Thomas Griesa, muy molesto con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Hernán Lorenzino.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Los abogados (del estudio Cleary Gottlieb) que representan a la Argentina ante la justicia del estado de Nueva York (también han patrocinado a Grupo Clarín y a Grupo Petersen), presentaron un escrito solicitando el tratamiento "urgente" para que se suspendan los efectos del fallo del juez Thomas Griesa.
El caso es "NML Capital Ltd. contra la República de Argentina, 12-105, 2 º Circuito de USA, Corte de Apelaciones" (Manhattan).
Según informó el Ministerio de Economía, la presentación hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que éste carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo, de acuerdo a la presentación por la Argentina.
De acuerdo a la agencia estatal de noticias Telam, la solicitud a la Cámara, en consecuencia, es "el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar –proceso que, en los hechos se encuentra en pleno trámite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina y que tendrá continuidad a partir de las órdenes emitidas por Griesa y que deben ser revisadas por la Cámara-".
Asimismo, los argumentos de Argentina se basan en "la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de pari passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038".
El escrito manifiesta que "si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010", este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir.
Por otra parte, el documento denuncia "el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa".
Finalmente, la posición argentina resalta que "la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general".
En tanto, inversores con bonos reestructurados argentinos por US$ 1.000 millones ingresaron una moción de emergencia ante ese tribunal para intentar frenar la sentencia de Griesa, que ellos temen pueda perjudicar el pago de los títulos.
Los tenedores de bonos reestructurados de la Argentina pidieron un plazo de emergencia, afirmando que se encuentran preocupados acerca de si la sanción a la Argentina provocaría una pérdida del valor de sus bonos.
"El plazo de emergencia deberá permitir una audiencia completa y justa para la presentación de todos los argumentos", dijo David Boies, abogado que representa al grupo, en un comunicado por correo electrónico. "El movimiento se aseguraría de que los pagos de intereses a los tenedores de bonos continúen mientras se decida la apelación."
Los bonos argentinos en dólares han caído -13% en promedio desde la decisión de Griesa, de acuerdo a datos compilados por JPMorgan Chase & Co.
El fallo del juez de distrito Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron del canje unilateral (no olvidar que fue unilateral), liderados por NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management, que siguieron por 10 años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.
El fallo de Griesa ha consternado a los inversores que participaron en los 2 canjes de deuda y temen que el país entre en una cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por alrededor de US$ 24.000 millones.
"La moción (de prosperar) aseguraría que continúen los pagos de intereses a los tenedores de bonos mientras se decide la apelación", dijo en un comunicado David Boies, un abogado que representa a los inversionistas que participaron en los canjes.
Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se extiendan más allá de la Argentina y sus acreedores, dificultando futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los sistemas globales de pago.
La Administración Cristina tiene previsto cancelar en diciembre a los tenedores de bonos que sí aceptaron el canje al menos US$ 3.300 millones en capital e intereses.
NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra Argentina que no están incluidas en este caso, está dispuesta a negociar con la Argentina y consideraría una combinación de efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente allegada al fondo.
Es muy importante que NML demuestre interés en negociar frente a un Estado argentino que afirma que bajo ninguna circunstancia negociará con NML. El ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, dijo que no se les pagará a los tenedores de deuda no reestructurada, y él calificó la decisión de Griesa como "una especie de colonialismo judicial".
"Lo único que queda es que Griesa pida enviar a la Quinta Flota (de la Armada estadounidense)", dijo Lorenzino a los periodistas, al describir los planes de Argentina de presentar el lunes 26/11una apelación contra la decisión de Griesa en el Tribunal del Segundo Circuito de Apelaciones.
El fondo NML niega las acusaciones de Argentina de que esté buscando desencadenar un 'default' para obtener una ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito usados para protegerse contra el impago de deuda.
"Eso sería adoptar una posición muy importante en el mercado de CDS y no creo que tengan un interés en hacerlo", dijo la fuente, agregando que a NML se le debe alrededor de la mitad de los US$ 1.300 millones.
"Puede ser un problema de proceso, pero Argentina tendrá que esforzarse por justificar por qué se niega a pagar los US$ 1.300 millones", escribió el analista de Eurasia Group, Daniel Kerner, una semana atrás.
"Argentina tiene los recursos para hacer frente al pago, así que al final será una decisión política (y) no parece haber un apoyo político para el pago de los inversores excluidos", agregó.
Ese tribunal de apelaciones había respaldado en octubre una decisión adoptada por Griesa en febrero, que dijo que la Argentina había discriminado a los tenedores excluidos.
Es por eso que la mayoría de los analistas cree que es poco probable que esta nueva audiencia ofrezca un resultado diferente, aunque algunos dicen que podría aliviar el impacto sobre terceros, como Bank of New York Mellon, que transfiere los fondos de Argentina a los tenedores de bonos y a los operadores del sistema de compensación.
La decisión de Griesa significa que tales intermediarios de pagos están sujetos a embargos de los fondos destinados para los tenedores de bonos que aceptaron el canje.
"Si bien la situación en este momento es muy difícil para Argentina y los tenedores de bonos canjeados, sigue siendo posible que la Corte de Apelaciones pueda modificar la orden de Griesa en lo relativo a la aplicación a los intermediarios", escribió el banco de inversión Credit Suisse en un informe.
"Si la Corte de Apelaciones adopta una postura más moderada que la de Griesa, también podrá emitir un nuevo aplazamiento sobre la orden", agregó.
La Argentina obtendría así más tiempo y sería probable que llame pronto a una nueva audiencia, dada la inminente fecha límite de 15/12.
Algunos expertos legales creen que la Corte Suprema de USA podría elegir intervenir en este caso debido a sus implicaciones para la reestructuración de deuda en un momento de turbulencia económica mundial.
Los abogados del Gobierno estadounidense han respaldado la posición de la Argentina sobre la cláusula "pari passu", o de trato igualitario para los acreedores.
Estos dijeron en abril que las órdenes de Griesa "podrían permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional".
Sin embargo, no todo el mundo piensa que las consecuencias serán necesariamente tan amplias, porque la mayoría de los bonos emitidos desde la cesación de pagos de Argentina contienen cláusulas de acción colectiva que hacen que un acuerdo de reestructuración sea vinculante para todos los acreedores.
El ex secretario de Finanzas argentino, Guillermo Nielsen, quien ayudó a supervisar el canje de bonos en el 2005, dijo que lo mejor sería depositar los US$ 1.300 millones a tiempo y seguir litigando.
"Una moratoria sobre los nuevos bonos se debe evitar a toda costa", dijo Nielsen.
"El cese de pagos (del 2002) fue increíblemente costoso para Argentina y esta situación podría terminar causando el nuevo impago combinado con desacato a la corte", agregó.
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COMENTARIO
No deja de maravillarme el leer las pretensiones (en cuanto a la justicia y fallos establecidos en USA) de nuestros políticos, toda vez que aquí nadie respeta nuestra Carta Magna, la división de poderes y los fallos no se dan "conforme a derecho" ya que el Poder Judicial dejó de ser "independiente" de los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo)
Encabezando la lista el juez Oyarbide...
Corina Ríos
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