Golpe institucional en la ex República Argentina

Por Agustín Laje (*)

Argentina acaba de sufrir un golpe institucional comandado desde el Poder Ejecutivo a través de esa escribanía oficialista que se hace llamar Congreso de la Nación, dirigido contra nuestro sistema republicano previsto en el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional.
El objetivo del golpe es claro, y nadie tiene ya dudas al respecto: Depositar la suma del poder público en la camarilla de corruptos que gobierna el país, cosa que les permitiría cumplir con su amenaza de “ir por todo” y, además, garantizar la impunidad para ellos y sus amigos.
Es por eso que tomar el control de la Justicia constituye el paso decisivo para consolidar la autocracia en los planes del kirchnerismo.

El golpe ha sido perpetrado, paradójicamente, en nombre de una “democratización” que de democrática no tiene nada.
Más de un millón de personas colmaron las calles de todo el país el pasado 18 de abril, poniendo de manifiesto que el pueblo no quiere ver morir su República.
(¿Cuánta gente estaría dispuesta a salir a las calles a defender la reforma kirchnerista sin viandas ni beneficios clientelares de por medio?).
Incluso, durante la propia votación de la reforma totalitaria, miles de ciudadanos se congregaron frente al Congreso a los efectos de hacer oír su voz entre tanto palabrerío pronunciado por personajes de baja estofa y nulo espíritu democrático, como la diputada Diana Conti (admiradora confesa del genocida Joseph Stalin y de su dictadura comunista) que, sin ruborizarse, ahora pretendía dar cátedra de democracia a los argentinos.

Tras una maratónica sesión de 17 horas llevada a cabo en la Cámara Baja, lo cierto es que las cosas no han quedado nada claras.
En primer término, el kirchnerismo presionó por imponer el debate único del paquete jurídico, cuando lo razonable era tratar artículo por artículo dada la relevancia de la ley en cuestión, cosa que finalmente se logró gracias a la reacción de una oposición que comenzaba a oler fraude y advertía posibilidades de que el Frente para la Victoria no llegara al número necesario para aprobar cada artículo por separado.

En segundo término −y como frutilla del postre− al votarse el segundo artículo de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, la pantalla gigante mostró 128 votos afirmativos en lugar de los 130 requeridos para su aprobación.
El kirchnerismo se encolerizó y alegó problemas técnicos con el sistema electrónico, 
repitió la votación, y consiguió los 130 necesarios para establecer la nueva composición del organismo de marras, violando el reglamento de la Cámara y provocando la retirada de la oposición.

Para sumar sospechas al presunto (y poco creíble) desperfecto técnico, la diputada a la que no se le habría computado bien el voto fue nada menos que la neuquina Alicia Comelli, quien figuraba en la campaña que varias ONG llevaron adelante publicando el nombre de los doce diputados que estaban dubitativos respecto a la mal llamada “democratización de la justicia”.
Asimismo, se sabe que el partido de Comelli fue aliado del PRO y que, durante su exposición en el recinto, la diputada planteó algunos reparos en torno al proyecto kirchnerista, sobre todo en lo referido precisamente al artículo 2°.

¿Qué pasó con Comelli?
Es probable que su estrategia haya sido la de quedar bien con Dios y con el diablo, dejando de entregar su voto a un artículo con el que no comulgaba pero respecto del cual creía que, con o sin su adhesión, sería aprobado por el kirchnerismo.
Cuando vio en pantalla que sin su voto los sueños del oficialismo se estropeaban, el plan se desmoronó y tuvo que conceder su voto positivo (¿acaso por alguna jugosa oferta a cambio?).

Como quiera que sea, el proyecto retocado de la reforma al Consejo de la Magistratura ahora retornará al Senado para su revisión y será convertido en ley el 8 de mayo, de nuevo bajo un tratamiento express que busca darle un maquillaje institucional a lo que precisamente embiste contra las instituciones republicanas. Los límites a las medidas cautelares y la creación de tres nuevas cámaras de casación ya son ley. La sustancia de la reforma totalitaria que concede embozadamente la suma del poder público al gobierno, ha sido parida en apenas 17 horas de debate, en lo que fue un verdadero golpe institucional que derrocó a nuestro sistema republicano basado en la división de poderes.

Aquellos incrédulos respecto al golpe institucional acaecido en el país, deberían atender al artículo 29 de nuestra Constitución Nacional que establece lo siguiente:
“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los Gobernadores de Provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Traidores a la patria… eso y no otra cosa son todos aquellos quienes sepultaron nuestra República en lo que fue un verdadero golpe institucional contra la Justicia.
Las cosas deben ser llamadas por su nombre.

(*) Es autor del libro Los Mitos Setentistas, y director del Centro de Estudios LIBRE.
agustin_laje@hotmail.com | www.agustinlaje.com.ar | @agustinlaje
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COMENTARIO
Traidores a la patria pero que jamás serán juzgados precisamente porque Ricardo Lorenzetti (presidente de la Suprema Corte hasta el '2030) comete prevaricato...

Prevaricato:
Prevarica quien hace pasar como derecho algo que positivamente sabe que no lo es...
Vale decir que debería haber defendido la absoluta independencia del Poder Judicial - 

Atribuciones del Poder Judicial

Art. 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conjunto y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, 

Art. 120.- El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. 
Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. 
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.