Por Néstor Scibona | LA NACION
No les sienta nada bien a las expectativas económicas la actual mezcla de medidas ortodoxas que enfrían la demanda y de iniciativas absurdas y/o extremadamente ideologizadas que paralizan inversiones para aumentar la oferta.
Tras el abrupto ajuste cambiario de enero, la no menos abrupta suba de tasas de interés de febrero, la fuerte absorción de pesos por parte del Banco Central, su correlato de encarecimiento y reducción del crédito y con salarios aún anclados en los niveles de 2013, muchos precios podrían desacelerarse o reacomodarse debido al debilitamiento del consumo y la actividad económica.
Al menos, mientras se mantenga virtualmente anestesiado al mercado cambiario y no haya definiciones sobre paritarias y tarifas subsidiadas de energía.
Sin embargo, para el oficialismo el diagnóstico es diferente y mucho más politizado.
De ahí que desatara una insólita campaña para transformar al plan de precios "cuidados" en una gesta épica, como si esa reducida canasta de menos de 200 rubros fuera casi la única referencia de la inflación.
O si las causas del fenómeno inflacionario (en especial, fiscales y monetarias) y sus efectos sobre otros miles de precios, hubieran sido definitivamente corregidas.
Esa campaña incluye multas, fiscalizaciones administrativas e impositivas on line; controles "militantes"; denuncias de consumidores y comerciantes vía redes sociales y "escraches" a supermercadistas que hasta no hace mucho eran considerados aliados del Gobierno.
También agrega amenazas de la Comisión Nacional de Valores de sancionar imprecisas "prácticas desestabilizadoras" y de legisladores oficialistas de endurecer la setentista ley de abastecimiento para cobrar multas antes de una decisión judicial o confiscar productos y ponerlos a la venta en casos de "agiotaje", un concepto que remite a los años 50.
En comparación con todo este arsenal de presiones, hasta los ampulosos aprietes de Guillermo Moreno quedan reducidos al tamaño de un poroto.
Para describir la situación no hace falta recurrir a los textos de economía, sino al Diccionario de la Real Academia Española.
Allí hay varias acepciones para la palabra ajuste (entre ellas, curiosamente, "concertar el precio de algo"); pero sólo una para desbarajuste: "desorden o confusión".
Éste es el caso de la política de precios, donde el gobierno de Cristina Kirchner primero "acordó" en diciembre valores fijos hasta fin de marzo para aquella canasta y después convalidó la brusca modificación de las condiciones cambiarias y crediticias de la economía.
También el de las multas ya aplicadas a grandes cadenas de supermercados por casos de desabastecimiento de productos con precios "cuidados".
Por un lado, es difícil determinar a priori si la responsabilidad de los faltantes es de los supermercados o de los proveedores que se encargan de la reposición.
Los primeros tienen un plazo de 5 días para efectuar descargos y, en el caso de productos frescos o sin marca (verduras, frutas, carnes), pueden atribuirla a problemas climáticos.
Por otro, algunas góndolas semivacías pueden indicar una previsible mayor demanda por productos y marcas con precio fijo, que no alcanza a ser abastecida por la oferta.
No por casualidad, en los acuerdos con el Gobierno, las industrias incluyeron una cláusula en la que se comprometen a atender hasta un determinado porcentaje por encima de la demanda "normal".
Y los supermercados fueron autorizados a establecer cupos de venta de dos o tres unidades por cliente en productos sensibles, como aceites, azúcar o yerba mate.
Pese a los anuncios oficiales, aún brilla por su ausencia la extensión de la canasta -reducida a unos 80 rubros- a autoservicios chinos y supermercados del interior.
En este caso, uno de los problemas es cómo incluir costos logísticos que subirán con los próximos aumentos de combustibles y mantener precios fijos.
También se frenó en los últimos días la iniciativa de establecer una canasta con 610 medicamentos con precios fijos para todo el país y abarcar un mayor número de patologías.
Según fuentes del sector, el escollo es que el Gobierno busca que esos precios se retrotraigan a diciembre y, para los no incluidos, autorizar un aumento parcial (7%), inferior a la incidencia de los mayores costos de insumos importados.
Desde una perspectiva más amplia, el énfasis oficial en los precios "cuidados" probablemente obedezca a que se trata de productos y marcas con fuerte gravitación en el nuevo índice nacional de precios (Ipcnu).
Y que el objetivo sea mostrar para febrero un aumento inferior al 3,7% de enero (que, anualizado, equivale a una tasa de 54,7%) para moderar expectativas inflacionarias.
No obstante, como los mayores aumentos fuera de esa canasta se produjeron tras la devaluación de fin de enero y presagiaban un importante arrastre estadístico para este mes, el propio gobierno se dedicó a "reprimir inflación", al presionar a distintos sectores (combustibles, insumos básicos, electrónicos, electrodomésticos) a retrotraer precios al 21 de enero y trasladar la diferencia con ajustes fraccionados entre febrero y mayo, según los casos.
En este marco, es paradojal que la presidenta Cristina Kirchner invoque la necesidad de verificar "precios justos", como si eso fuera posible para los consumidores en mercados tan alterados y donde nadie sabe dónde está parado.
Hoy conviven aumentos de 10/15% con respecto a enero en productos teóricamente regulados (café, carnes, fiambres) y de 30/40% en otros rubros y servicios desregulados (calzado, ropa para otoño-invierno, estacionamiento), con descuentos similares en supermercados, probablemente para contrarrestar caídas de ventas o liquidar algunos stocks.
También hay más ofertas por pago contado (en restaurantes) aún con factura.
OTRA REALIDAD
Sin embargo, los precios en las góndolas muestran otra realidad, que habrá que ver cómo mide el Indec. Según el relevamiento que realiza esta columna en la misma sucursal de una cadena líder de supermercados, el costo de la misma canasta fija de 30 productos (alimentos, bebidas y artículos de limpieza, de los cuales solo media docena corresponde a marcas con precios "cuidados") subió de $ 1088 en enero a 1196 en febrero, con un aumento de casi 10%. Si la comparación se realiza con diciembre del año pasado ($ 1068) el alza es de 12%.
Pero, contra el costo del mismo mes del año pasado ($ 828), el incremento trepa a nada menos que 44,4%.
A lo sumo los consumidores podrían elegir, si tuvieran tiempo disponible, los precios más bajos ("cuidados" o no) dentro de una enorme dispersión (que puede superar 50%) entre productos similares y comercios diferentes, para evitar un mayor deterioro de su poder adquisitivo.
Pero no solo es cuestión de tiempo.
Hasta la simpática jubilada protagonista del aviso oficial que promete "no pagar de más", probablemente desconozca que el aumento de haberes de 11,3% que percibirá en marzo (y con el cual deberá arreglárselas hasta septiembre), tendrá una pérdida de 7% en términos reales (descontado el impacto inflacionario).
Según un cálculo de la consultora Empiria, la inflación minorista acumulará entonces un alza cercana a 20% desde el último ajuste de septiembre de 2013.
nestorscibona@gmail.com
Boletín Info-RIES nº 1102
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*Ya pueden disponer del último boletín de la **Red Iberoamericana de
Estudio de las Sectas (RIES), Info-RIES**. En este caso les ofrecemos un
monográfico ...
Hace 1 mes
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