Lavado de dinero K, detalles de una denuncia caliente

DE NOMBRES Y RESPONSABILIDADES OFICIALES

Dentro de unas horas, se presentará una fuerte denuncia judicial contra algunos de los principales funcionarios del kirchnerismo por “asociación ilícita”, “falsedad ideológica” y “lavado de dinero”. La misma será efectuada por uno de los principales testigos del blanqueo de dinero que se realizó a través de la campaña del Frente para la Victoria del año 2007 —que llevó a Cristina Kirchner a la primera magistratura—, Gabriel Brito, titular de la firma Global Pharmacy Services SA.

Brito tiene en su poder evidencia concluyente que da fe de que gran parte de los fondos que financiaron la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007, han sido producto del mal llamado "lavado de dinero", gracias a la permisividad de pequeñas droguerías, muchas de las cuales han hecho grandes fortunas merced a la comercialización de medicamentos adulterados.

El caso de Brito no es el único: existe el testimonio de al menos seis empresarios farmacéuticos que admitieron haber puesto su firma, pero jamás su dinero para simular el aporte de fondos para la campaña K de ese año. “Nos daban el 7% del monto que supuestamente aportábamos”, aseguró oportunamente a este medio el gerente de una conocida droguería, hoy investigada en el marco del triple crimen de Gral. Rodríguez.

Si bien más de uno podría decir que se trata de un tema menor, de una trama irrelevante, no lo es, ya que, a cambio de poner sus nombres, estos empresarios pudieron hacer repudiables negociados en detrimento de la salud pública sin que nadie los molestara. Cientos de pacientes han muerto en estos años gracias al silencio y la permisividad oficial.

La trama y el revés

El patrón ha sido siempre el mismo y está relacionado a jugosos negociados que se han hecho en torno al sistema de salud argentino, gracias a la connivencia de poderosos funcionarios oficiales, sindicalistas tuertos e importantes droguerías y laboratorios medicinales. Oportunamente, el fallecido Sebastián Forza lo admitió sin medias tintas: "Acá hay un sistema por el cual se falsificaron recetas médicas, se inventaron pacientes y hasta se adulteraron remedios carísimos para llenar los bolsillos de unos pocos delincuentes". Forza sabía de lo que hablaba, ya que se definía a sí mismo como parte de esa misma mafia.

En sentido similar opinó una de las fuentes consultadas para el presente artículo: “para entender los negociados de medicamentos ocurridos en los últimos años, hay que tener en cuenta que se trata de un sistema que tiene a Néstor Lorenzo a la cabeza y una serie de empresas-pantalla que siempre están vinculadas entre sí, ya sea cambiando cheques en una financiera que operaba en un consulado extranjero, vendiendo medicamentos entre ellas, aportando a campañas electorales o simplemente compartiendo los mismos clientes”.

Lo grave del caso es que, para que esto pudiera ocurrir, hubo una “zona liberada” por parte de importantes funcionarios del gobierno. El más complicado es hoy el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli —figura central de la denuncia que se presentará mañana—, fuertemente vinculado a Néstor Vázquez, ex gerente de Prestaciones de ese mismo organismo y a Néstor Lorenzo, titular de la sospechada droguería San Javier.

A su vez, Capaccioli —el recaudador oficial de fondos para la campaña electoral del Frente para la Victoria— reportaba directamente al entonces jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández. Teniendo en cuenta que Fernández era la mano derecha de Néstor Kirchner, el escándalo promete rozar, en el mediano plazo, a lo más granado del poder político.

Lo que la Justicia debe investigar

Si se analizan los nombres de las droguerías que aportaron a la campaña del FPV en 2007 y se los cruza con los que aparecen en la trama de la denominada “mafia de los medicamentos”, podrá verse que se trata de los mismos nombres en un 90%. Esto no es casual: como se dijo, a cambio de poner dinero para apoyar a Cristina K, muchos de esos empresarios pudieron moverse libremente en sus negociados al borde de la ley.

Se trata de las siguientes firmas y personas:

-Seacamp: relacionada a Sebastián Forza. Supuestamente aportó —nunca puso un peso— 310.000 y 70.000 en el 2007. Un dato crucial: Forza está vinculado a todos los mencionados en esta lista.

-Droguería San Javier: está relacionada a Javier Torres, Néstor Lorenzo y el ex agente de la SIDE Julio César Pose.

-Multipharma: está relacionada a Torres y Lorenzo. Estas últimas dos firmas —San Javier y Multipharma— están vinculadas no sólo a los aportes de la campaña, sino también a la adulteración de medicamentos.

-Droguería Urbana: relacionada a Marcos Hendler. Aportó a la campaña y está relacionada a la cuestionada farmacia ubicada en Viamonte 1483.

-Bristol Park S.A.: aportó a la campaña. Es comandada por Martín Magallanes, ex socio de los fallecidos Forza y Ariel Vilán.

-All Medicine: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo.

-Fidei Salud: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo.

-Audifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Hendler.

-Unifarm: aportó a la campaña, está relacionada a Magallanes y Vilán.

-Framaline: aportó a la campaña, está relacionada a Néstor Lorenzo.

-Fharmaz Group: está relacionada a Damián Ferron, la Obra Social de Bancarios, Néstor Lorenzo, el ex policía José Luis Salerno y Martín Magallanes.

-Droguería Del Plata: aportó a la campaña, está relacionada a Unifarma y San Javier.

-Eglis: está relacionada a Unifarma, San Javier y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

-Droguería Plaza: está relacionada a Unifarma, San Javier y ANMAT.

-Hospital Francés: está relacionado a José Luis Salvatierra —ex interventor del Hospital Francés—, Capaccioli, Lorenzo, y Forza.

-Marcelo Abasto: financista de Forza y uno de los que lo amenazó de muerte.

-Centro Oncológico De Excelencia (COE): está relacionado con Lorenzo.

Asimismo, la Justicia debería investigar la figura de Ibar Esteban Pérez Corradi, un joven "empresario" mencionado por la embajada de Estados Unidos como nexo entre narcotraficantes y laboratorios medicinales.

Pérez Corradi ha sido “socio” de Forza y de uno de los implicados en la trama del triple crimen de Gral. Rodríguez, Martín Lanatta, vinculado a su vez al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Corradi y Lanatta son partes fundamentales del rompecabezas que puede ayudar a resolver, tanto la trama de la mafia de los medicamentos, como la del triple crimen.

Sólo es preciso seguir un complejo hilo conductor y no perderse en el intento. En los registros de la AFIP, Pérez Corradi figura como presidente de una sociedad anónima llamada C&C Building, dedicada a la “construcción de obras civiles y comerciales”. En este emprendimiento, con un capital social declarado de 50.000 pesos, está asociado con un tal Jorge Adrián Cabrera, quien se desempeña como director suplente. Además es propietario de Odin Concept S.R.L. junto a Pablo Héctor Quaranta.

Asimismo, en la Inspección General de Justicia hay registros de una sociedad llamada Elvesta Argentina SA, dedicada a la "venta de ropa salvo de cuero y tejidos de punto". Allí, según consta en el acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 8 de febrero de 2008, se designó a Jorge Adrián Cabrera como Presidente y a Martín Lanatta como Director Suplente. El domicilio social de Elvesta está ubicado en Pola 2477 de la Capital Federal. Esto demuestra que Cabrera es el nexo directo entre Lanatta y Corradi.

Estos personajes y las empresas referidas son las que deben ser investigadas para poder desentrañar la trama que denuncia el empresario Brito.

Concluyendo

La denuncia que se presentará en el día de mañana, pone el foco en dos de los empleados de confianza de Alberto Fernández: Sebastián Gramajo y Hernán Diez, quienes han “recaudado” en nombre del ex jefe de Gabinete para la campaña del FPV.

Es dable mencionar que ambos, en lugar de haber sido castigados por su accionar, han sido “premiados” por el kirchnerismo y fueron ubicados en importantes cargos públicos. Gramajo, por caso, ha sido nombrado gerente de la Anses.

Esta sea quizás la evidencia más concluyente de que el poder está detrás de la trama que denuncia Brito. “Alberto Fernández fue el máximo jefe político que respondía directamente a Néstor Kichnner. Por su parte, Héctor Capaccioli, es hombre de Alberto Fernández en la estratégica Superintendencia de Salud. Y Néstor Lorenzo es el cerebro junto a Néstor Vázquez de haber premeditado un acto de corrupción en beneficio de ellos mismos usando dinero del Estado”, aseguró a este cronista el empresario, en el marco de una entrevista realizada hace unos días.

Como diría mi abuela: “a buen entendedor, pocas palabras”.

Christian Sanz / Tribuna de Periodistas