ACUMAR y el Riachuelo

Por Alfredo Alberti
Pte. de la Asociación Vecinos de La Boca

El Riachuelo es un entramado de negocios que tiene como único sentido el peculado de la cuenca.
La idea de dar autorización para volver a navegarlo esconde a dos socios interesados en devolverle al curso su sentido de cloaca para perder definitivamente la idea de sanearlo. 
Por un lado encontramos el Estado que por medio de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) reafirma con sus socios empresarios travestidos en organización no gubernamental, los ejes de resoluciones no menos que polémicas y cuestionadas desde varios sectores.

En este sentido la Fundación por La Boca logró colocar como Vicepresidente Ejecutivo en el ACUMAR.
El personaje de marras es Antolín Magallanes que fue Director Ejecutivo de esa organización hasta no hace poco tiempo.
El salto parece justificarse en dos ejes, por un lado la vinculación empresaria y por otro la política.
Antolín Magallanes ha ocupado varios puestos en la función pública.
La última ha sido como Director de la Corporación Buenos Aires Sur, del año 2003 al año 2007.
Desde 2007 se desempeñaba como Director Ejecutivo de Fundación x La Boca.

Distintas fuentes lo señalan como “próximo al jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina” de quien depende Juan José Mussi y la cartera de ambiente de la Nación.
Además se lo indica vinculado con el espacio político Frente Nuevo Encuentro, que conduce Martín Sabatella.
Pese a que el Presidente Ejecutivo de ACUMAR, Oscar Deina gusta hablar de incompatibilidad en las funciones, lo cierto es que el organismo realizó una parodia que encubre el negocio de la arena y de los depósitos de contenedores.
La Fundación x La Boca junto con representantes de organizaciones, que conforman el espacio “Unión x el Riachuelo”, realizaron una reunión con el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Juan José Mussi; y el propio Antolín Magallanes en su condición de funcionario para solicitar la navegabilidad del Riachuelo.

Además los integrantes de Unión x el Riachuelo pidieron conformar una mesa de trabajo junto a representantes de ACUMAR para poder avanzar en consensos y pedir a las autoridades judiciales competentes dejar sin efecto la medida preventiva que hace más de un año tomo el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

La medida suspendió preventivamente la navegación comercial en la cuenca Matanza-Riachuelo.
“Hace dos años nos vimos perjudicados con una medida que impactó directa y negativamente en distintas áreas de la vida social y comercial de la zona”, expresó Gabriel Lorenzo, responsable del Programa Riachuelo, por FXLB.
El negocio de la arena está vinculado principalmente a la familia Santoro que además es presidente de la Unión Industrial de Avellaneda.

La Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires informó que los acopios de arena no cuentan con las protecciones correspondientes.
Igual situación se extiende para los camiones que la transportan sin la respectiva cubierta tal como lo establece la normativa agregado a que parte del proceso productivo que es privado se realiza ocupando el espacio público.

A su vez los efluentes generados por el proceso de lavado de arena son volcados directamente al drenaje pluvial sin que se haya podido observar un tratamiento previo al vuelco y no se sabe si se realiza con agua proveniente del mismo Riachuelo.
Además no tienen otorgado el certificado de aptitud ambiental, están mal localizados y no tienen habilitación del gobierno de la ciudad para funcionar.
“Toda esta movida tiene finalidades comerciales muy precisas, directas, auto-referenciadas y es que las chatas areneras vuelvan a ser únicas dueñas del Riachuelo” dijo Alfredo Alberti presidente de la Asociación Vecinos de La Boca.

Armella sostuvo su decisión de prohibir la navegabilidad basada en el efecto de remoción de barros la elevación de los mismos y la dispersión que causan las chatas areneras.
Por el tiempo transcurrido se supone que además para que sea navegable debería dragarse el curso.
En este sentido, la Asociación Pro Aguas Limpias presidida por Martín Tonelli, denunció “por contaminación a una empresa portuaria de capitales ingleses que comenzó a principios de 2012 trabajos preparatorios para lo que ya es la mayor tarea de remoción de barros contaminados en la historia del país”.

Según Tonelli la preocupación nace debido a que “estos trabajos se desarrollan en la mismísima desembocadura del Riachuelo y consisten en la remoción de aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos de sedimentos del lecho del Riachuelo y su vuelco posterior, sin tratamiento ni control alguno, a cielo abierto en el Río de la Plata y sus costas”.