¿Derogarán el impuesto al cheque en un año electoral?

Por el cheque, los K sacan más que con el DNU de las reservas
Por: Alcadio Oña

Alguien puede creer que, después de conseguir que la Justicia destrabe el uso de las reservas, el Gobierno va a resignar un monto aún mayor al del DNU?
La derogación del impuesto al cheque le implicaría perder arriba de 21.000 millones de pesos: más plata que los US$ 4.382 millones del DNU.

Es difícil pensar en una respuesta que no sea negativa.

Así, la amenaza de derogar el impuesto suena a uno de los fuegos de artificio que el kirchnerismo despliega, estos días, para embarrarle la cancha a quienes reclaman la coparticipación plena.

Pero si todavía existiese algún margen de duda, no habría que esperar demasiado tiempo para conocer la verdad.

Amado Boudou dice que la Presidenta le encomendó explorar la derogación, como parte del Presupuesto Nacional de 2011. Y ese proyecto llegará al Congreso en septiembre.

Si no es entonces, antes podrían aparecer novedades que desencantarían a los empresarios pro K que se entusiasman con la posibilidad.

Fueron los propios legisladores oficialistas quienes impusieron, el año pasado, la prórroga del gravamen hasta el final del mandato de Cristina Kirchner, contra la práctica habitual de extenderlo de año en año. Y además lograron preservar el sistema de reparto de 85 % para la Nación y sólo 15 % para las provincias.

Este precedente da una idea, ya, de la predisposición que el Gobierno puede tener para revisar lo que él mismo remachó cuando contaba con las mayorías parlamentarias.

Es también difícil que el kirchnerismo acepte resignar semejante montaña de plata en 2011: justo en un año electoral y en el que más caja necesitará para alimentar sus débiles chances políticas. Encima, ya no tendría el DNU de las reservas, que en el mejor de los supuestos sólo rige para 2010.

Hay otro par de amenazas que quedaron flotando, tras la reunión entre la Presidenta y los gobernadores adictos.

Una, previsible y altamente probable: que si llega a prosperar una reforma a la ley del cheque que altere el sistema de reparto, el Poder Ejecutivo la vetará. Otra, que sería anulado el decreto que dispuso distribuir entre las provincias el 30 % de la recaudación por las retenciones a la soja: en el cálculo para todo 2010, eso representa sacarles unos 5.400 millones de pesos.

El combo completo revela la escasa apertura del kirchnerismo a cualquier negociación. O promoverá la derogación del impuesto o vetará la ley o eliminará el Fondo de la Soja.

Sólo le falta decir que les retaceará fondos a los gobernadores, de alguna de todas las fuentes que maneja. O prometer nuevos instrumentos, que demandarán tiempo y auguran pujas entre las provincias.

Esa es, hasta ahora, la verdad limpia de polvo y paja. Y no está en una de las frases de ocasión que empleó el ministro del Interior: "Es irresponsable sacarle recursos al Tesoro con un Presupuesto ya votado por el Congreso".

Florencio Randazzo habla de un Presupuesto que ya es puro cartón pintado. Que no contempla, entre los gastos, el subsidio por hijo, el aumento de las asignaciones familiares ni mejoras salariales para los empleados públicos, por citar tres puntos evidentes. Y que tampoco preveía el uso de las reservas.

De nuevo fuegos de artificio, esta vez a cargo del ministro que, se supone, debe tener la mejor relación posible con los gobernadores y las fuerzas políticas.

El impuesto al cheque fue promovido por Domingo Cavallo en 2001, bajo el paraguas de la emergencia económica y en plena crisis de la Alianza. Iba a ser por única vez.

Durante un tiempo, la recaudación fue íntegramente al Tesoro Nacional. Pero en 2002, se estableció el sistema de reparto que sigue vigente: 85 % para el gobierno central y 15 % al interior.

Según datos de la consultora Economía & Regiones, gracias a esa fórmula entre marzo de 2002 y fines de 2009 la Nación se alzó con $ 79.900 millones. Y las provincias, con apenas $ 14.100 millones. Así de desigual fue siempre el modelo.

Hay dos formas de distribuir los recursos nacionales. Una automática, a través de la coparticipación. Otra, discrecional y manejada desde la Casa Rosada. Aquí asoma parte de lo que está en juego con el impuesto al cheque: la coparticipación plena u otro sistema semejante, mejorarían el grado de autonomía económica y política de los gobernadores.

Por esa misma dependencia, llegado el caso, el poder central podría recortar los fondos discrecionales que gira a las provincias para gastos corrientes e inversiones. O el financiamiento, también discrecional. Entre ambas fuentes administra, a su gusto, nada menos que $ 36.000 millones.

Ciertamente, el impuesto al cheque se merece un debate. Aunque más no sea porque es un gravamen que fomenta el uso de dinero en efectivo y, de seguido, la elusión fiscal y la economía en negro.

¿Lo promoverá la Presidenta este mismo año? Nuevamente, no será necesario esperar demasiado para conocer el final de esta película.