Presos
políticos, torturas, sin comida ni medicinas.
Guaidó
ha celebrado el informe, del que conoció una versión previa, ya que
"recoge ampliamente el sufrimiento" de los venezolanos y pide una
marcha de protesta.
Maduro
dice que la conversación con la oposición en Oslo "va bien"
La autopsia al
militar venezolano confirma la tortura del régimen de Maduro, según Guaidó
La
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, ha urgido al Gobierno de Nicolás Maduro a adoptar "medidas
específicas" para "detener y remediar las graves vulneraciones"
de los Derechos Humanos en Venezuela que ha documentado en un informe publicado
este jueves.
Un
informe celebrado por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, al
señalar que "recoge ampliamente el sufrimiento" de los venezolanos.
Guaidó,
que conoció una versión previa del informe, ha llamado a la marcha el viernes
contra la "dictadura" de Nicolás Maduro.
"Esto es un
logro, es producto del sacrificio y trabajo de muchas ONG, víctimas,
familiares, dirigentes y diputados que han hecho todo para visibilizar los
abusos de un régimen corrupto y asesino (...) ese informe recoge ampliamente el
sufrimiento de nuestra gente", dijo Guaidó en un audio difundido a
periodistas por su equipo de prensa.
La
oficina de Bachelet sostiene que en la última década, aunque especialmente
desde 2016, "el Gobierno venezolano
y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a
neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes
critican al Gobierno".
Bachelet subrayó
que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a
alimentos, agua y servicios sanitarios", en la presentación de su informe
sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
"El
destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las
autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de
cualquier ambición ideológica o política", señaló en su discurso de
presentación del documento en Ginebra.
La ONU denuncia
igualmente que a 31 de mayo había al menos 793 "personas privadas
arbitrariamente de la libertad", así como 22 diputados de la Asamblea
Nacional, incluido su vicepresidente, Edgar Zambrano, que han sido despojados
de su inmunidad parlamentaria.
El
informe constata asimismo que "el
Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la
atención sanitaria", aunque aprecia que, si bien "Venezuela
estaba en crisis mucho antes de que se impusieran sanciones a algunos de sus sectores,
(...) las últimas sanciones económicas, vinculadas a la exportación de
petróleo, están agravando los efectos".
Señala
además la "paulatina militarización de las instituciones del Estado".
En
el periodo que abarca el informe, entre enero de 2018 y mayo de 2019, "tanto a las fuerzas civiles como
militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos
tratos y torturas a críticos del Gobierno y sus familiares, violencia sexual y
de género durante los periodos de detención y las visitas y uso excesivo de la
fuerza en las manifestaciones".
Llama
la atención sobre las fuerzas especiales, el FAES, con una proporción de
presuntas ejecuciones extrajudiciales "sorprendentemente elevada".
Solo en 2018, el
Gobierno registró 5.287 muertes por supuesta resistencia a la autoridad durante
operativos del FAES.
Entre
el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, ya van 1.569.
Sin
embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy
superiores", alerta.
También
culpa a los "grupos armados civiles pro gubernamentales, conocidos como
colectivos", de contribuir al "deterioro de la situación al imponer
el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
La oficina de
Bachelet ha documentado 66 muertes durante las protestas celebradas entre enero
y mayo, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad o a los
colectivos.
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