El zorro en el gallinero

Que la Argentina es uno de los países con más alta corrupción no lo afirman solamente los políticos de la oposición y las numerosas investigaciones periodísticas que, sin pausa...
revelan los constantes escándalos que protagoniza la administración kirchnerista.

Editorial La Nación

Los organismos de control tienen menos atribuciones o han quedado en manos de hombres fieles a la fracción gobernante

Paradójicamente, a medida que aumentan los casos de corrupción del kirchnerismo, disminuye la labor de los órganos de control.

Que la Argentina es uno de los países con más alta corrupción no lo afirman solamente los políticos de la oposición y las numerosas investigaciones periodísticas que, sin pausa, revelan los constantes escándalos que protagoniza la administración kirchnerista.
Lo confirma todos los años el índice de Transparencia Internacional, que, en su última edición, ubica a nuestro país en el puesto 105° sobre un total de 180 naciones relevadas.

Sin embargo, si nos atuviéramos solamente al andar cansino de parte de nuestra Justicia, que muy pocas veces actúa de oficio, sino empujada por denuncias generalmente originadas en las investigaciones periodísticas, o al número de expedientes iniciados por la Oficina Anticorrupción (OA), parecería que la Argentina fuera un oasis de ética y transparencia.

En lo que hace a la OA, organismo de control interno de la administración pública hoy a cargo de Julio Vitobello, llama la atención la abrupta y constante disminución, iniciada en 2004, de la cantidad de expedientes que ese organismo abrió por posibles hechos de corrupción.

Creado en 1999, este organismo encargado de controlar a los funcionarios abrió 1144 expedientes en 2000, y en 2004 alcanzó la cifra récord de 1369. Claro que en los inicios del gobierno de Néstor Kirchner las investigaciones de la OA se referían a los gobiernos anteriores.

Al avanzar la gestión del kirchnerismo, comenzó a disminuir sensiblemente la cantidad de investigaciones y esta merma se notó ya en 2005. Desde entonces, continúa. En 2008 sólo se abrieron 296 expedientes y en 2009 fueron 323.

Los expertos señalan que la principal debilidad de la OA radica en su dependencia del Poder Ejecutivo, al que, paradójicamente, debe investigar.

Cabe recordar que en 2007 el entonces ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anuló los concursos que habían ganado cinco de los principales investigadores de la OA; quebró así la garantía de estabilidad de quienes concursaron. En 2008, el mismo Fernández dispuso que los requerimientos de informes que debe cursar la OA debían ser notificados previamente al ministro del Interior, con lo cual le dio la estocada final a la poca independencia con que se manejaba este órgano.

Lo que ocurre en la OA no es una excepción. Otros organismos oficiales encargados de controlar a los funcionarios públicos y a las empresas y dependencias estatales han visto recortadas sus atribuciones y sus presupuestos durante el kirchnerismo, o han sido puestos en manos de funcionarios fieles a la fracción gobernante antes que al interés general. En otras palabras, equivale a poner a un zorro a cuidar el gallinero y parece una premeditada falta de control tendiente a asegurar la impunidad del matrimonio presidencial y sus colaboradores.

Así es como se ha minimizado el poder de auditoría y de denunciar de organismos clave, como la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, máximo organismo de control de las cuentas del Estado, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Recordemos que, en su escalada contra los medios, la presidenta Cristina Kirchner le pidió la renuncia al anterior jefe de la Sigen, Carlos Alberto Pacios, por haber resistido presiones para incrementar indebidas auditorías internas sobre Papel Prensa, empresa cuyo control pretende la Casa Rosada.

Los principales problemas que afectan a esos organismos son la poca autonomía para investigar, la excesiva politización, el escaso presupuesto y las reformas normativas que restringieron sus tareas; combinación que logra el objetivo de paralizar los controles .

Evidentemente, no se trata de una casualidad, y tampoco lo es que esta disminución del control sea inversamente proporcional a la cantidad creciente de escándalos de corrupción que jaquean a la gestión kirchnerista.