Un relato oficial plagado de flagrantes contradicciones

Editorial I
Un relato oficial plagado de flagrantes contradicciones
Desde la lucha contra el narcotráfico hasta el ascenso del general Milani, ha quedado en evidencia el escaso valor de la palabra del Gobierno

A poco de asumir la Presidencia de la Nación, Néstor Kirchner le confió a un grupo de empresarios en España que no debían medirlo por lo que decía, sino por lo que hacía.
Pudo haber sido un intento por seducir al capital relativizando un discurso populista que suele atraer votos, pero ahuyenta inversiones.
Más que eso, sin embargo, constituyó un verdadero sincericidio acerca del escaso valor de la palabra de un gobierno.

La era kirchnerista, en general, y los últimos años, en particular, han dado cuenta de la importancia que las autoridades nacionales le han asignado al relato oficial para la construcción de un escenario en el que se esconde debajo de la alfombra cualquier vestigio de realidad que choque con los intereses del poder político.

El kirchnerismo ha pretendido cambiar desde lo dialéctico la forma de hacer política.
Pero lo que consiguió fue incurrir en flagrantes contradicciones por las que, en estos días, ha comenzado a pagar un duro costo político.

Recientemente, el Gobierno le ha concedido a la compañía norteamericana Chevron lo que durante años le negó a la española Repsol.
Para persuadir a aquella empresa petrolera de asociarse con YPF y aportar una inversión cuyo monto para el próximo año resulta ínfimo en función de las particularidades del negocio petrolero, las autoridades debieron dar marcha atrás con su discurso y con su política de "soberanía hidrocarburífera". Indudablemente, pudo más la necesidad de intentar reencauzar una crisis energética a la que se llegó precisamente por las irresponsables políticas aplicadas en los últimos diez años.

Una segunda contradicción que se advirtió en los últimos días guarda relación con las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Bogotá, donde firmó acuerdos de cooperación con el gobierno colombiano para la prevención del delito organizado.
La primera mandataria reafirmó allí la importancia de la lucha contra el narcotráfico.
Paradójicamente, obvió que durante su gestión, la Argentina ha sido un colador para la llegada de narcotraficantes, que aumentó notablemente el tráfico y el consumo de estupefacientes en el país y que, curiosamente, el organismo encargado de la lucha contra la droga, la Sedronar, se halla acéfalo desde hace cuatro meses.
Por si eso fuera poco, la ley de blanqueo de moneda extranjera y la soterrada intención de algunos funcionarios de hacer la vista gorda frente a posibles maniobras de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas podrían beneficiar a algunos narcotraficantes.

Finalmente, la decisión presidencial de designar al general César Milani como jefe del Ejército y ascenderlo al grado superior, cuestionada tanto por la oposición como por algunas organizaciones de derechos humanos que no han ocultado en su momento su afinidad con el gobierno kirchnerista, ha terminado de desnudar la fragilidad del relato oficial.

El nombre del flamante comandante del Ejército figura en el libro que en 1984 redactó la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja sobre crímenes cometidos durante el último régimen militar, al tiempo que es comprometido por testimonios que lo vinculan a la desaparición de un soldado que lo asistió durante el Operativo Independencia, en Tucumán, en 1976.

Más allá de las investigaciones que deban corresponder por la supuesta conducta de Milani en aquellos tiempos en los que revistaba como subteniente, lo llamativo es que con pruebas menores hoy se hallan recluidos en cárceles viejos soldados que participaron de la lucha contra el terrorismo y que en no pocos casos son octogenarios a quienes se les ha negado el principio de inocencia y los derechos al debido proceso y a la prisión domiciliaria.
Así lo ha testimoniado la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que, para ejemplificar la venganza de la que son objeto esos militares, señala que "se han dictado condenas de por vida basadas en el supuesto reconocimiento de una voz escuchada hace casi cuarenta años".

Hay algo más sorprendente, que plantea la flagrante falta de equidad y de parámetros de idoneidad con que se determinan las promociones militares.
En los últimos años, jóvenes oficiales propuestos para su ascenso en virtud de intachables antecedentes han sido vetados por simple portación de apellido.
Se trata de militares cuyas fojas de servicio fueron desarrolladas íntegramente durante el período democrático iniciado en 1983, pero que cuentan con padres o parientes que participaron de la represión al terrorismo.
Se ha cometido así una doble injusticia con tales jóvenes, al desestimarse sus méritos propios y al condenárselos absurdamente por un presunto delito genético, pretendiéndose que el crimen que alguien comete puede trascender a sus parientes.
Semejante injusticia cobra magnitud frente a la actitud que tanto el Poder Ejecutivo como entidades de derechos humanos que son consultadas a la hora de los ascensos militares han adoptado hacia el general Milani.

Se trata de una conducta que, además de desnudar una contradicción más, permite entrever que detrás del relato gubernamental sobre los derechos humanos no hay objetivo más trascendente que la consolidación de un mero proyecto de poder...