Bajo la prédica de Ernesto Laclau –un mix de izquierdismo cholulo con altas dosis de macaneo, o sea la filosofía del populismo degenerado– la evolución del Modelo K llegó a un punto de total descontrol verbal y político.
Ante todo, avanzando hacia la destrucción de las instituciones en nombre de “lo popular” y de lo cual los sectores populares terminarán siendo las víctimas principales.
A las respuestas negativas de algunos jueces federales frente al desatino de violar groseramente el art. 114 de la Constitución mediante la ley 26.855 de reforma judicial, y así imponer un Consejo de la Magistratura de base electoral, es decir con miembros impuestos por los punteros y la compra-venta de votantes, los voceros del oficialismo salieron enfurecidos a la palestra.
Se destaca la diputada del Frente para la Victoria Diana Conti –ex miembro del gobierno De la Rúa– para sostener que “los jueces no deben sustituir la voluntad popular y federal del Congreso Nacional”.
Aunque esta señora en su momento se proclamó estalinista, y Dios nos libre que un día el destino la coloque en la Presidencia, ahora parece derivar doctrinariamente hacia el sistema de Inglaterra, donde, al revés de la Argentina, el Parlamento es el órgano soberano...
Del cual alguien supo decir que “lo puede todo salvo cambiarle el sexo a los ángeles”.
Esta señora debería buscarse alguien que entienda algo de Derecho Constitucional, que no sea ni el Amado ni el Cuervo que, para otros negocios, ofician de teólogos del kirchnerismo legislativo.
Entonces comprendería que en este país rige el principio esencial de la “supremacía constitucional” (arts. 31 CN), y de lo cual el Poder Judicial es el guardián por excelencia.
De ahí arriba eso de la división de los poderes que, a partir del siglo XVII, sustituyó el poder absoluto de la monarquía.
Algo sustantivo en una democracia que no sea la de Fidel o de Corea del Norte.
Con lo cual ni el Congreso ni el Ejecutivo están habilitados para ejercer sus competencias al margen y/o más allá de las previsiones de la Constitución.
Y menos para dictar leyes o decretos dirigidos a crear condiciones que consagren la impunidad de los funcionarios corruptos, sean altos, medios o bajos.
Porque de eso se trata si es que con la ley 26.855 a los argentinos no se nos quiera convertir en un montón de papanatas.
Viene al caso el pensamiento de un gran jurista y politólogo:
“El totalitarismo –dejó dicho Carl J. Friedrich– puede considerarse una expresión exagerada de la tendencia de dar importancia extrema a la política.
En los totalitarismos los dirigentes reivindican para sí el derecho de decidir en cuestiones políticas, sin dar ninguna consideración a las formas legales”.
Es que por esta ruta el Estado se transforma en una toldería y la sociedad en una horda.
Aunque, remedando la canción de Juan Gabriel, “se me olvidó esta vez” que la diputada Conti sabe lo que dice y lo que hace.
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