A llorar a la capilla…

por Jorge Mones Ruiz

Salvo el gobierno nacional, “La Cámpora”, "Unidos y Organizados", "La Kolina", “Justicia Legítima”, "Vatayón Militante", "Los Barras Bravas", "Los Monos de Rosario" y uno que otro grupúsculo político o social, gran parte de los argentinos no han ahorrado elogios hacia la figura del miembro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos Fayt, víctima, entre otros, de los embates del poder kirchnerista para terminar de prostituir a uno de los pilares de la República: el Poder Judicial, más allá de Zaffaroni (alternando en la OEA) y Oyarbide, que se prostituyeron solitos y que ya ejercían desde antes.

Hoy se reconoce al Dr. Fayt como una eminencia intelectual y jurídica de fuste y un referente ético y republicano casi sin par.

Sin embargo nadie, y muchos menos los políticos, rescataron o apoyaron la postura del Dr. Fayt y sus disidencias cuando se opuso a la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia Debida para “enjuiciar” (léase “ejercer venganza”) y condenar a militares, miembros de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, además de civiles - entre ellos jueces probos - por supuestos delitos cometidos durante la guerra revolucionaria.
El entonces anciano Juez, pero con la fresca sabiduría de su edad y el sumo prestigio ganado en el aula, la academia y el estrado, no se permitió vulnerar la Constitución y sus leyes.
Hoy la sigue defendiendo con 97 años de edad, frente a los mercenarios de la "toga" y la vulgaridad de los tartufos de la política nacional.

En estos días, cruje el sistema judicial, porque ahora siente en la nuca lo que hace años no sentía o disimulaba, al menos la mayoría de sus miembros: el aliento avasallador, patotero y totalitario del régimen kirchner-maoísta.

Debemos recordar, entre otros, que los hoy "perseguidos" Dres. Luis M. Cabral y José M. Campagnoli - cuyos nombres lucen en las marquesinas de este circo-país como víctimas del poder - no fueron los primeros en soportar el avance del terrorismo jurídico.
Es más, callaron o brillaron por su ausencia cuando otros colegas suyos defendían la independencia y la majestad de la Justicia.

Con fecha 23 de diciembre de 2008 un Conjuez, el Dr. Martín Francisco Gutiérrez tuvo que excusarse como consecuencia de la “violencia moral y psíquica” que lo embargaba, producto de las declaraciones y amenazas surgidas desde el mismo seno del Estado Nacional.

En su denuncia sostuvo que, debido a la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal disponiendo el cese de la prisión preventiva de imputados por delitos de lesa humanidad, la propia Presidente de la Nación como el Secretario de Derechos Humanos de la Nación (Eduardo L. Duhalde), la Ministro de Defensa de la Nación (Nilda Garré) y la Diputada Diana Conti, entre otros funcionarios públicos y legisladores, fueron contestes en señalar, entre varias otras expresiones, que quienes tienen la responsabilidad de entender –como el Sr. Juez nombrado– en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, y, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones –condenatorias o de medidas de seguridad- perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva”, “favorecen a los represores del genocidio”, deben ser, sometidos a jury de enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes (blogdiario Liberalismo Militante).

En la edición impresa del Diario “La Nación” del día jueves 16 de abril de 2009, el periodista Paz Rodríguez Niell, escribe:
“La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la Corte Suprema y coordinada por las ministras Elena Highton y Carmen Argibay, recibió ayer una dura denuncia contra el Gobierno: 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de Casación.

"Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial", dicen los magistrados en su escrito. Acusan al Gobierno de haber montado una "persecución" contra los jueces denunciados, que funciona además como una "franca amenaza" a quienes deban resolver casos similares, y de haberse atribuido "la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces".

Finaliza el artículo: “El 19 de febrero pasado (2009), el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el proceso de destitución de Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación, el máximo tribunal”

Hoy, 28 de junio de 2015, el ex Juez Guillermo J. Tiscornia publica en “El Informador Público” un artículo “El que a hierro mata, a hierro muere”, por demás valiente y elocuente.
Refiriéndose a la medida contra el juez Dr. Luis M. Cabral, sostiene el ex magistrado:
“El que hierro mata, a hierro muere, dice el refrán. En los tiempos en que el kirchnerismo estaba políticamente fuerte (hoy están en franca salida), el doctor Luis M. Cabral,( …), hoy pasa a ser víctima de la perversidad intrínseca del sistema que él mismo se encargó de alimentar durante la década del kirchnerato"

Continúa el Dr. Tiscornia:
"Al respecto, se recuerda su silencio cómplice allá por el año 2006, cuando el kirchnerismo atacó públicamente (y forzó la renuncia) del honorable juez de la Casación -doctor Alfredo Bisordi-; allí el doctor Cabral, de buenas migas con la Consejera Diputada Nacional Diana Conti, se calló bien la boca...
No se escuchó ninguna voz que saliera en la defensa pública del doctor Bisordi, vituperado por Aníbal Fernández. Cabral también se calló la boca por ese entonces; ídem cuando, desde el Consejo de la Magistratura (que el doctor Cabral también integró), se montaron alevosas maniobras desestabilizadoras contra el ex juez federal de Mendoza -doctor Luis Leiva- (por atreverse a afectar los intereses del empresario Raúl Moneta); ídem respecto de los ex jueces Néstor Narizzano y otros magistrados más"

Finaliza: "Y ni que hablar cuando, en 2007, quien suscribe fue eyectado virulentamente de su cargo judicial (por la cadena oficial) por la propia Presidente Cristina Fernández a poco que -por denuncia de la Aduana Nacional del mismo gobierno kirchnerista- tuviera la mala ocurrencia de citar a indagatoria a la por entonces Ministra de Defensa -doctora Nilda Garré- por contrabando agravado a partir de una exportación subfacturada de fusiles FAL y FAP a EEUU; allí también el doctor Cabral, desde su poltrona en el Consejo de la Magistratura (¿Magistraburra?), acompañando a Carlos Kunkel y a Diana Conti, avaló mi suspensión preventiva en clara maniobra de salvataje urdida en favor de la doctora Garré (cfr. La Nación, 20/07/2007)". Hasta aquí lo que nos recuerda el ex juez Tiscornia.

Ahora…
Señores jueces, fiscales, políticos y resto de los ciudadanos preocupados o temerosos por los "logros" del progresismo nacional y popular…
¡A llorar a la capilla! 
…
Si fuera a la Sixtina, quizás logren, aprovechando a Francisco conocido por todos, que, por lo menos, les sequen las lágrimas.

jorgemonesruiz@yahoo.com.ar