Por Hernán Cappiello | LA NACION

¿Que haya dos ex presidentes sometidos a juicio oral al mismo tiempo por corrupción habla bien o mal de la Justicia?

A primera vista podría considerarse positivo. Hablaría de un sistema capaz de juzgar a sus ex mandatarios recientes por sus actos. Máxime si se tiene en cuenta que ya fueron condenados Carlos Menem, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; María Julia Alsogaray, por enriquecimiento, y Felisa Miceli, por el dinero hallado en su baño.

Pero los puntos salientes de la historia no la definen por completo. Son casos aislados que no reflejan la deuda que tiene la Argentina con esos delitos cometidos desde la cúpula del Estado. Los juicios por los crímenes de la última dictadura demuestran cómo puede avanzar la Justicia cuando existe determinación. Trabajar para la condena de estos delitos fue una decisión política del Gobierno, acompañada por la Corte, que lo definió como una política de Estado.

La foto de Menem y De la Rúa en tribunales demuestra, a lo sumo, que con la pérdida del poder cesa la garantía de impunidad. Y sólo a veces. O significa que el poder está en otras manos.

Menem acaba de ser absuelto porque se declaró nula una parte de la acusación en su contra por no declarar una cuenta en Suiza. El delito que sobrevivió era tan leve que prescribió. Tuvieron que pasar 13 años antes de llegar a un juicio oral. Se concluyó que hubo errores que impiden seguir adelante, sin saberse a ciencia cierta si Menem tenía una cuenta en Suiza y no la declaró. La absolución, así, es un fracaso del sistema penal, que no advirtió a tiempo las fallas del proceso.

El juicio contra Fernando de la Rúa puede terminar con el mismo sinsabor. De la Rúa es investigado por permitir el pago de sobornos para aprobar una ley laboral. Un arrepentido dijo cómo pagó las coimas. La acusación se está esforzando por probarlo, pero testigos mostraron huecos en ese relato. Todo podría quedar en nada.

Si los casos avanzan, sólo cuando los presidentes dejan el poder y las investigaciones duran más de diez años, son más las causas que esperan ser juzgadas y las que prescriben que los juicios que se hacen.

Los tribunales orales federales tienen 2387 juicios pendientes, entre ellos, casos de drogas y secuestros, y muchos por corrupción.

Los juicios contra los ex presidentes, vistos en perspectiva, no son prueba de eficiencia judicial, sino más bien excepciones en un escenario donde los juicios tardan, las condenas son pocas, faltan jueces, salas, tribunales hacen dos turnos de juicio por día y otros programaron audiencias los sábados para evitar que sus causas prescriban. Ya sea porque las necesidades políticas demoraron el proceso o las dificultades del caso lo hicieron eterno