Las duras críticas recibidas forzaron al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a dar marcha atrás con un proyecto del Ministerio de Salud de la provincia que contemplaba la creación de hospitales móviles para efectuar prácticas abortivas en Buenos Aires, en el marco del Protocolo de Aborto no Punible.
Scioli negó que existiera tal proyecto, aunque éste ya había sido anunciado.
El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, había elaborado una resolución que, en la práctica, despenalizaba el aborto provocado, vulnerando así, por un lado, la ley provincial que asegura la "protección integral de los niños" desde el instante de la fecundación y, por el otro, la Constitución bonaerense, que dispone que todas las personas gozan del derecho a la vida desde el instante mismo de la concepción y hasta su muerte natural.
El derecho a terminar con la vida de niños inocentes no existe en el ordenamiento jurídico argentino y resulta inadmisible que se lo intente instalar y regular a través de una simple resolución ministerial provincial.
Se intenta fundarlo en las excusas absolutorias previstas en el artículo 86 del Código Penal, que establece que no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la salud de la madre...
Si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, en cuyo caso deberá requerirse el consentimiento de su representante legal.
No sirve, tampoco, de supuesto apoyo la doctrina del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 13 de marzo de 2012, que sólo se refiere al caso concreto de interrupción del embarazo de una menor violada por su padrastro.
Cuando la ciencia ha demostrado fehacientemente con moderno instrumental que el nuevo ser concebido tiene una existencia concreta y distinta hasta en su ADN a la de sus padres, no se puede ya cuestionar con seriedad el derecho de la vida por nacer.
La falta de respeto y reconocimiento a la vida inocente que de por sí conllevaba la resolución ministerial se agravaba con el anuncio formulado el 4 del corriente mes por el mismo ministro de Salud provincial sobre la creación de la unidad móvil para la realización de abortos en toda la provincia cuando los médicos de cualquier establecimiento, fundados en su juramento hipocrático y en el derecho a la objeción de conciencia, se opusieran razonablemente a dicha cuestionable práctica.
La Academia del Plata, que desde su fundación en 1879 ha defendido con empeño el derecho a nacer de todo niño en cualquier etapa del embarazo, había efectuado una declaración exhortando a Scioli y al ministro Collia a dejar sin efecto las referidas medidas que contradicen la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, además del sentir general de nuestra población.
Cabe preguntarse por qué no se aplica la misma filosofía ambulatoria para que la provincia se haga presente entre los vecinos que requieren seguridad o atención sanitaria.
Parece que ni las prédicas de las iglesias, en especial del papa Francisco, ni la doctrina de los derechos humanos que tan equivocadamente se esgrime en otros campos, ni las propuestas de entrega en adopción, ni las normas legales son suficientes para frenar el avance de la cultura de la muerte que se busca instalar entre nosotros.
Resulta vergonzoso que un ministro pretendiera llevar virtualmente "a domicilio" prácticas tan aberrantes en el afán por sortear las más que respetables resistencias médicas.
Una vez más, quienes nos gobiernan buscaban echar por tierra la Convención sobre Derechos del Niño y las leyes nacionales que reconocen que la vida de todo niño, desde su concepción, debe ser protegida de modo absoluto, sin excepción alguna.
Scioli aclaró que no había hospitales móviles que realizaran abortos, pero la coordinadora del Programa de Salud Sexual y Procreación provincial, Marisa Matia, pretendiendo aclarar el punto, sin lograrlo, expresó: "No se trata de hospitales móviles, sino de equipos de profesionales preparados para intervenir en casos controversiales".
La respuesta resultó insatisfactoria e insuficiente.
Hay sobradas experiencias en países como Chile o México que dan cuenta en términos estadísticos de que el aborto no es nunca la solución.
Además, como reiteradamente venimos señalando desde esta columna, invocando los derechos de las madres no se puede atentar contra el derecho de los hijos.
Se trata de dos seres humanos diferentes y ambos necesitan protección.
En todo caso, siempre se debe favorecer y proteger la maternidad y promover que los recursos del Estado puedan dirigirse a la educación de las madres de toda edad, favoreciendo siempre la entrega de los niños en adopción para los casos en que éstos no sean deseados por sus progenitores.
Como sociedad, no podemos abandonar la senda del humanismo bien entendido que promueve la defensa de la vida humana.
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