http://www.adapd.org.ar/Popup.asp?id=2422&tabla=Actividades
ADAPD en nombre de sus socios en particular y de los pequeños ahorristas argentinos en títulos públicos, ahorristas bancarios y acreedores de mutuos se dirige a la opinión pública, para realizar un balance de los hechos sucedidos en relación al default de la deuda pública declarado en 2002 por el Gobierno Argentino, y a los hechos relacionados con la transferencia de patrimonio desde algunos sectores ahorristas hacia sectores deudores, entre los cuales se incluye el propio Estado.
Nuestras conclusiones al balance que se realiza es que desgraciadamente tuvimos razón cuando argumentamos que el no atender el pago de la deuda pública, en la forma en que lo hacen los países serios, llevaría al país al aislamiento y al estancamiento económico. Esto último sólo ha sido hasta el presente mitigado circunstancial y parcialmente por los altos precios de los productos agropecuarios que exporta el país, situación totalmente ajena a las políticas del gobierno, y que pareciera estar cambiando en forma desfavorable en función de la crisis internacional.
La realidad impone cambios y a mayor demora en efectuarlos, mayores serán los efectos traumáticos sobre la población. Parte de estos cambios pasan por reconocer que las deudas contraídas por el Estado Nacional deben atenderse, y esa atención pasa por una negociación que satisfaga a las partes en conflicto, no por imposiciones unilaterales del deudor que solamente provocarían una crisis generalizada aún mayor. Aprendamos la lección de una vez por todas, y tomemos ejemplo de los países que crecen con bases sustentables y genuinas, con beneficios para la sociedad en su conjunto. Estos no reniegan de sus compromisos.
Somos ciudadanos de distintas profesiones, nivel económico e ideas políticas que formamos parte de la denominada clase media del país. Mediante nuestro esfuerzo y la cuota necesaria de buena suerte, pudimos ahorrar parte de nuestros ingresos, y ateniéndonos a las leyes vigentes en nuestro país, depositamos nuestros ahorros en bonos públicos y privados, acciones, fondos de inversión, depósitos bancarios, etc. Algunos de nosotros prestamos dinero a otros ciudadanos en mejores condiciones que las otorgadas por los bancos, sobre la base de un acuerdo voluntario y satisfactorio para ambas partes.
La crisis que afectó al país a fines del 2001, producto del déficit prolongado de las finanzas públicas que provocó el endeudamiento progresivo del país, nos puso junto a otros sectores sociales indefensos como las víctimas principales de este proceso.
Los desdichados conciudadanos que fueron arrojados a la calle y perdieron sus medios de vida, fueron reconocidos con toda justicia como víctimas de este proceso. En cambio nosotros fuimos vituperados como usureros, especuladores o buitres.
Esto no fue casual. Tras esta infame tergiversación de la realidad, se escondía la desgraciadamente lograda intención de despojarnos de nuestro patrimonio en beneficio de todo tipo de deudores. No desconocemos que una parte de los mismos fueron también víctimas de este proceso, pero con intención electoralista y visión maniquea, los deudores fueron calificados como las víctimas y los acreedores como los sanguinarios victimarios.
La llamada pesificación asimétrica no fue casual sino parte del pacto entre el gobierno y los grupos de poder que se beneficiaron de la misma. El default y el canje confiscatorio y discriminatorio impuesto por el gobierno, y la ley cerrojo votada rápidamente por la escribanía del Congreso, fueron la continuación agravada de esta misma política. El bochornoso fallo Galli emitido por la Corte Suprema de Justicia convalidó la política Kicher-Lavagna, y demostró una vez más que la independencia del Poder Judicial del poder político de turno, es una fantasía. Dicho fallo estableció la categoría de acreedores de segunda para los poseedores de Bonos de legislación Argentina, frente a los bonistas poseedores de bonos de legislación extranjera
En ese momento fuimos las víctimas directas, pero no las únicas. Los millones de compatriotas que aportaban a los Fondos de jubilación, (AFJP) fueron victimas futuras de estas medidas, aunque por las urgencias económicas de la crisis o no se percataron, o no fue una prioridad luchar contra un despojo futuro. Los fondos estaban conformados parcialmente por los bonos que fueron declarados en default, y que el Gobierno argentino obligó a las AFJP a que adhirieran al canje, perdiendo así el 70% de su patrimonio original.
Las AFJP perdieron el negocio pero no sus ganancias. Su única preocupación fue no quedar sujetas a la condena de la justicia por no defender los derechos de sus afiliados. El gobierno por ley las liberó de esa obligación, y entonces se acoplaron al despojo. Así perdieron toda justificación para su existencia al someterse al Poder Político, situación que se repite cuando por ejemplo, retiran inversiones más rentables realizadas en el Mercado Brasileño, para prestar al gobierno nacional a tasas menores y riesgo mayor, en perjuicio para los ingresos de los futuros jubilados.
Hoy estamos asistiendo a la confirmación de nuestros pronósticos sobre la falta de inversiones de largo plazo genuinas y de riesgo en toda la infraestructura productiva del país, para desgracia nuestra y de todos los ciudadanos no integrantes de la alianza del poder, diagnóstico que previmos en base a la ruptura de la continuidad jurídica hoy agudizada. El excedente petrolero alcanzado en 1992 está cercano de perderse, y volveremos a ser importadores netos de petróleo y sus subproductos, con el agravante de que el precio del mismo pasó de 17 a 140 dólares por barril. Ya somos importadores de gas natural, a precios que multiplican varias veces los que se pagan a productores locales, que han dejado de invertir para recuperar reservas y mantener la producción. El punto es que toda esta distorsión de precios no ha llegado todavía en forma plena a los consumidores domiciliarios, debido a la cada vez más enmarañada red de subsidios que recibe actualmente el consumo, pero a corto o mediano plazo no hay forma de evitar el sinceramiento de los precios a costa del nivel de vida de toda la población. La falta de inversión en infraestructura, tales como caminos, puertos, ferrocarriles, hospitales, agrava aún más la posición competitiva del país, y ahuyenta la inversión generadora de trabajo digno y estable para toda la población.
El nivel expoliador de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, -y a otras exportaciones-, fue un intento para prolongar el financiamiento de la política económica actual del Gobierno Nacional, que ha quedado demostrado que no es de redistribución del ingreso como se pregona, ya que quienes más se benefician con los subsidios no son los sectores más necesitados, sino y como siempre, los grupos “amigos”. La derrota del Poder Ejecutivo en el Congreso por este tema, ha acelerado los ritmos a los que se desenvuelve esta situación. La caída de las transferencias de la Nación a las Provincias, Municipios y organismos autárquicos, está acompañada con el financiamiento obligatorio que obtiene el Poder Ejecutivo de la ANSES, las AFJP, y los bancos oficiales.
El costo del último préstamo obtenido de Venezuela, supera con creces las tasas pagadas por los bonos públicos emitidos en la denostada década del 90. Esto como consecuencia del aislamiento argentino del mundo, por su falta de confiabilidad institucional e inseguridad jurídica, con base en el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
El anuncio del pago de la Deuda al Club de París, fue un intento de reiterar el rédito político que el gobierno obtuvo con el pago al Fondo Monetario Internacional, vendido con un discurso populista, y que desde el punto de vista económico intentaba recuperar el acceso a los mercados internacionales, para refinanciar los pagos que deben realizarse en el futuro cercano.
Las repercusiones públicas se centraron en que deben honrarse todos los compromisos para lograr el refinanciamiento, por lo tanto debe atenderse también el pago de la deuda con los holdouts. Los holdouts tan denostados desde los discursos oficiales y oficialistas, fueron mostrados falsamente a la opinión pública como si fueran todos buitres, cuando en la realidad y en su mayoría son argentinos que viven y trabajan en Argentina, o son jubilados o proveedores del estado que recibieron bonos en parte de pago por deudas estatales, o desocupados que tenían sus ahorros en bonos del tesoro de su país. Fue el gobierno argentino quien los eligió como un eslabón débil en la cadena de pagos, para vapulearlos, denostarlos, tratando de destruir su patrimonio, para beneficiar a los grandes capitalistas amigos a quienes licuó sus deudas, sin medir las consecuencias que para toda la nación implica una conducta poco seria de deudor empedernido, que no respeta los compromisos asumidos por el Estado Argentino, que no negocia, que elige qué deuda se paga y cuál no se paga. Esa inconducta no es gratuita a nivel internacional, pero lo que es más lamentable, es que siempre la terminan pagando los sectores sociales de menores recursos.
La imagen de política progresista se resquebraja aceleradamente. Todavía mantiene esa fachada apelando al ocultamiento o tergiversación burda de la realidad. En el primero de los casos la jubilación graciable a cientos de miles de personas de edad, la mayoría sin recursos, en sí misma es saludable. Lo criticable es que la misma se financia a través de la ANSES y deberá ser pagada por los mismos jubilados, lo cual producirá una igualación hacia la pobreza de los mismos. El Proyecto Oficial de Movilidad Jubilatoria es la continuidad de esa política, ya que representa la legalización de la caída del poder adquisitivo de los jubilados a través del tiempo, al establecer como variable de ajuste el que resulte menor de los índices sujetos usados para su actualización. Estos serán un índice de salarios y un índice que medirá el cambio en la recaudación de la ANSES, cuando de lo que se trata es de recomponer y luego mantener el poder adquisitivo de los jubilados.
La caída del poder adquisitivo de la población se generaliza con el congelamiento de la llamada ley Machinea, que introdujo una tabla para aumentar la recaudación impositiva del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría principalmente, que en su momento alcanzaba a los sueldos más altos que se pagaban a los empleados privados, y hoy afecta hasta a los trabajadores de menores ingresos sujetos a las burlas de su propia presidente, lo que provocó la oposición del mismo titular de la CGT Hugo Moyano.
Como ejemplo de la tergiversación burda de la realidad basta con recordar las cifras del INDEC.
Por todo lo expuesto como resumen de una realidad que nos golpea cada día más, arribamos a las conclusiones que encabezan este escrito.
ADAPD- Asociación civil
www.adapd.org.ar
adapd@adapd.org.ar
Horacio Vázquez
ADAPD en nombre de sus socios en particular y de los pequeños ahorristas argentinos en títulos públicos, ahorristas bancarios y acreedores de mutuos se dirige a la opinión pública, para realizar un balance de los hechos sucedidos en relación al default de la deuda pública declarado en 2002 por el Gobierno Argentino, y a los hechos relacionados con la transferencia de patrimonio desde algunos sectores ahorristas hacia sectores deudores, entre los cuales se incluye el propio Estado.
Nuestras conclusiones al balance que se realiza es que desgraciadamente tuvimos razón cuando argumentamos que el no atender el pago de la deuda pública, en la forma en que lo hacen los países serios, llevaría al país al aislamiento y al estancamiento económico. Esto último sólo ha sido hasta el presente mitigado circunstancial y parcialmente por los altos precios de los productos agropecuarios que exporta el país, situación totalmente ajena a las políticas del gobierno, y que pareciera estar cambiando en forma desfavorable en función de la crisis internacional.
La realidad impone cambios y a mayor demora en efectuarlos, mayores serán los efectos traumáticos sobre la población. Parte de estos cambios pasan por reconocer que las deudas contraídas por el Estado Nacional deben atenderse, y esa atención pasa por una negociación que satisfaga a las partes en conflicto, no por imposiciones unilaterales del deudor que solamente provocarían una crisis generalizada aún mayor. Aprendamos la lección de una vez por todas, y tomemos ejemplo de los países que crecen con bases sustentables y genuinas, con beneficios para la sociedad en su conjunto. Estos no reniegan de sus compromisos.
Somos ciudadanos de distintas profesiones, nivel económico e ideas políticas que formamos parte de la denominada clase media del país. Mediante nuestro esfuerzo y la cuota necesaria de buena suerte, pudimos ahorrar parte de nuestros ingresos, y ateniéndonos a las leyes vigentes en nuestro país, depositamos nuestros ahorros en bonos públicos y privados, acciones, fondos de inversión, depósitos bancarios, etc. Algunos de nosotros prestamos dinero a otros ciudadanos en mejores condiciones que las otorgadas por los bancos, sobre la base de un acuerdo voluntario y satisfactorio para ambas partes.
La crisis que afectó al país a fines del 2001, producto del déficit prolongado de las finanzas públicas que provocó el endeudamiento progresivo del país, nos puso junto a otros sectores sociales indefensos como las víctimas principales de este proceso.
Los desdichados conciudadanos que fueron arrojados a la calle y perdieron sus medios de vida, fueron reconocidos con toda justicia como víctimas de este proceso. En cambio nosotros fuimos vituperados como usureros, especuladores o buitres.
Esto no fue casual. Tras esta infame tergiversación de la realidad, se escondía la desgraciadamente lograda intención de despojarnos de nuestro patrimonio en beneficio de todo tipo de deudores. No desconocemos que una parte de los mismos fueron también víctimas de este proceso, pero con intención electoralista y visión maniquea, los deudores fueron calificados como las víctimas y los acreedores como los sanguinarios victimarios.
La llamada pesificación asimétrica no fue casual sino parte del pacto entre el gobierno y los grupos de poder que se beneficiaron de la misma. El default y el canje confiscatorio y discriminatorio impuesto por el gobierno, y la ley cerrojo votada rápidamente por la escribanía del Congreso, fueron la continuación agravada de esta misma política. El bochornoso fallo Galli emitido por la Corte Suprema de Justicia convalidó la política Kicher-Lavagna, y demostró una vez más que la independencia del Poder Judicial del poder político de turno, es una fantasía. Dicho fallo estableció la categoría de acreedores de segunda para los poseedores de Bonos de legislación Argentina, frente a los bonistas poseedores de bonos de legislación extranjera
En ese momento fuimos las víctimas directas, pero no las únicas. Los millones de compatriotas que aportaban a los Fondos de jubilación, (AFJP) fueron victimas futuras de estas medidas, aunque por las urgencias económicas de la crisis o no se percataron, o no fue una prioridad luchar contra un despojo futuro. Los fondos estaban conformados parcialmente por los bonos que fueron declarados en default, y que el Gobierno argentino obligó a las AFJP a que adhirieran al canje, perdiendo así el 70% de su patrimonio original.
Las AFJP perdieron el negocio pero no sus ganancias. Su única preocupación fue no quedar sujetas a la condena de la justicia por no defender los derechos de sus afiliados. El gobierno por ley las liberó de esa obligación, y entonces se acoplaron al despojo. Así perdieron toda justificación para su existencia al someterse al Poder Político, situación que se repite cuando por ejemplo, retiran inversiones más rentables realizadas en el Mercado Brasileño, para prestar al gobierno nacional a tasas menores y riesgo mayor, en perjuicio para los ingresos de los futuros jubilados.
Hoy estamos asistiendo a la confirmación de nuestros pronósticos sobre la falta de inversiones de largo plazo genuinas y de riesgo en toda la infraestructura productiva del país, para desgracia nuestra y de todos los ciudadanos no integrantes de la alianza del poder, diagnóstico que previmos en base a la ruptura de la continuidad jurídica hoy agudizada. El excedente petrolero alcanzado en 1992 está cercano de perderse, y volveremos a ser importadores netos de petróleo y sus subproductos, con el agravante de que el precio del mismo pasó de 17 a 140 dólares por barril. Ya somos importadores de gas natural, a precios que multiplican varias veces los que se pagan a productores locales, que han dejado de invertir para recuperar reservas y mantener la producción. El punto es que toda esta distorsión de precios no ha llegado todavía en forma plena a los consumidores domiciliarios, debido a la cada vez más enmarañada red de subsidios que recibe actualmente el consumo, pero a corto o mediano plazo no hay forma de evitar el sinceramiento de los precios a costa del nivel de vida de toda la población. La falta de inversión en infraestructura, tales como caminos, puertos, ferrocarriles, hospitales, agrava aún más la posición competitiva del país, y ahuyenta la inversión generadora de trabajo digno y estable para toda la población.
El nivel expoliador de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, -y a otras exportaciones-, fue un intento para prolongar el financiamiento de la política económica actual del Gobierno Nacional, que ha quedado demostrado que no es de redistribución del ingreso como se pregona, ya que quienes más se benefician con los subsidios no son los sectores más necesitados, sino y como siempre, los grupos “amigos”. La derrota del Poder Ejecutivo en el Congreso por este tema, ha acelerado los ritmos a los que se desenvuelve esta situación. La caída de las transferencias de la Nación a las Provincias, Municipios y organismos autárquicos, está acompañada con el financiamiento obligatorio que obtiene el Poder Ejecutivo de la ANSES, las AFJP, y los bancos oficiales.
El costo del último préstamo obtenido de Venezuela, supera con creces las tasas pagadas por los bonos públicos emitidos en la denostada década del 90. Esto como consecuencia del aislamiento argentino del mundo, por su falta de confiabilidad institucional e inseguridad jurídica, con base en el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
El anuncio del pago de la Deuda al Club de París, fue un intento de reiterar el rédito político que el gobierno obtuvo con el pago al Fondo Monetario Internacional, vendido con un discurso populista, y que desde el punto de vista económico intentaba recuperar el acceso a los mercados internacionales, para refinanciar los pagos que deben realizarse en el futuro cercano.
Las repercusiones públicas se centraron en que deben honrarse todos los compromisos para lograr el refinanciamiento, por lo tanto debe atenderse también el pago de la deuda con los holdouts. Los holdouts tan denostados desde los discursos oficiales y oficialistas, fueron mostrados falsamente a la opinión pública como si fueran todos buitres, cuando en la realidad y en su mayoría son argentinos que viven y trabajan en Argentina, o son jubilados o proveedores del estado que recibieron bonos en parte de pago por deudas estatales, o desocupados que tenían sus ahorros en bonos del tesoro de su país. Fue el gobierno argentino quien los eligió como un eslabón débil en la cadena de pagos, para vapulearlos, denostarlos, tratando de destruir su patrimonio, para beneficiar a los grandes capitalistas amigos a quienes licuó sus deudas, sin medir las consecuencias que para toda la nación implica una conducta poco seria de deudor empedernido, que no respeta los compromisos asumidos por el Estado Argentino, que no negocia, que elige qué deuda se paga y cuál no se paga. Esa inconducta no es gratuita a nivel internacional, pero lo que es más lamentable, es que siempre la terminan pagando los sectores sociales de menores recursos.
La imagen de política progresista se resquebraja aceleradamente. Todavía mantiene esa fachada apelando al ocultamiento o tergiversación burda de la realidad. En el primero de los casos la jubilación graciable a cientos de miles de personas de edad, la mayoría sin recursos, en sí misma es saludable. Lo criticable es que la misma se financia a través de la ANSES y deberá ser pagada por los mismos jubilados, lo cual producirá una igualación hacia la pobreza de los mismos. El Proyecto Oficial de Movilidad Jubilatoria es la continuidad de esa política, ya que representa la legalización de la caída del poder adquisitivo de los jubilados a través del tiempo, al establecer como variable de ajuste el que resulte menor de los índices sujetos usados para su actualización. Estos serán un índice de salarios y un índice que medirá el cambio en la recaudación de la ANSES, cuando de lo que se trata es de recomponer y luego mantener el poder adquisitivo de los jubilados.
La caída del poder adquisitivo de la población se generaliza con el congelamiento de la llamada ley Machinea, que introdujo una tabla para aumentar la recaudación impositiva del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría principalmente, que en su momento alcanzaba a los sueldos más altos que se pagaban a los empleados privados, y hoy afecta hasta a los trabajadores de menores ingresos sujetos a las burlas de su propia presidente, lo que provocó la oposición del mismo titular de la CGT Hugo Moyano.
Como ejemplo de la tergiversación burda de la realidad basta con recordar las cifras del INDEC.
Por todo lo expuesto como resumen de una realidad que nos golpea cada día más, arribamos a las conclusiones que encabezan este escrito.
ADAPD- Asociación civil
www.adapd.org.ar
adapd@adapd.org.ar
Horacio Vázquez
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2 comentarios:
Y los que por una causa u otra no pudieron ahorrar, que pueden hacer?
Hola soy un jubilado argentino que deseando pelear por sus derechos ha creado su propio blog con la esperanza de otros al leerlo e identificarse se unan y expresen su opinion mediante este medio, mi blog es jubilados-argentinos.blogspot.com
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