P R I S I O N E S

Por Justo J Watson

¿Le parece que son demasiados los delitos violentos, los despojos y los hechos de corrupción que a policías y jueces “se les escapan”, y que quedan sin su justo castigo?

¿Le parece que el sistema de prisiones con escarmiento al delincuente, reeducación y posterior reinserción social no está funcionando como usted -ciudadano de opinión- cree que debería funcionar?

¿Le parece que los convictos quedan libres demasiado rápido y que las víctimas de sus delitos casi nunca reciben la reparación de daños que merecen?

¿Le parece que todo este modelo de apresamientos, condenas y cárceles obsoletas tan poco satisfactorio o la atención de los malvivientes presos viviendo de nuestros dineros como vagos enjaulados, “no cierra” y nos resulta caro?

Si su respuesta a estas preguntas es afirmativa, está usted del lado correcto de los barrotes y merece saber que existen explicaciones al desaguisado actual, tanto como alternativas libertarias inteligentes (aunque sólo para ciudadanos de mente abierta).

La noción de prisión como sitio de reeducación de criminales apareció recién a fines del siglo XVIII. Se intentó a partir de entonces y mediante técnicas de tipo militar, la reconversión de los reos en individuos dóciles a la autoridad y la ley del monarca.

A poco andar, sin embargo, se comprobó que el efecto logrado era el contrario: las cárceles se convirtieron en la “escuela de delito y vicios” que aún hoy conocemos. El egreso de individuos útiles fue siempre la excepción, no la norma.

Aunque la experiencia negativa aconsejaba un urgente cambio de enfoque, el sistema penitenciario siguió con su táctica de castigo y ocio militarizado. Permitiendo que el problema de la realimentación de violencias entre los convictos, siguiera vigente hasta nuestros días. ¿Por qué?

Porque las comunidades que se sienten amenazadas se avienen a resignar libertades, derechos y dignidades en aras de su seguridad.

Porque a más delincuentes, más delitos y más temor entre la gente de a pié, lo que a su vez hace deseable la mano firme de un “orden” centralizado: la supuesta necesidad de la existencia de un Estado omnipresente y “protector” se ve así reforzada.

Crecieron entonces fuerzas policiales e impositivas poderosas que además de proteger y servir a los gobernantes, asumieron autoridad para avasallarnos en intimidades financieras, laborales, de movimiento, de disenso y hasta de elecciones personales en formas de vida poco convencionales.

Por otra parte, los malvivientes sirven a toda una constelación de jerarcas estatales y sindicales que “redondean” sus ingresos con utilidades del juego, la trata de blancas, el narcotráfico, el contrabando, las extorsiones mafiosas, el lavado de dinero, la adulteración de medicamentos, las fuerzas de choque marginales y muchas otras acciones delictivas, que todos conocemos.

Nuestros gobernantes no solo se benefician con la promoción de mejores “operadores políticos” en sus cárceles sino que crean nuevos inadaptados en el seno de la sociedad civil. Hacen esto a través de políticas que bloquean un progreso económico rápido para individuos, familias y empresas.

Muy altos impuestos, leyes restrictivas e intervencionismo comercial constante no sólo frenan la reinversión privada y ahuyentan el aterrizaje de nuevos empleadores sino que brindan más poder discrecional (y corruptibilidad) al Estado y sus funcionarios. Que fabrican pobreza al disminuir la actividad productiva aumentando la desocupación, la irresponsabilidad social, el uso de drogas… y el delito, acicateado por la desesperanza. Despertemos: las altas tasas de criminalidad son una construcción política de primera necesidad, que se paga sola.

¿A qué cambiar el sistema, entonces?
¿Dónde estaría el negocio de una verdadera conversión de criminales y ladrones?

En el tema que nos ocupa, está claro el engaño estatal de pretender que quien delinque comete un crimen “contra la sociedad” y que es esta la que debe ser “compensada”... con castigo de prisión. Con todo el proceso (costo policial, costo judicial, costo penitenciario) a cargo del erario público, que es dinero de nuestros impuestos, dinero de nuestra inflación, dinero de nuestra deuda externa… ¡manejado por los mismos funcionarios corruptos!

El reo que resulta confinado no paga un centavo aunque sí lo hacen (a precio inflado) quienes nada tuvieron que ver con el ilícito. Despertemos otra vez: los damnificados por el inadaptado de turno son personas con nombre y apellido; no “la sociedad”, que no es nadie.
El daño causado puede ser cuantificado en dinero, que debe destinarse a resarcir a los perjudicados. Y los costos ocasionados por la captura, el juzgamiento, y la posterior manutención del delincuente, no deben ser pagados “por todos” sino por él mismo.

El principal escollo para llevar esto a la práctica es el Estado, que verá reducido su “negocio” ya que serán necesarias prisiones privadas autofinanciadas, donde el convicto deberá trabajar en una línea de producción determinada, generando ingresos con los que pagará los costos de su propia estadía y los costos que ocasionó para ser llevado hasta ese sitio, más la indemnización fijada por el juez para reintegrar -con intereses- los daños causados a sus víctimas: personas con nombre y apellido.

Modernas cárceles de alta tecnología e implacable seguridad computarizada, con beneficio para empresarios creativos que se atrevan al desafío de manejar e instruir, en áreas diversas y bajo protocolos evolucionados, mano de obra tan especial.

Estará el castigo de largos años de privación de su libertad y la ventaja de su recuperación (real) a través de la disciplina del trabajo.

Estará el fuerte disuasivo de tener que devolver con sudor, rutina y lágrimas todo lo “obtenido” violando derechos ajenos.

Y estará la justicia de no cargar sobre los contribuyentes costos que no son de su incumbencia, mientras se compensa a las víctimas -al menos en parte- por los perjuicios sufridos.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de Justo J. Watson por gentileza de su autor.