Cristina escribe su epílogo

Román Lejtman / Periodista
 
Seducida por su infatigable imaginación política, Cristina Fernández siempre creyó que Amado Boudou sería Presidente de la Nación y que su gestión de gobierno implicaría una bisagra histórica en la construcción institucional de la Argentina.

CFK se ubicaba junto a Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín, ingresando al panteón político de la mano de Néstor Kirchner, su marido, creador y socio del acervo familiar.
Pero Cristina fracasó en la Casa Rosada y sus decisiones personales ya causan efectos penales.
No importa que Eugenio Raúl Zaffaroni aparezca mezclado entre los militantes de La Cámpora sonriendo como una esfinge.
Carlos Menem tuvo a Rodolfo Barra en la Corte Suprema y es poco probable que escape a la prisión domiciliaria cuando termine su mandato en la Cámara de senadores.

CFK no es muy diferente que Menem.
Sólo modificó el presunto modus operandi que se le imputa en las distintas causas abiertas en la justicia federal.
Menem fue acusado de cobrar comisiones a las empresas privadas, mientras que Fernández de Kirchner es investigada por concesionar obra pública a sus socios, familiares y amigos.

Desde una perspectiva teórica, la actual administración es más sofisticada, aunque kirchneristas y menemistas coinciden en un hecho irrefutable:
Todos se hicieron ricos durante sus años en Balcarce 50.

La transición política ha comenzado y Cristina no da señales de entender que los restos de su mandato sólo deben servir para asegurar la continuidad institucional.
Ya no tiene legitimidad popular para emprender reformas estructurales que son resistidas por la sociedad.
CFK ganó su última elección hace más de tres años y la mayoría de los legisladores que maneja cuentan las horas para apoyar un nuevo modelo peronista.
Mientras tanto, el gobierno de Cristina continúa quebrando todos los récords históricos de corrupción. 

En treinta y un años de democracia, nunca había sucedido que un Presidente esté investigado por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de poder,
que un Vicepresidente esté procesado por falsificación documentos públicos, abuso de poder y negociaciones incompatibles con la función pública,
que un ministro de Justicia esté imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público,
que un fiscal vinculado al gobierno esté procesado por prevaricato,
que la mayoría oficialista proteja a un juez federal corrupto en el Consejo de la Magistratura
y que un socio privado de la familia presidencial sea investigado en Estados Unidos por lavado de dinero.

Es cierto que hay una guerra sin cuartel entre la Casa Rosada y los tribunales.
Pero el gobierno dispara con operaciones mediáticas, escuchas clandestinas y presión política, en tanto que los fiscales y jueces federales sólo han decidido cumplir con su trabajo y exhibir las evidencias que hasta ahora dejó once años de kirchnerismo puro y duro.
Es la cadena oficial versus las pruebas en contra.

Anoche, Oscar Parrilli juró como nuevo secretario de Inteligencia y su lugar será ocupado mañana por Aníbal Fernández, que cederá su banca de senador a Juan Manuel Abal Medina, si se respeta la lógica institucional.
Cayeron Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, capos políticos de los espías civiles que ya no satisfacían las ambiciones persecutorias de Balcarce 50.
Fernández llevará la agenda oficial y buscará calentar su candidatura a Presidente, mientras que Parrilli se pondrá a disposición del general César Milani, jefe en las sombras del aparato estatal que hace inteligencia sobre todos los miembros del Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación que investigan y cuestionan la ética de la Presidente y su administración pública.

CFK ya inició la cuenta regresiva y en Tribunales aguardan el momento justo para demostrar que su poder ha terminado.
Para los simples mortales, es imposible frenar el rayo de la justicia y la libertad del periodismo, aunque se pinchen todos los teléfonos que funcionen en la Argentina.

Alea Jacta Est... (La suerte está echada)