Polémica por las regalías mineras

Rumbo a octubre / El intento reeleccionista de Gioja, en medio del debate

La oposición acusa al gobernador de haber debilitado los controles sobre lo que declaran las compañías

Marcelo Veneranda
Enviado especial / LA NACION

SAN JUAN.- Los números que el alto dirigente provincial garabatea sobre el papel sorprenden: 1,162 millones de onzas de oro producidas en 2010, por sólo una de las mineras sanjuaninas.
Cuando termina de restar los costos de producción declarados por la empresa -que dijo conocer de primera mano-, y las regalías del 3% que cobró el Estado provincial, el monto final de ganancia no entra en el papel: a US$ 1400 la onza, la multinacional se llevó del país más de $ 5000 millones.

El intento reeleccionista del gobernador José Luis Gioja y el enfrentamiento que desató con su hermano, el senador nacional César Gioja, volvió a poner sobre el tapete el debate sobre las regalías que aportan las multinacionales mineras que operan en San Juan y las reformas legales de la administración de Gioja que limitaron las facultades de control del propio Estado.

En la entrevista que publicó ayer La Nacion, el senador Gioja (que ahora critica las leyes mineras que supo defender) propuso que las regalías fueran móviles, según el precio internacional.
Para eso, y como reclama la oposición local, es necesario cambiar la ley nacional creada durante el gobierno de Carlos Menem, que fija un tope del 3% en las regalías que pueden cobrar las provincias, además de amplias exenciones aduaneras y fiscales.

En virtud de ese tope, y como indicó a La Nacion el propio gobernador, la provincia recibió 250 millones de pesos en concepto de regalías en 2010.

Opositores como el diputado nacional Mauricio Ibarra y los dirigentes locales Miguel Arancibia y Ricardo Basualdo desconfían de los números aportados por Gioja.
"La Barrick pagó sólo 220 millones de pesos en regalías en los últimos cuatro años, que apenas cubren los 50 millones anuales de gastos presupuestados para la oficina del gobernador", sostuvo Ibarra.

Pocos son los opositores que en la provincia hablan de prohibir la minería a cielo abierto, cuestionada por utilizar grandes cantidades de cianuro y poner en riesgo la calidad del agua, un recurso preciado para la árida geografía local.
Proyecto Sur, encabezado por Alfredo Avelín y Carlos Balú, lidera esta posición.
Pero hasta estos dirigentes coinciden con el resto de la oposición en denunciar un manejo a puertas cerradas de las operaciones económicas de las mineras, favorecido por recientes modificaciones en la legislación local.

Pérdida de control
En el centro de ese debate se encuentra la situación del Tribunal de Cuentas local, organismo que ha objetado todas las declaraciones juradas realizadas por la Barrick Gold desde 2006 a la fecha y al que la Justicia y la Legislatura provincial le fueron quitando funciones: ya no puede iniciar procesos contra funcionarios ni puede controlar el dinero de regalías que entra a las arcas públicas.

Ricardo Basualdo, ex director del instituto de minería local, fue quien denunció, en 2006, que las declaraciones juradas eran fraguadas.
"En vez de declarar el mineral extraído en la boca de mina, como dice la ley, Barrick pagaba regalías sobre lo vendido, que es el 50% del oro extraído", explicó.
"El otro 50% se pierde en el proceso, pero tampoco está en el cerro, que es de la provincia", completó.
El tribunal avaló su denuncia.


Basualdo también enfatizó que, además de quitarle funciones al tribunal (que había iniciado investigaciones y fijado multas contra varios funcionarios), el giojismo modificó la ley minera para limitar el control del Estado: "Ya no controlamos el volumen físico del mineral extraído, como decía antes la ley, así que debemos confiar ciegos en lo que declaran las empresas".


Opositores y oficialistas críticos consultados por este diario compartieron una misma resignación: existe un "fabuloso" negocio en el que las mineras se limitan a cumplir la ley.

En el informe anual de su página web, Barrick Gold parece darles la razón: "Se espera que en 2011 la producción en la región de Sudamérica alcance entre 1,80 y 1,935 millones de onzas de oro, debido a menores leyes en Veladero"


1.120.000 
Onzas de oro
Declaración jurada. La cifra corresponde a lo que declaró haber producido Barrick Gold en Veladero, en 2010.
Una fortuna. Cada onza cotiza a unos 1400 dólares, lo que arroja un total de US$ 1.568.000.000.

Bajas regalías. La provincia recibe sólo el 3%, lo que suma un total de US$ 250 millones.
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San Juan, 24 de febrero de 2011.-

Greenpeace reiteró ayer la acusación contra la multinacional minera Barrick Gold de esquivar el cumplimiento de la ley de Glaciares, mediante recursos judiciales que impiden su plena aplicación.

De este modo, Greenpeace salió al cruce de las declaraciones formuladas por directivos de la Barrick, luego del reclamo por la plena aplicación de la ley de Glaciares, realizado por activistas, vecinos y asambleas ciudadanas de San Juan, que terminó ayer en un desalojo forzado de los dos campamentos de protesta montados en el camino privado de acceso al complejo minero de Veladero y Pasqua Lama y de la detención de la directora Política de de la organización ambientalista, Eugenia Testa.

“La multinacional sostiene que sus actividades no afectan a los glaciares, lo que resulta absolutamente contradictorio con la promoción de un recurso de amparo, que se utiliza cuando una persona o entidad se ve afectada por una norma”, dijo Juan Carlos Villalonga, director de Campañas Greenpeace Argentina.

El reclamo de Greenpeace fue apoyado por organizaciones sociales sanjuaninas, vecinos y asambleas ciudadanas que convocaron para mañana a las 10 a una movilización desde la Legislatura provincial en repudio a “la criminalización de la protesta por defender la vida, al accionar de la transnacional Barrick Gold y el Gobierno provincial de los Gioja y a la complicidad del Gobierno Nacional”.



En tanto, más de 40 mil personas habían participado haste este jueves, a través de la web de Greenpeace (www.greenpeace.org.ar), en la petición on line dirigida a la multinacional minera para que deje de bloquear la ley de glaciares.

Por otra parte, Greenpeace salió al cruce de las declaraciones de los directivos de la Barrick sobre el supuesto impedimento durante la protesta del acceso de suministros para el hospital montado en los complejos mineros: “Barrick miente, nunca pusimos en riesgo la seguridad de los trabajadores porque sus instalaciones se encuentran equipadas para funcionar durante largos períodos, sin la reposición diaria de provisiones”, dijo Villalonga.

El reclamo de Greenpeace se realizó de forma pacifica, como es habitual en las prácticas de la organización que tiene a la no violencia como uno de sus principios fundacionales y que se financia sólo con el aporte de individuos, sin aceptar donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas.