Por
Enrique Guillermo Avogadro
“Nada
va bien en un sistema político en que las palabras contradicen los hechos”.
Napoleón
Bonaparte
Antes
de la epidemia, el Ejecutivo había obtenido del H° Aguantadero una delegación
de facultades de tal dimensión que, cuando la crisis sanitaria se hizo
presente, le permitió gobernar por decreto.
A
ello se sumó el pánico al contagio que invoca el Legislativo para mantenerse
totalmente inactivo pero, eso sí, cobrando
íntegramente las dietas de senadores y diputados, centenares de asesores y
miles de empleados.
Cuando
la sociedad, con el ruido de las cacerolas, exigió a la clase política la misma
“solidaridad” que Alberto Fernández nos reclama, sólo obtuvo excusas basadas en
falaces argumentos.
En consecuencia,
seguiremos pagando esa inicua fiesta.
En
la medida en que no concurren al trabajo y los empleados públicos no gastan en
transporte ni en viandas, sus sueldos han aumentado sensiblemente, pero nada
parece conmoverlos.
Otra
razonable pregunta, dada la necesidad de flexibilizar la ya insoportable
cuarentena, cruzada por las expectativas de que la pandemia alcance su pico de
contagios en la segunda quincena de mayo, es cómo reaccionará entonces el
Gobierno cuando llegue ese momento y haya gastado este recurso de protección
social.
El
Gobierno optó, razonablemente al principio, por un duro confinamiento que, al
mantenerse por ahora sine die, se exageró hasta límites que están llevando, ya
sin duda alguna, a una catástrofe económica, inédita en su magnitud. Casi ningún país ha cerrado sus
bancos, por el inmenso costo que esa medida tiene sobre la actividad de la
sociedad.
El
Presidente, como la inmensa mayoría de sus colegas, entre cuidar la salud o la
economía ha privilegiado a la primera en desmedro de la otra.
Pero
aquí otros factores impedirán una salida ordenada del confinamiento:
La
alta inflación, la total carencia de crédito y el riesgo enorme de una corrida
bancaria.
Esa
es la razón por la cual, aunque por la falta de testeo ignoramos en qué
situación real nos encontramos ante el Covid-19, seguimos en un virtual corralón financiero, que complicará
aún más el futuro del país.
Mientras
tanto, el kirchnerismo duro, con la conformidad expresa de Alberto Fernández,
avanza con actitudes de neto corte chavista; sus mayores proyectos, al menos
por ahora, son el espionaje ideológico de la sociedad,
la
“importación” de pseudo médicos cubanos, la intención de estatizar los
servicios privados de salud,
la
intervención a la fábrica de respiradores,
los
controles municipales de precios y, por supuesto,
el proyecto de
“Impuesto Patria” -¡qué
facilidad para encontrar nombres honorables para los delirios totalitarios!-,
presentado por Máximo Kirchner y Carlos Heller y, obviamente, patrocinado por
Cristina Fernández que, para eso, sí está dispuesta a permitir que el Senado
sesione.
Resulta
notable que, mientas el primero integra
la familia que debería encabezar el ranking de argentinos ricos, el segundo
presida el banco del Partido Comunista que, por tratarse de una cooperativa
(Banco Credicoop), no paga el impuesto a las ganancias.
Aunque
resulte pesado, reitero que, si los
Kirchner devolvieran lo robado durante sus doce años en el poder, la
Argentina podría adquirir con tranquilidad todos los insumos médicos necesarios
para dar batalla al virus y, por supuesto, no hubiera necesitado caer
nuevamente en default.
Pero,
claro, estoy pidiendo algo que no sucederá, aunque los pocos bienes que
conservan en el país (hoteles, departamentos, cocheras, los US$ 5 millones de
Florencia, etc.) sean finalmente decomisados por la tan venal y cobarde
Justicia federal.
Un
párrafo aparte merece la absurda discriminación que el Jefe de Gobierno
porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impondrá a partir del lunes a los mayores
de 70 años, invocando el mayor riesgo frente al Covid-19, que literalmente los pondrá en detención domiciliaria.
No
se les ha ordenado la colocación de una tobillera electrónica sólo porque no
tiene suficientes.
Se
trata de una población aún muy activa y consciente de ese riesgo y que, por
ello, se cuida mucho, como han demostrado los mayores que se han aislado
voluntariamente en las parroquias de las villas porque no les resulta posible
hacerlo en su hábitat natural, siempre hacinado.
Se trata de una
medida ética y constitucionalmente reprochable, que avanza
sobre nuestras libertades individuales y que debe ser derogada de inmediato.
Como
recordará, hace tiempo propuse la formación de un partido, al cual llamé “de la
Austeridad y la Decencia”; muchos me acompañaron en esa patriada e inclusive,
hicieron fundamentales aportes doctrinarios… Lamentablemente, luego debí
olvidarlo por las necesidades propias de un angustioso año electoral.
Hoy,
en su lugar, me he sumado a Unidos, una iniciativa que encabezan varios jóvenes
amigos, todos ellos absolutamente intachables e interesados sólo por el país y
su futuro.
Bs.As.,
18 Abr 20
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