Los políticos y la propiedad privada

Por Elena Valero Narváez (*)


“La equidad será destruida si no estamos seguros de poseer lo nuestro porque, como ya he dicho, el fundamento de toda asociación civil es la libre posesión de la propiedad…El que está en el gobierno debe procurar, ante todo, que cada uno conserve sus propios bienes y que el estado no disminuya los bienes privados”  - Marco Julio Cicerón 106-43 AC

 Ante el avance, contra viento y marea, del actual gobierno sobre la propiedad privada, es una buena noticia que algunos de los candidatos  comiencen a tener un discurso que promueva su defensa. Reconforta que Lilita Carrió exprese que no es estatista y que serlo constituye un anacronismo.

Tal vez, la realidad comience a imponerse y el 2011  nos proporcione candidatos que comprendan que la libertad depende, en gran medida, de la consolidación jurídica de la propiedad privada.

Ella es la que limita al poder político y garantiza los derechos civiles. Es sano que se diseminen espontáneamente empresas y toda clase de asociaciones no ligadas al poder político porque, son las que pueden exigir el respeto de las leyes y evitar las arbitrariedades de los que gobiernan.

La Historia nos muestra que la defensa de la dignidad humana, el pluralismo religioso, la participación política, los derechos inalienables del hombre, y la democracia representativa son todos valores que Occidente legó al mundo entero. Desde 1853, los exige nuestra Constitución. Cuando se han respetado los gobernantes son revocables, condición necesaria para que la libertad se pasee oronda en las democracias y la acción social, en su conjunto, sea más responsable.

Contrariamente a lo que muchos creen en nuestro país, la Constitución nos indica el rumbo que debe llevar la economía.   Exige basarla en la libertad, tanto de nativos como extranjeros, de tener,  trabajar, producir, adquirir y enajenar. Es atentar contra nuestra Carta Magna, contra la riqueza nacional, todo lo que la obstaculiza.

Ninguna ley puede contrariar los principios que consagran la libertad de comercio, de navegación, de trabajo, de tránsito y de usar y disponer libremente de la propiedad. Es obligación de los tres poderes de la República defenderlos.

Los gobiernos Kirchneristas, como otros en el pasado, han rapiñado y malgastado la riqueza obtenida en la sociedad civil.

Para que no vuelva a ocurrir, la oposición debe unirse en un pacto de hierro: respetar la Constitución y todos los que sean elegidos para gobernar honrar sus principios y leyes. Allí se encuentran las bases para los programas de gobierno.

 Cristina Kirchner sigue adherida al mito de que es el gobierno el que debe repartir la riqueza, transfiriendo los recursos de acuerdo a lo que ella y sus colaboradores creen correcto. Es por eso que, efectos tan graves como la inflación, estén devorando el esfuerzo de los asalariados, el campo tenga problemas para la comercialización y la inversión y, entre otras cosas, la política energética sea un desastre.

La receta debe ser otra: una sociedad libre donde la gente sea la que decida con su compra y dirija,  premie, o castigue, la producción de bienes y servicios.  Por supuesto, respetando el derecho a  que la ganancia sea de quien la produce dando al Estado, para razonables gastos, lo que se acuerde en el Congreso.

La desigualdad social no es la causa de la pobreza, como lo expresan casi a diario, la mayoría de los políticos argentinos. Depende del funcionamiento de la sociedad en su conjunto. No esta ligada a la pobreza, cuyos grados se diferencian de país en país, como lo demuestran  Cuba y muchos de los países africanos, los cuales son más igualitarios que EEUU pero,  infinitamente más pobres: la vida de la gente es miserable comparado con los países desarrollados.

Debemos entender, de una vez por todas, que repartir la riqueza  no consiste en distribuir sino en crearla. Una sociedad no se enriquece cuando se traba el comercio, la producción, la productividad y las exportaciones.

 Habrá más oportunidades para quien habite el suelo argentino si los gobernantes se pre-ocupan en que haya más libertad de elegir y menos leyes que dificulten las inversiones, los intercambios, los precios y, por consiguiente, la depreciación de la moneda.

El Estado no debe quedarse con lo que no es suyo. Los bienes privados deben ser respetados, dentro de un marco legal y una justicia independiente que proteja a todos por igual y permita la autonomía y libertad de las personas. Cicerón, hace siglos, lo sabía y predicaba.

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza de su autora, Elena Valero Narváez. (Autora de “El Crepúsculo Argentino” Lumiere. 2006)