Un gobierno que involuciona

Los ataques del Ejecutivo al Poder Judicial y a la Corte confirman que el modelo de gobierno del oficialismo es el feudal

La monarquía absoluta se basaba en el ejercicio ilimitado del poder por parte de una sola persona, el monarca, titular de la soberanía estatal.
Sus actos derivaban de la voluntad de Dios y la división de poderes era desconocida y menos aún toda posibilidad de control de los actos de los gobernantes.
Los destinatarios de las decisiones eran meros súbditos desprovistos de todo derecho. Detrás de esta construcción yacía una autocracia cuya permanencia dependía del ejercicio de la fuerza, que era asimismo la que legitimaba el acceso del gobernante al poder y su duración en el tiempo.

Esta forma despótica fue cediendo de a poco luego de la construcción en Europa, de los estados nacionales. El poder sería por esencia limitado en aras de asegurar la libertad a los gobernados, titulares de derechos fundamentales. La autoridad se organiza de acuerdo con el principio de separación de poderes dentro de un gobierno compartido por tres órganos -el legislativo, el ejecutivo y el judicial-, situados en un pie de igualdad para asegurar su control recíproco.

En ese marco, la Justicia como poder del Estado adquiere un rol fundamental en la fiscalización del modo como ejercen la autoridad los otros dos poderes, en particular el ejecutivo, en el manejo de la administración general del país.
A ello se agrega que el acceso al poder procede del pronunciamiento del pueblo elector, titular de la soberanía, a través del sufragio y en ejercicio de sus derechos políticos.

La constitución, ley suprema, debe expresar en sus normas estos enunciados, y las leyes y demás actos de gobierno que en su consecuencia se dicten no podrán contradecirla: caso contrario, son los jueces los encargados de declarar su nulidad, dada su función de controlar la constitucionalidad de las decisiones de los poderes políticos.
De ahí la importancia de lograr la independencia del Poder Judicial. En la Argentina, estas premisas se encuentran en plena crisis.
El régimen de los Kirchner, más allá del discurso, ha debilitado y reducido a su más mínima expresión este edificio institucional que trabajosamente se fue elaborando a lo largo de más de dos siglos.
Se lo advierte en el discurso que se caracteriza por una versión criolla del principio schmittiano amigo-enemigo, tendiente a polarizar a la sociedad en dos grupos, y en la búsqueda permanente de "chivos emisarios" a los que se les traslada el monopolio de la culpa de todos los males que afectan a la sociedad.

Todo disenso es tildado rápidamente de "destituyente" y considerado como un atentado contra la autoridad o un golpe de Estado o su tentativa. La inmensidad de semejante concepción lleva como lógica consecuencia a la destrucción de la libertad de expresión y de prensa.
Quienes son críticos merecen los más bajos calificativos en lugar de una contraargumentación racional y civilizada.

Esta cultura antidemocrática ha ido penetrando de manera persistente en todos los estratos de la sociedad y se ve acompañada del cambio en el ejercicio del poder.
Así, a la Justicia se la ve como una suerte de corporación, cuyos actos de control constituyen también intentos desestabilizadores tomados a instancia de corporaciones con designios únicamente fundados en su interés.

En los últimos tiempos, los argentinos que pretendemos vivir en un país previsible y fundado en las reglas del Estado de Derecho, asistimos a una escalada que parece no querer detenerse y que está dirigida a la desligitimación o a la destitución de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar los avatares del caso Sosa luego del dictado de la séptima sentencia que ordenó el inicio de actuaciones penales contra el gobernador de Santa Cruz por desobediencia de un fallo de octubre pasado que le ordenaba la reposición en su cargo del ex procurador general de esa provincia, destituido en 1995 cuando Néstor Kirchner era su gobernador; y la exhortación al Legislativo para que actúe para posibilitar la continuidad democrática en todo el territorio argentino, afectada por esta rebelión inusitada de un gobernador de provincia.
Las reacciones no se han dejado esperar.
De inmediato el jefe de Gabinete, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el gobernador Daniel Peralta, la Presidenta y su marido, denunciaron la existencia de un golpe de Estado en ciernes contra una provincia, un atentado a la autonomía provincial.
Inclusive el secretario Legal y Técnico manifestó:
- "No pusimos a esta Corte para esto"

Estos sucesos se vieron coronados por el acto organizado por el oficialismo para presionar a la Corte.
Con la presencia de altos funcionarios, se acusó a los jueces del alto tribunal de coimeros y se instó a tomar el edificio, entre otros improperios que fueron aplaudidos por los presentes. Semejantes exabruptos constituyen una indudable violación del artículo 36 de la Constitución, denominado cláusula de defensa de la democracia, y de los artículos del Código Penal que lo instrumentan.

Afortunadamente, ese ataque y otras presiones no torcieron la voluntad de la Corte, que luego falló en contra de las aspiraciones del oficialismo al avalar la suspensión de un artículo de la ley de medios audiovisuales.
Pero de todos modos, más allá de críticas aisladas, aquel grave episodio continúa en la impunidad y avalado por el matrimonio presidencial, que con su acción pareciera acercar cada vez más a la Argentina al sistema monárquico con la pretensión de erigirse en una dinastía que de manera rotativa aspira a monopolizar el ejercicio del poder.

Esa pretensión se encuentra en el polo opuesto de los dictados de nuestra ley fundamental, que los argentinos debemos defender frente a un ejercicio autoritario del poder que de manera "golpista" nos está llevando nuevamente a vivir en un sistema feudal.