Por
Alejandro Fargosi
Desde
hace dos meses la Argentina está en cuarentena por la pandemia de Covid-19 y,
para agravar esa situación, no funciona el Congreso de la Nación y aun pudiendo
hacerlo funciona poco el Poder Judicial, que también podría demostrar que todas
sus garantías y privilegios se justifican.
El
Poder Ejecutivo centraliza la adopción de medidas de todo tipo, incluyendo las
que deberían dictarse por ley y que solo merecen Decretos de Necesidad y
Urgencia.
En los últimos
días se ha lanzado la llamada App Cuidar, que es revolucionaria y para mal.
Tenemos
que partir de premisas que desgraciadamente son cada vez más necesarias en un
país donde se discute hasta que el cero es un número par.
En primer lugar,
la pandemia no suspende la Constitución ni las leyes vigentes sino que por el
contrario las normas constitucionales y legales se conciben precisamente para
solucionar situaciones de conflicto, porque cuando no los hay no son
necesarias.
Otro
aspecto que es medular entender es que, aunque algunos digan lo contrario, nadie sabe con certeza cuáles son los
límites y las potencias de la informática: Es un hecho y no una opinión que
hasta las entidades más sofisticadas del mundo -como, por ejemplo, el Pentágono
norteamericano- han sufrido hackeos y que otros países dedican recursos a
entrometerse en la vida de gobiernos y de personas sin que estas siquiera se
enteren, como también quedó demostrado en el caso de Facebook y de Cambridge analítica.
Esto
obliga a quien redacta cualquier norma a ser extremadamente cauteloso porque lo
que está en juego es el último resquicio de libertad individual que les queda a
las personas, es decir, el poder hacer ciertas cosas sin que alguien lo esté
vigilando.
El caso de la
Argentina agrava el análisis porque la experiencia demuestra que nada de lo que
se promete como temporal lo ha sido:
Se
eternizó el impuesto a las ganancias desde hace casi 90 años, se eternizo el
impuesto al cheque, y podríamos seguir más allá en temas no tributarios.
Con
lo cual, si de promesas gubernamentales se trata, y aun suponiendo estar
gobernados por santos -que nunca ha sido el caso-, no debemos admitir que se
retacee nuestra libertad con argumentos ni de crisis ni de sacrificios
transitorios.
La
literatura fantástica nos explicó hace un siglo que la mejor de las intenciones
podía crear un monstruo, como fue Frankesteins, y ahora, con el inmenso poder
de la tecnología, los fondos ilimitados del Estado y el pavor que produce el
virus chino quizás haya quienes están
tentados de olvidar que lo que más muertes ha causado en la historia de la
humanidad no han sido los virus sino la lucha por la libertad, que
si hoy la gozamos es porque se sacrificaron antes que nosotros millones de
personas, a los que por lo menos les debemos defender lo que ellos lograron a
costa de sus vidas.
Nuestra
Constitución es liberal porque defiende la libertad, la misma que quienes
quieren cambiarla invocan para poder hacerlo.
Pero sin entrar
en esas honduras políticas, sí debemos hacer un racconto de las normas que la
App Cuidar violará directa o indirectamente.
El
artículo 14 nos garantiza la libertad de pensar, de transitar y de trabajar
junto con el 14 bis.
Son
libertades que si alguien sabe qué hacemos durante todo el día evidentemente
estarán retaceadas, desapareciendo incluso la igualdad del artículo 16, porque
algunos no estarán sometidos a esa -por ahora- obligación voluntaria.
El
derecho a disponer de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo y de nuestros bienes
según lo dispongan las leyes que no violen la Constitución y lo decida un juez,
como establece el artículo 17, se repite y amplía en el artículo 18 que
consagra el derecho a no declarar contra nosotros mismos ni siquiera
gestualmente, como ocurriría si dejáramos un rastro permanente de lo que
hacemos a través de un medio que tiene, como mínimo, las mismas garantías que
la correspondencia privada que es inviolable, también según este artículo 18 de
la Constitución.
La gran creación
de Alberdi fue explícita.
Las
acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero solo están
sometidas a Dios y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni
privado de lo que ella no prohíbe, como dice el artículo 19.
Y
argumentar que la pandemia justificaría limitar estos derechos no solo supone
una excepción que no está prevista en la Constitución sino que además viola
otra de sus normas: el artículo 28
clarísimamente nos ampara al establecer que las leyes que reglamenten los
principios, garantías y derechos de la Constitución no pueden
desnaturalizarlos, algo que debe estructurarse con otras normas clave.
El
artículo 29 de la Constitución prohíbe rotundamente que se otorguen al gobierno
facultades extraordinarias y pese a la desgraciada constante de violar esta
disposición no debemos resignarnos a admitirlo.
Tan
importante es la garantía de la libertad individual que fija la Carta Magna que
el artículo 23 exige que se declare el estado de sitio para retacear algunos
derechos individuales y, además, aclara que el único derecho individual que
puede quedar en manos del Gobierno es del de la libertad ambulatoria, porque en
estado de sitio se nos puede arrestar o trasladar sin orden judicial.
Como
si todo lo dicho no fuese suficiente, existen aún otras dos disposiciones que
resultarían violadas por un sistema que va a saber de nosotros más que nuestra
propia memoria: en primer lugar, el artículo 32 al prohibir que se menoscabe de
cualquier manera la libertad de prensa no está protegiendo solo a los
periodistas y a los medios sino que nos protege a todos y a nuestra libertad
para pensar, informarnos, informar, saber, decidir, etcétera.
Cosa
incompatible con que un Gobierno pueda deducir de nuestros movimientos físicos
todo lo que ya sabemos que puede deducirse.
Y
como colofón, nunca dejemos de recordar que el artículo 33 de la Constitución,
en ese conmovedor esfuerzo por darnos libertad que casi 170 años después
tenemos que volver a reivindicar, declara que los derechos y garantías que
contiene no implican que además tengamos otros que puedan haber sido olvidados
en esa enumeración.
Esa
magistral declaración hace que quienes escribieron esto en épocas de la
tracción a sangre hayan abierto una puerta por la que hasta la sofisticada
informática moderna tiene prohibido meterse con nuestra libertad.
Algunos
argumentan que al ser una obligación de carácter voluntario esto sería equivalente
a los datos que volcamos en algunas redes sociales.
No
es así.
Primero,
porque no todos estamos en todas las redes o al menos en las peligrosas;
segundo,
porque la necesidad de trabajar y la falta de formación que la inmensa mayoría
de nosotros tenemos en los arcanos informáticos hará sin dudas que muchos se
anoten en este Gran Hermano para cubrirse de algún miedo a ser discriminados, o
a perder o no obtener un trabajo.
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