Paraná. Entre Ríos: Buscan certificar la salud mental de quienes ejercen poder

Salud

13-07-2008


Buscan certificar la salud mental de quienes ejercen el poder


A pesar que nunca prosperaron iniciativas presentadas en el Congreso nacional, que proponen que aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos en los poderes Ejecutivo y Legislativo nacional, presenten entre otros requisitos, al momento de oficializar la lista o sus candidaturas ante la junta electoral, estudios neurológicos y psiquiátricos, “sería fundamental que se reglamentaran normas que estipularan controles psicológicos a ciudadanos que ejercerán el poder”, dijo a AIM el presidente de la Federación de psicólogos de la República Argentina, Alberto Jaimez.


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Jaimez, que estuvo en Paraná para inaugurar el “Postgrado de auditoria psicológica” que organiza el colegio de psicólogos de Entre Ríos (Coper) y auspicia la Fepra, comentó a esta Agencia que la actividad que desarrollarán está relacionada con la auditoria en el servicio de salud. El profesional también señaló que sería “fundamental” que se reglamentaran iniciativas que estipularan controles psicológicos a ciudadanos que ejercerán el poder. “Debiéramos saber quienes son los que cuidan a los que cuidan la salud. Sería muy importante que se pudiera establecer, pero depende de una reglamentación que no está elaborada”.

Jaimez destacó que desde la Fepra buscan que se reglamenten iniciativas tales ya que “creemos que tanto las fuerzas de seguridad como los funcionarios deberían tener certificada su salud mental: sus responsabilidades pueden beneficiarnos o perjudicarnos a todos los argentinos”.

Además agregó que desde la Federación trabajan junto con el ministerio de Salud de la nación varios temas de interés. “Estamos elaborando propuestas para mejorar todos los niveles de salud que existen en la sociedad. Es decir, la salud pública en las escuelas, instituciones, funcionarios, entre otros”.

No obstante aclaró que dan los pasos “poco a poco. La historia de la psicología ha sido vertiginosa en los últimos años y nos ha permitido un protagonismo verdadero ya que también la vertiginosidad de la sociedad y la cantidad de las problemáticas existentes hacen que nuestra profesión sea actora fundamental de todos los hechos”.

Recaudos para los candidatos a cargos electivos
El 3 de marzo de 2004, el senador Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley (S.-290/04) que a su vez era reproducción de otro del año 2002. En él proponía reformar el Código electoral nacional respecto al cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales que deben presentar los candidatos a ocupar cargos electivos en representación del pueblo de la Nación argentina.

En esa oportunidad, el legislador expresó que el proyecto constituía un avance cualitativo respecto a las exigencias que el representante debe cumplir para garantizar plena calidad en la representación. Como perdió estado parlamentario se puso a consideración de la cámara de Diputados un nuevo proyecto que, en lineamientos generales, seguía los pasos del proyecto de Capitanich.

El proyecto en cuestión aclaraba que “es necesario distinguir entre requisitos y recaudos. Según dice el diccionario de la Real academia española, `requisito´ es la circunstancia o condición necesaria para algo. En cambio, `recaudo´ es la precaución o cuidado que debe tenerse”.

“La Constitución nacional establece los requisitos y calidades que deben cumplirse para ocupar determinados cargos electivos: presidente y vicepresidente de la Nación (art. 89), senador nacional (art. 55) o diputado nacional (art. 48). Ellos son edad, nacionalidad, ejercicio de la ciudadanía, residencia, renta anual, etc. Los mismos no pueden ser modificados ni aumentados por la ley”.

“En cambio, la Constitución no dice nada respecto de los recaudos, por lo que éstos sí pueden ser reglamentados prudentemente por el Congreso. A esto último apunta el proyecto: las condiciones físicas y psicológicas de los candidatos, su conducta o antecedentes judiciales, la situación patrimonial, su cumplimiento a las obligaciones impositivas, etc”.

El propósito del proyecto era garantizar “la máxima transparencia mediante la información a todos los ciudadanos argentinos sobre los candidatos a quienes van a elegir, si cumplen recaudos esenciales en cuanto a su integridad física, solvencia moral e intelectual y antecedentes personales, a los efectos de que el pueblo pueda evaluar la dimensión de un candidato en todas sus facetas y expresiones”.

Estos recaudos son exigibles para cualquier trabajador en la Argentina, según la ley 24.557, y “con más razón deben ser cumplidos por los representantes del pueblo, quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país y la vida y el patrimonio de casi 40 millones de argentinos”.

Requisitos de aplicación
La iniciativa, que nunca prosperó, explicaba que serían de aplicación para los postulantes a cargos públicos electivos los exámenes preocupacionales que establece la citada ley 24.557:

1. Examen físico completo, incluyendo agudeza visual cercana y lejana.

2. Radiografía panorámica del tórax.

3. Electrocardiograma.

4. Exámenes de laboratorio: hemograma completo, eritrosedimentación, uremia, glucemia, reacción para investigación de Chagas-Mazza, orina completa.

5. Estudios neurológicos y psicológicos.

6. Declaración jurada del postulante respecto a las patologías de su conocimiento.

Complementariamente, los candidatos, al momento de oficializar la lista y su postulación ante la justicia electoral y mediante acta ante escribano, deberían acompañar certificados del Registro nacional de reincidencia, de buena conducta, declaración jurada patrimonial, las cinco últimas declaraciones juradas impositivas presentadas ante la Afip, y los recibos de aportes efectuados al sistema previsional que con carácter obligatorio debe realizar.

Estos exámenes tienen como propósito determinar la aptitud del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. Servirían también para detectar las patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la adecuación del postulante en función de sus características y antecedentes individuales.
Esos recaudos se exigen a todos los trabajadores del sector privado y a los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Con mayor razón deben cumplimentarlos los representantes del pueblo que ocupen los cargos más importantes de la escala política.

Y agrega: “El pueblo, en el momento de votar, debe tener pleno conocimiento de todo lo referido a los candidatos que se le proponen. Debe saber sobre sus antecedentes judiciales, éticos, patrimoniales, salud física y mental, etc. Debe conocerlos la justicia electoral y el pueblo. La primera, para determinar si existe algún impedimento para que el postulante participe en el comicio como tal y, en caso de tener alguno, no se oficialice su candidatura, evitando la defraudación al pueblo que significa que se le diga que puede votar por un ciudadano y después una circunstancial mayoría en la cámara se lo impida, como ya ocurrió recientemente. Y lo debe conocer también el pueblo, para que sepa muy bien todo lo importante sobre los candidatos que se le ofrecen, además de su mayor o menor simpatía: su situación ante la Justicia, el cumplimiento de sus deberes cívicos e impositivos, su habilidad física y mental, etc”.

Como decía Capitanich, "no parece descabellado que el empleador (que somos todos los ciudadanos de la República Argentina) requiera a sus futuros empleados (para todos los cargos del poder Ejecutivo y Legislativo) el cumplimiento de requisitos mínimos de calidad y preparación profesional para el ejercicio de las máximas responsabilidades en la conducción. La ciudadanía lo reclama en forma permanente cuando dice: 'En definitiva nosotros les pagamos los sueldos'".

Opiniones periodísticas
El diario "La Nación" en su editorial del 22 de enero de 2006, decía: "la salud de los gobernantes siempre es una cuestión de Estado, sean éstos reyes, primeros ministros o presidentes; democráticos o autoritarios; católicos, musulmanes o judíos; del primer Mundo o del Tercero." Y alertaba sobre los "efectos que una enfermedad - tanto más si es grave- puede tener sobre una persona que carga sobre sus espaldas tamaña responsabilidad pública". "... más de una vez el quebrantamiento de la salud de un jefe de Estado adquirió gravedad y derivó en planteos institucionales que obligaron a adoptar decisiones extremas; por ejemplo, a activar el reemplazo anticipado de un primer mandatario."

Más adelante destacaba la "tendencia a encubrir los problemas de salud de quienes están al frente de gobiernos dictatoriales". Finalmente, recordaba que la salud de un gobernante "plantea siempre una cuestión de Estado".

Estudios psiquiátricos, los más importantes
El autor de la iniciativa advertía que “el aspecto de la salud que creo que más debe cuidarse en quienes se proponen como futuros gobernantes es el psiquiátrico. Y ello porque una persona con este tipo de problemas puede producir efectos devastadores sobre el Estado y su población. Los exámenes psicológicos son -en muchos casos- esenciales para prevenir la seguridad de la población. Recordemos el reciente caso de la "masacre de Virginia", donde se supo que el homicida había sido derivado tiempo atrás a un nosocomio psicológico ("La Prensa", 18-4-2007: "Desató la masacre de Virginia un alumno engañado por su novia").

Si algo así ocurriera con un gobernante, el perjuicio para toda la sociedad sería infinitamente mayor”.

El periodista Alfredo Leuco alertaba hace un tiempo sobre los problemas que pueden producir ciertos problemas psicológicos, como la disociación entre el ser y el parecer.

Decía que la disociación entre el ser y el parecer; entre el decir y el hacer "es una suerte de virus informático que se distribuye por todo el tablero democrático y envenena lo que debería ser una sana convivencia o, en otras palabras, una obvia disidencia entre los que piensan distinto."

"Supera todos los niveles de soberbia creer que los malos se hacen buenos solo por nuestra compañía. O que la historia de la patria comienza con nosotros." "Y en este plano juegan con el fuego de las instituciones."


"No se puede apostar todos los días en la ruleta rusa" ("La Nación", 29 de diciembre de 2005).
Y señaló: “Por eso digo que es fundamental que todas las personas que aspiran a desempeñar cargos políticos se efectúen estudios psiquiátricos previos”.