y la razón del pedido de inconstitucionalidad) aún no ha transcurrido.

El gobierno nacional pretende desconocer este punto, y en todo caso dará lugar a nuevas controversias y enfrentamientos.
Pero no puede desconocer el primer punto señalado.
Es decir, no puede desconocer que no es cierto que el grupo Clarín está cumpliendo la ley y que son los otros los que no lo hacen ni lo han hecho.

La verdad de toda esta penosa situación la conoce toda la sociedad.
Existe un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el multimedios.
Un enfrentamiento entre quienes eran amigos y almorzaban juntos en Olivos y hoy no lo hacen más.
Un enfrentamiento entre quienes lograron de la pluma del finado ex presidente Kirchner la aprobación para fusionar Cablevisión y Multicanal (y hoy son acusados de monopólicos) y la verdadera inquina de la señora de Kirchner.

Quienquiera podrá discutir si es correcto, conveniente, democrático o lo que sea que un multimedios se haya convertido en algo tan poderoso.
Pero en términos legales y hasta constitucionales quitarle a alguien derechos adquiridos es, sin demasiada necesidad de análisis, un claro abuso.
Y esto es lo que está por ocurrir.

Es bueno recordar que el diario Clarín se hizo fuerte a partir de fines de los 40 ante el cono de sombra que recayó sobre el diario La Prensa, clausurado y confiscado por el régimen de Juan Perón en 1951.
Hasta entonces era ese diario el que llevaba largamente la delantera en materia de avisos de todo tipo...
Hasta que la visión antidemocrática que tenía el entonces presidente y muchos de sus adláteres, terminó por destruirlo con el argumento de que la línea editorial del diario era contraria a los intereses del pueblo.
Algo parecido a lo que sostienen hoy “intelectuales” cercanos al poder, como Ernesto Laclau, que habla de la necesidad de reformular las instituciones aboliendo prácticamente la división de poderes, porque aquellas se fundamentan en el conservadurismo y vienen de tiempos pretéritos plagados de “neoliberalismo”.
Sin abusar de la cita, es curioso que este señor viva en Londres y hasta tenga la nacionalidad del reino que tiene una larga deuda territorial con la Argentina y venga a dar lecciones aquí de lo que hay que hacer con el conservadurismo para lograr una suerte de “revolución”.

Pues bien, entre las “instituciones” que son funcionales a los antepasados, está la defensa de la libertad de opinar sin excepción de lo que se quiera.

En la Argentina no está en juego el grupo Clarín.
No está en juego siquiera el hecho de ser “poderoso”.
Lo que está en juego es quién es el poderoso. 
Si es algún empresario amigo del poder, o algún empresario que ha dejado de serlo