La oposición solicitará la inconstitucionalidad del blanqueo de fondos

Algunos diputados sostienen que al tratarse de una ley tributaria debe ser aprobada con mayoría especial.

La iniciativa oficial tuvo 128 votos a favor en la Cámara baja. La mayoría agravada se alcanza con 129 apoyos.

Los diputados presentarán un recurso en la Justicia para evitar que el Senado trate el proyecto hasta que se dirima la polémica.

La votación que ayer en la madrugada le dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de repatriación de capitales quedó sospechada de irregularidades.

La oposición planteó que los 128 votos obtenidos para aprobar el "blanqueo de fondos" en el exterior no alcanzan para su aprobación, ya que aduce que se trata de un tema impositivo que afecta la Coparticipación Federal de Impuestos, para lo cual haría falta una mayoría especial de 129 votos (tal como lo plantea el artículo 75 de la Constitución).

Esta votación particular tuvo dos momentos álgidos en la Cámara. La votación particular para el blanqueo terminó con 127 votos afirmativos originalmente, hasta que la diputada Eva García (Frente para la Victoria de Chubut) pidió cambiar su abstención por un voto positivo.

Por otra parte, cuando el kirchnerismo ya contó con 128 votos el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, pidió que el presidente de la Cámara, Eduardo Fellner, emitiera su voto, quien se vio imposibilitado ya que, según el reglamento, para votar debe pedir hacerlo con anterioridad.

La UCR, el PRO y la Coalición Cívica (CC) afirman que hace falta un voto para la media sanción y planean presentar un recurso judicial.

Según afirmó la diputada Patricia Bullrich (CC) a El Tribuno

su bloque presentará hoy un recurso para que el tema no se trate en el recinto del Senado hasta que la cuestión se aclare. "Nuestra interpretación, avalada por constitucionalistas prestigiosos, es que no se cumplió con los requisitos mínimos para esta media sanción", dijo.

El presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, y de la UCR, Oscar Aguad, también preparan otra presentación judicial. También se suma el porteño Claudio Lozano (Proyecto Sur) quien en diálogo con este medio afirmó que "cuando el oficialismo no tiene los votos recurre a argucias de poca monta para sortear los límites de la Constitución".

Lozano puso en tela de juicio la votación al contar que en la votación general del paquete anticrisis, "el Frente para la Victoria logró los votos y una diputada reclamó que votó en contra y apareció positivo y fue corregido".

Para la oposición el paquete anti crisis abriría las puertas al lavado del dinero y conformando una suerte de amnistía para los evasores.

Consenso

Aunque el oficialismo pidió un voto a Fellner para llegar a los 129, ayer por la mañana el Poder Ejecutivo rechazó las acusaciones de "inconstitucionalidad" que presentó el capítulo referido al blanqueo.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, interpretó que la media sanción "fue aprobada con un amplio consenso".

Rossi también defendió los votos conseguidos como legítimos: "La interpretación (que da la oposición) es tirada de los pelos" dado que "los impuestos que se generaron con la votación van a ser directamente coparticipados con el actual sistema".

Aunque el texto del proyecto explicita que al momento de repatriar fondos no se preguntará sobre su origen, Rossi afirma que "la ley que aprobamos obliga a la AFIP a cumplir con la ley de lavado de dinero".

Constitucionalistas divididos

El artículo 75 inciso 3 de la Constitución argentina establece como atribuciones del Congreso (que incluye a las Cámaras de Diputados y de Senadores) "establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara". En torno de este artículo se divide la disputa política por la media sanción de blanqueo de capitales que se votó ayer en la madrugada en Diputados.

Para el especialista en derecho constitucional Félix Loñ "la Constitución señala que todos los impuestos son coparticipables. Y si los impuestos al blanqueo de capitales no tienen asignación específica, ya entran al régimen común de coparticipación y no hace falta la mayoría absoluta". Su opinión es coincidente con la del Gobierno.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, la interpretación adquiere otro matiz, ya que "si se están blanqueando impuestos que tienen las características del inciso tercero sería necesaria una ley con la mayoría de la Cámara, aunque no se modifique la coparticipación". Así, para él la Justicia debería definir la naturaleza de la ley para emitir una opinión sobre su constitucionalidad.

Por último, Raúl Ferreira, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó que "la interpretación sobre cómo se arma una ley corresponde al Congreso, está por fuera del control judicial", pero advirtió que según la doctrina de la Corte "si el vicio de lo aprobado es manifiesto, se puede hacer una salvedad".

Dictamen a favor en el Senado

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado juntó ayer 8 firmas a favor, sobre el total de 15 miembros, para despachar un dictamen a favor del plan anticrisis. El visto bueno sobre el proyecto kirchnerista salió tan sólo 10 horas después de que la Cámara baja le diera la media sanción, en un proceso que fue muy cuestionado por la oposición, que podría llevarla a la Justicia.

En el quinto piso de la ex Caja de Ahorro, la comisión escuchó la exposición de representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) quienes hablaron acerca del tratamiento de capitales extranjeros ingresados a la Argentina en caso de ser aprobado el proyecto.

También Claudio Moroni, titular de la AFIP, realizó una presentación frente a la comisión, en donde dio las razones para apoyar el proyecto.

Luego, el economista Mario Brodersohn, llamado por el bloque radical, expuso las críticas a la iniciativa.

El debate en el recinto de la Cámara alta podría discutirse la semana entrante en la misma sesión que buscará declarar de utilidad pública a las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral para expropiarlas.

Fuente: El Tribuno (Salta)